- Una investigación de Mongabay Latam revela qué porcentaje de los fondos destinados anualmente a las arcas del Estado terminó en la cartera ambiental.
- En el último año, 2026, el presupuesto del sector Ambiente apenas llegó al 0.35 % del presupuesto nacional, y si se compara con 2025, hubo una reducción del 12 %.
- Los organismos adscritos dedicados a ciencia e investigación son los que reciben los presupuestos más bajos.
- Expertos consultados por Mongabay Latam explican cómo se definen estos presupuestos y señalan qué intereses políticos se ocultan detrás de estas decisiones.
Los ojos de las organizaciones ambientales, federaciones indígenas, científicos y expertos han estado puestos, en los últimos cinco años, en la flexibilización ambiental promovida desde el Congreso de la República de Perú. Mientras ese retroceso se daba a través de leyes que favorecieron a la minería ilegal y que pusieron en riesgo los bosques, y a su vez debilitaron la lucha contra el crimen organizado, otro problema corría en paralelo: la caída del presupuesto asignado al sector ambiente.
El porcentaje que se destina a la gestión del Ministerio del Ambiente (Minam) —y los organismos que dependen de esta cartera—, en relación al presupuesto total del país, ha estado por debajo del 1 % por lo menos en los últimos tres lustros. ¿Qué pasaba, mientras tanto, con el ambiente?
La minería ilegal, que antes estaba concentrada en Madre de Dios, se expandió a otras ocho regiones amazónicas más de Perú. Además, los cultivos ilícitos de coca se extendieron a 15 áreas protegidas, dentro o en sus zonas de amortiguamiento, e invadieron más de 240 comunidades indígenas. En el camino, al menos 40 defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados desde 2020, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Global Witness. Y este círculo se cierra con las 114 000 hectáreas de bosque perdidas solo en 2025, un área equivalente a tres veces y medio el Santuario Histórico de Machu Picchu.
Frente a este panorama, los expertos y expertas consultados coinciden en que la cartera de ambiente es una de las grandes olvidadas por los gobiernos.
“El presupuesto es insuficiente y muy limitado para la cantidad de obligaciones y los desafíos que tiene el sector ambiental”, dice Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Mongabay Latam analizó, en los últimos meses, el peso que seis países de América Latina le han dado a la asignación de fondos nacionales para proteger el ambiente. Un equipo de periodistas se sumergió en hojas de presupuestos, documentos y adendas para ponerle un número a este olvido. En el caso de Perú, por ejemplo, el monto destinado al sector ambiente (Ministerio de Ambiente y organismos adjuntos) en 2026 asciende a 1 043 804 187 soles (302 736 511 dólares), apenas el 0.35 % del presupuesto nacional.
“Qué se haya destinado menos del 1 % del presupuesto nacional a Ambiente, en los últimos 15 años, es un reflejo de la construcción de una institución ambiental que permanentemente ha sido atacada, cuestionada y que ha ido perdiendo liderazgo”, dice Ruth Luque, quien ha sido congresista del período parlamentario que culminó en julio de 2026 y actualmente es senadora del Parlamento peruano.
En ello coincide también Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, para quien “el presupuesto es insuficiente en comparación con lo que se asigna a otros sectores dentro del presupuesto nacional, más aún, teniendo en cuenta la importante contribución que tienen los bienes y ecosistemas para el bienestar de la población”.
¿Cómo se deciden los presupuestos para este sector? Mongabay Latam conversó con expertos y testigos directos de cómo se definen los fondos públicos para entender por qué el sector ambiental quedó relegado durante los últimos 16 años.
Ambiente: el olvidado en el presupuesto nacional
“Cuando fui presidenta de la Comisión de Pueblos [Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología] intenté incluir tres disposiciones en el presupuesto. En su momento, incluso, hicimos sesiones conjuntas con la Comisión de Presupuesto, que en ese momento era liderada por el congresista José Jerí”, recuerda la actual senadora por el partido Ahora Nación, Ruth Luque.
La parlamentaria narra con mucha claridad ese episodio que pensó que podía significar un cambio en beneficio del sector ambiental. Era la primera vez, dice Luque, que en una sesión conjunta con la comisión de Presupuesto habían logrado que se destinen fondos para prevenir incendios forestales, atender derrames de petróleo y promover la protección de líderes indígenas amenazados por las economías ilegales.
Recibe los contenidos de Mongabay Latam en tu WhatsApp
Sin embargo, cuando empezó el debate del presupuesto nacional en el parlamento, cuenta la parlamentaria, el presidente del Congreso de ese momento, José Jerí –quien también fue presidente de Perú durante cuatro meses–, no incorporó lo que se había acordado en la sesión conjunta. “Lo que he visto es que hay muchos intereses. Estos temas más amplios, pese a que yo lo mencioné, no tuvieron el nivel de respaldo que esperaba”, precisa Luque, quien considera que el tema necesita ser analizado en retrospectiva para evaluar cómo “ha evolucionado ese presupuesto” desde la creación del Ministerio del Ambiente en 2008, momento en el que nace “la institucionalidad ambiental” en el país.
Durante los últimos 15 años, el presupuesto ambiental ha estado entre los más bajos comparado con otros sectores. En 2011, durante el gobierno de Alan García, se destinaron 245.1 millones de soles (alrededor de 73 millones de dólares) que incluían los gastos del Ministerio del Ambiente y sus cinco organismos adscritos.
Desde entonces, los aumentos han sido progresivos hasta 2025, cuando el presupuesto llegó a 1 186 703 672 soles (unos 346 millones de dólares). Para 2026, sin embargo, se produjo una reducción presupuestaria con una caída del 12.04 %, que dejó la cifra en 1 043 804 187 soles (unos 302.7 millones de dólares).
El presupuesto debe sostener el trabajo del Ministerio del Ambiente y de siete organismos más: el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Organismos de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Un detalle importante: los organismos adscritos fueron aumentando con los años. Pasaron de cinco en 2011 –Sernanp, OEFA, IIAP, IGP y Senamhi–, a seis en 2014 –se sumó el Senace– y, un año después, en 2015, el Inaigem, con el que la lista creció a siete.
Si se observan las asignaciones a estos organismos adscritos al sector ambiental, los que están dedicados a la investigación quedan como los más rezagados del sector. En un país megadiverso, cuyo territorio tiene más del 60 % cubierto por selva tropical, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), responsable de investigar, evaluar y controlar los recursos naturales, apenas recibió 34 208 101 soles en 2026 (unos 10 millones de dólares).
Una situación similar ocurre con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), encargado de investigar y monitorear fenómenos de magnitud destructiva, tan necesario en un país altamente sísmico, que recibió este año 46 657 959 soles (13 517 235 dólares).
Y quizá la situación más crítica la enfrenta el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), que debe generar tecnología e información científica para estos ecosistemas en un territorio que, según el mismo Inaigem, cuenta con el 70 % de los glaciares tropicales del mundo y 19 cordilleras nevadas. Su presupuesto apenas bordea los 16.7 millones de soles (unos 4 899 652 dólares).
Mongabay Latam contactó a todas estas instituciones para preguntarles sobre sus brechas presupuestales, pero aún no recibió respuesta.
Cabe resaltar que en todos los años analizados para esta publicación, el salto mayor ocurrió entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando se duplicó el presupuesto. En ese momento subió de unos 254 millones de soles (aproximadamente 74 millones de dólares) a 522.1 millones de soles (alrededor de 152 millones de dólares). Pese a este aumento significativo de más del 105 %, el presupuesto del Ministerio del Ambiente seguía figurando entre los más bajos
En estos 16 años, si se toma en cuenta el presupuesto solo del ministerio del Ambiente sin considerar los organismos adscritos, el porcentaje fluctuó entre el 0.07 % y 022 %del presupuesto nacional.
Alicia Abanto, quien en ese momento formaba parte de la Defensoría del Pueblo, recuerda bien esa época y el porqué del aumento de los fondos destinados al sector ambiente. “Se inició una etapa donde había una gran demanda social por reivindicar la protección de la Amazonía. Había ocurrido el ‘Baguazo’ en 2009, que puso sobre la mesa la grave desprotección de los pueblos indígenas, pero también la desprotección de la propia Amazonía”.
El denominado ‘Baguazo’ –protesta indígena que movilizó a los pueblos awajún y wampis y que terminó con 33 personas fallecidas y un desaparecido– ocurrió durante el gobierno de Alan García. Si bien durante este período nació el Ministerio del Ambiente, en 2008, su creación respondió principalmente a los compromisos asumidos por el Gobierno para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
La existencia de este nuevo ministerio no significó mayor protección ambiental sino, por el contrario, el mismo García buscó abrir la Amazonía a la explotación privada de recursos naturales mediante dos decretos supremos que fueron el germen de la protesta que culminó con el enfrentamiento del 5 de junio de 2009 en la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas.
En cuanto al gobierno de Humala (2011-2016), aunque en este periodo se aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, se estableció el Senace para evaluar los estudios de impacto ambiental y se otorgó mayor capacidad sancionadora al OEFA, su gestión no estuvo libre de cuestionamientos por algunas medidas tomadas para acelerar las inversiones, principalmente en los sectores minero y de hidrocarburos.
Un sector debilitado
Todo indica que la tendencia a la caída del presupuesto ambiental se mantendrá en 2027. Durante la presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República del Congreso, el pasado 14 de septiembre, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, solicitó 985 940 000 soles (287 396 580 dólares) para el próximo año, según se informa en una nota de prensa del Ministerio del Ambiente. El monto es menor al de 2026.
En la misma publicación se indica que Huaroc sustentó una demanda adicional –pedido para gastos que no se consideraron en la formulación presupuestaria inicial– de 541 000 000 de soles (unos 157 millones de dólares), de los cuales se incorporaron 39 900 000 de soles (11 563 790 dólares).
Sin embargo, especifica que “frente a las necesidades pendientes, el Minam ha priorizado un requerimiento mínimo de 66 100 000 de soles (19 174 598 de dólares) para cinco intervenciones urgentes. Se trata de una propuesta que aún deberá ser debatida y aprobada antes de que culmine noviembre.
El presupuesto del sector ambiental de 2026 está por debajo de 14 ministerios. Los fondos públicos destinados para el sector Interior, por ejemplo, son 13 veces más de lo que recibe el sector Ambiente. Defensa es 11 veces mayor; mientras que Transportes y Comunicaciones lo supera 10 veces. Economía y Finanzas, el sector con más presupuesto en el país, recibe 42 veces más que Ambiente.
Según esta distribución del presupuesto, los fondos del Estado peruano están más orientados hacia la estabilidad económica, la seguridad y el equipamiento militar, así como el desarrollo de infraestructura física. La protección del ambiente está rezagada.
“Lamentablemente el bosque, por ejemplo, no está visto desde una perspectiva de servicio ecosistémico o de conservación, sino que está visto como recurso maderable”, señala la economista ambiental Kely Alfaro, docente de la Facultad de Economía, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Si se compara con otros países de la región, el presupuesto del ministerio de Ambiente en Perú está por debajo, en términos porcentuales, de sus equivalentes en otras Naciones analizadas para esta serie de reportajes. En 2026, el ministerio de Ambiente de México recibió el 0.39 % del presupuesto nacional, el de Colombia el 0.18 % y el de Bolivia el 0.89 %.
Perú, con un 0.11 %, solo superó al de Argentina, que cayó abruptamente desde que asumió el gobierno Javier Milei en 2023; y al de Ecuador, que fusionó al sector ambiente con el de energía.
Una revisión más amplia de los 16 años analizados por Mongabay Latam señala que, en promedio, el ministerio de Ambiente de Perú ha recibido menos presupuesto que sus equivalentes en los seis países analizados, ubicándose en el último lugar de la lista.
Mientras que en México recibió el 0.90 %, en Colombia el 0.16 %, en Argentina el 0.14 % (en los últimos 11 años), en Ecuador el 0.22 % y en Bolivia el 0.56 %, en Perú la cartera ambiental recibió solo el 0.13 % promedio durante los últimos 16 años.
César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, comenta que los últimos años, desde que empezaron lo que él llama “gobiernos temporales” –en referencia a los cambios de presidente por renuncia o vacancia– se dio un mayor debilitamiento del sector ambiental. “Creo que los más débiles han sido los últimos cinco años, desde [Pedro] Castillo, pero el gobierno de [Dina] Boluarte ha sido peor porque trataba de flexibilizar todo”.
La senadora Luque coincide con Ipenza. “Hay un tema político que influye en el presupuesto y es el debilitamiento de la institucionalidad ambiental. En estos últimos cinco años es como si el Minam no existiera”. Para Luque, en el último quinquenio no ha habido una voz política presente en el sector Ambiente que reclame por un mayor presupuesto.
Luque también cuestiona que el gasto ambiental no incluya “temas grandes como, por ejemplo, remediación ambiental, en un país donde tenemos miles de pasivos ambientales y las atenciones son solo cuestión de emergencia. Otra línea de gran exclusión es el de defensores ambientales, con un presupuesto absolutamente ínfimo para el mecanismo de protección a los defensores”.
Desde 2016, cuando empezó la crisis política en Perú que llevó al país a tener nueve presidentes en 10 años, el sector ambiental también ha sido parte de esa inestabilidad. En esta década se nombraron 16 ministros del Ambiente. Un momento crítico ocurrió a inicios de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando ocurrió el derrame de petróleo de Repsol en la costa peruana, en enero de ese año.
En plena emergencia se cambió al ministro del Ambiente no solo una vez, sino dos veces, pues Wilber Supo Quisocala estuvo apenas ocho días en el cargo. En solo un mes hubo hasta tres ministros del Ambiente.
¿Cómo van las áreas protegidas?
Para entender en qué se traduce la falta de presupuesto para el sector ambiental, basta mirar los desafíos que enfrenta la protección de las áreas naturales del país.
En Perú, alrededor de 800 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) son responsables de vigilar y conservar 78 áreas naturales protegidas estatales, que en términos territoriales corresponden a más de 30 millones de hectáreas entre ecosistemas terrestres y marinos. Se puede decir que, en promedio, cada uno tiene a su cargo 37 500 hectáreas.
Estas áreas incluyen glaciares, como en el caso del Parque Nacional Huascarán; ecosistemas costeros, como Los Manglares de Tumbes; selva amazónica, como el Parque Nacional Tambopata, el Parque Nacional del Manu o el Parque Nacional Yaguas; o ecosistemas marinos, como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau.
Según informa Sernanp, las áreas naturales protegidas de carácter nacional no son ajenas a las amenazas, por el contrario, “desde los glaciares del Huascarán hasta los manglares del norte enfrentan incendios forestales, minería ilegal, tala, tráfico de fauna”, describe en su portal de internet.
Solo basta ver lo que sucede en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, Amazonía, donde la minería ilegal ha destruido más de 1000 hectáreas de bosques, según señaló Margoth Quispe, directora de Global Conservation para Sudamérica, institución que apoya al Estado para hacer más eficiente la gestión de protección de las áreas naturales protegidas.
“Inicialmente se tuvo un reporte de 600 hectáreas, pero en nueve meses, entre octubre de 2025 y junio de 2026 se incrementó a 1000 hectáreas”, comentó Quispe en una entrevista con Mongabay Latam, luego de asistir a un operativo contra la minería ilegal dentro de esta reserva en septiembre de 2026.
El presupuesto del que dispone Sernanp para atender todas las áreas protegidas y hacerle frente a las amenazas ha sido de 155 106 649 soles para 2026 (44.9 millones de dólares), una cifra que “no permite que haya una presencia sólida del Estado en la protección de los territorios, como para tener estaciones de control, monitoreo en terreno, más personal con experiencia”, asegura Alicia Abanto, ex representante de la Defensoría del Pueblo.
De los siete organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, Sernanp es el segundo que recibe mayor presupuesto, detrás del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Si bien el presupuesto de Sernanp ha ido en aumento, pasando de 50 690 180 soles (cerca de 18 millones de dólares) asignados en 2011 a más de 155 000 000 soles (alrededor de 44 millones dólares), el sector tiene aún muchas carencias.
En una reciente visita al puesto de control Yarinal, en la Reserva Nacional Tambopata, no todas las lanchas de las que disponía el personal guardaparque para los recorridos de control estaban operativas. Y eso es solo un ejemplo de las dificultades que pasan los guardaparques para cumplir su función.
Desde que se creó el Sernanp en 2009 hasta que se aprobó la Ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú, en marzo de 2024, pasaron 15 años sin que los vigilantes de las áreas protegidas tengan estabilidad laboral ni seguro por los riesgos que corrían. En septiembre de 2025, finalmente, se oficializó una nueva escala remunerativa para los guardaparques que elevó su sueldo mensual a 2865 soles (854 dólares), mientras que el de los guardaparques expertos aumentó a 3265 soles (973 dólares), además de otros beneficios.
“Era un sector que estaba completamente rezagado y sus salarios eran menores alos 1000 soles (aproximadamente 266 dólares) en 2024”, sostiene la senadora Ruth Luque.
Antes de que se aprobara esta ley, en 2023, el presupuesto del Sernanp era de 122 383 391 soles (cerca de 32 millones de dólares). Para 2024 subió a 143 469 559 soles (38 millones de dólares), es decir, se dio un aumento del 17 %. El año siguiente el presupuesto fue menor. Entre 2024 y 2025 disminuyó un 0.36 %, aunque entre 2025 y 2026 ocurrió un incremento de 8.5 %.
Uno de los temas clave en el Sernanp son los guardaparques, responsables en campo de custodiar las áreas protegidas, expuestas -y expuestos- a amenazas constantes.
En lo que va de este 2026 han ocurrido 56 incendios forestales en 20 áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, que ha significado una pérdida de aproximadamente 2000 hectáreas de bosques.
Según el Portal de Transparencia Económica de Perú, la partida presupuestal de este año para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres de Sernanp fue de 3 097 910 soles (898 492 dólares), un monto que se distribuyó solo en siete departamentos y que se gastó principalmente en Lima, la capital de Perú, donde se ubican menos de cinco áreas protegidas nacionales.
La economista ambiental Kely Alfaro precisa que se debe considerar que el presupuesto de Sernanp, así como de otros organismos del Minam —como OEFA— debe cubrir el trabajo del personal en campo, porque estos funcionarios no se quedan en las oficinas.
“Resulta ser indiferente y poco sensible el desconocimiento que se tiene de las realidades territoriales de las economías regionales, de las economías globales y de las finanzas. Esto empobrece a los territorios, empobrecen a las familias, a las personas”, aclara Alfaro, quien también es responsable de Qhaway, el Observatorio Nacional de Inteligencia Territorial, Presupuesto Público, Cambio Climático de la UNI.
En el caso de la lucha contra la minería ilegal en las áreas protegidas, por ejemplo, hay un presupuesto destinado a la reducción de este problema como parte de los fondos que se entregan a Sernanp –este 2026 ha sido de 2 015 780 soles (601 007 dólares). Un monto que resulta insuficiente de cara a la situación actual.
De acuerdo con un reporte de octubre de 2025 del Ministerio del Ambiente, la actividad minera ilegal está vinculada con 17 áreas naturales protegidas en 12 departamentos del país.
César Ipenza señala que Sernanp no cuenta con los recursos para enfrentar la minería ilegal. “Lo que estamos viendo en general, es que muchas organizaciones de sociedad civil o aliados son los que asumen los costos que el Estado debería asumir para enfrentar la actividad ilegal”. El abogado especializado en temas ambientales agrega que “el Ministerio del Ambiente a través del Sernanp puede tener un rol de fiscalización, de denuncia, pero sin fiscalía, sin policía o sin marina no puede hacer mucho”, comenta.
“Lo que el Estado tiene que hacer también es emprender una lucha contra la corrupción porque, una vez que ingresa la minería ilegal, compra autoridades y conciencias”, asegura Ipenza.
Mongabay Latam solicitó entrevistas al Minam y al Sernanp sobre el manejo del presupuesto, el destino de los fondos y las carencias que enfrentan, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
Fiscalización y evaluación ambiental
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un presupuesto de 327 739 284 soles para 2026 (95 millones de dólares). El monto que maneja el organismo fiscalizador es aún mayor que los fondos que recibe el mismo Ministerio del Ambiente, que son 288 034 600, este monto corresponde solo al Ministerio, no a todo el sector.
El presupuesto de OEFA proviene en gran parte del Aporte por Regulación (APR), una ley aprobada en 2013 que establece que las empresas de gran y mediana minería, electricidad e hidrocarburos aporten fondos para la fiscalización de su sector.
Los fondos que recibe OEFA provienen de tres fuentes. Por un lado están los recursos ordinarios, es decir, los que destina el Estado, que este último año fueron 34 414 801 soles (9 970 281 dólares), la mayor parte provienen del Aporte por Regulación, que en esta ocasión fueron 292 766 438 soles (84 817 101 dólares) y un tercer aporte llega de donaciones, según el Portal de Transparencia Económica.
Las donaciones también están presentes en los presupuestos del Sernanp, IGP y Senamhi, según el portal de Transparencia Económica del Perú. Solo el Senace no depende de ellas, ya que todos sus fondos provienen de recursos ordinarios del Estado peruano.
Pero los aportes de la empresa privada que recibe el organismo fiscalizador también han sido un riesgo para su continuidad. En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala y solo un año después de que se aprobara este mecanismo de financiamiento, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró inaplicable este aporte por regulación.
La resolución que emitió Indecopi consideraba este pago como una barrera burocrática para las empresas. La intervención de Indecopi ocurrió tras la demanda al Minam de cinco empresas mineras que solicitaron dejar de pagar.
Las barreras burocráticas son las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros impuestos por una entidad de la administración pública que condicionan, restringen u obstaculizan el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado.
El caso llegó al Poder Judicial, que falló a favor del organismo fiscalizador, además que el Congreso de la República de ese momento aprobó una ley que favorecía a OEFA. Este conflicto legal en el que estuvo inmerso OEFA pone sobre la mesa el riesgo de que un organismo estatal dependa de los aportes privados para cumplir con su función.
“Son siete organismos con recursos limitados y lo que se está haciendo cuando hay recursos limitados es que OEFA transfiere recursos de su presupuesto a los otros organismos adscritos o al mismo Ministerio del Ambiente. Está mal porque esos recursos no deberían destinarse a otros fines, sino a la fiscalización ambiental”, comenta Ipenza.
Mongabay Latam consultó con OEFA sobre la transferencia de sus fondos a otros organismos del Minam, así como sobre el manejo del presupuesto de este organismo, pero hasta el cierre de la edición no recibió respuesta.
Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Minam, considera que tan importante como analizar los montos que recibe el sector es evaluar cuál ha sido su ejecución. Cita como ejemplo el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), que, aunque no pertenece al sector ambiental directamente, está vinculado a éste por ser el responsable de la remediación de los pasivos ambientales de hidrocarburos. “Hay millones de soles que hasta ahora no se han ejecutado. Ahí hay un déficit significativo”, cuestiona.
Hasta octubre de 2026, el sector ambiental tenía un avance de ejecución del 73.1 %. En los 15 años anteriores la ejecución final del presupuesto del sector ha estado entre 76 % y 97 %.
Y si OEFA está a cargo de la fiscalización, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) tiene la responsabilidad de “evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos del país”. Como se describe en su página de internet.
Pese a la carga que tiene este organismo, su presupuesto en 2026 solo llega al 5.3 % del sector. La cifra asignada a Senace para este año es de 53 320 697 soles (más de 15 millones de dólares).
Varios cambios realizados en los últimos años en Senace apuntan a su debilitamiento. En julio de 2024, el Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó un decreto supremo que modificó aspectos importantes del procedimiento de evaluación ambiental para restar capacidad a este organismo, porque, entre otras cosas, se eliminan criterios objetivos para la priorización de proyectos, reduciendo el rol del Senace.
Además, en 2026 se emitió un decreto supremo que acelera drásticamente la transferencia de funciones de revisión y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallados de seis sectores: Comunicaciones, Salud, Defensa, Cultura, Justicia y Educación, para que el organismo los asuma en un plazo de 45 días, lo que podría causar problemas operativos.
“En el Senace hay un déficit de unos 100 millones de soles anuales para especialistas, peritajes, evaluación ambiental”, dice la defensora ambiental Lucila Pautrat
El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Senace de 2021 fue de 39 085 397 soles (11 323 395 dólares), para 2022 se mantuvo casi igual con 39 581 195 soles (11 467 032 dólares). En 2023 subió a 43 427 261 soles (12 581 272 dólares), un año después la cifra avanzó a 48 993 513 soles (14 193 866 dólares) y para 2025 se elevó a 57 321 678 soles (16 606 611 dólares), pero este 2026 hubo un descenso a 53 320 697 soles (15 447 491 dólares).
“Cuando hablamos del sector ambiental no podemos englobarlo solo en el pliego del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos, sino que están los programas presupuestales que son transversales con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como otras entidades con competencias ambientales como el sector forestal, el Osinfor [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre] entre otros”, comenta Pautrat.
La economista Kely Alfaro aporta en el mismo sentido. “El tema ambiental, por la Ley General del Ambiente, es multisectorial, multinivel y multiactor, entonces, las decisiones sobre los recursos también lo son”.
*Imagen principal: familia de lobos de río revolotea en uno de los lagos del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Madre de Dios. Foto: Daniel Resengren/Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú
Edición: Alexa Vélez y Emilia Delfino. Investigación: Cristina Fernández e Yvette Sierra Praeli. Con la colaboración de Daniela Quintero Díaz
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.
