Una de las principales compañías mineras del Gobierno chino se instaló hace casi 20 años en los Andes de Perú con un objetivo: extraer más de mil millones de toneladas de cobre, un mineral clave para el crecimiento de China. El proyecto minero, sin embargo, implicaba que miles de personas abandonaran su pueblo natal y centenario para ser trasladadas a una nueva ciudad. Así empezó la historia de resistencia de un grupo de familias que decidió no abandonar sus hogares en la Antigua Morococha. Un reportaje elaborado con el apoyo de la Red Muqui y la Pastoral Social Dignidad Humana (PASSDIH).
Por Yoselin Alfaro, con el apoyo de Brandon Quevedo y Leslie Moreno.
A casi 5 mil metros de altura, apostados entre la Carretera Central y el abismo, Elvis Atachagua y Yolit Alejo observan los restos de lo que alguna vez fue un toro de tierra. Hasta hace 14 años, desde donde ambos están parados, se podía distinguir la cabeza, el lomo y las extremidades de un toro sin cuernos en la silueta del cerro. Por eso, el cerro fue bautizado como Toromocho: “mocho” significa sin punta o cortado en español. En 2012, sin embargo, el toro de tierra fue sacrificado.
Hoy, donde antes había un cerro, se extiende un tajo minero de dos kilómetros de extensión. Es por eso que, desde el borde de la carretera, a Yolit y Elvis solo les queda recordar dónde quedaban sus casas. Ellos y otros 5 mil ciudadanos vivían en Morococha, un centro poblado a las faldas del cerro. Actualmente, sin embargo, la zona es ocupada por una empresa estatal china que, a través de una subsidiaria, intenta extraer más de mil millones de toneladas de cobre y otros minerales.
Un equipo de La Encerrona visitó la antigua Morococha, ubicada a cinco horas de viaje por tierra desde Lima, la capital peruana, y pudo conversar con los protagonistas de esta historia. Esta es una radiografía de uno de los conflictos sociales por minería más duraderos en el Perú: el que enfrenta, alrededor de un proyecto de cobre —metal clave para la economía nacional— a una gigante china y a un grupo de familias que resisten desde los Andes centrales.
EL GIGANTE CHINO EN LOS ANDES
“Fue un momento muy difícil, tocar ese punto es muy sensible, es volver a recordar”, dice Yolit sobre el día que fue desalojada. Natural de Huánuco, llegó a Morococha en 1995 cuando tenía 10 años. Su familia migró atraída por la minería de los alrededores: su padre trabajó en dos empresas mineras mientras que su madre se dedicó al comercio. En Morococha, Yolit creció y formó su propia familia: hoy es madre de cuatro hijos.
La historia de Yolit es representativa de este pueblo. Fundada a inicios del siglo pasado, Morococha nació de migrantes atraídos por la actividad minera y llegó a albergar a 5 mil personas dedicadas a la minería, pero también al comercio y la ganadería. Las procesiones que llenaban la plaza central, los matrimonios que recorrían las calles y las celebraciones de carnavales de la historia centenaria de Morococha han quedado registradas por fotógrafos peruanos como Sebastián Rodríguez.
Hasta que, en el año 2007, todo cambió.
Dicho año, el Gobierno peruano transfirió las concesiones mineras del proyecto Toromocho a una gigante asiática: Aluminum Corporation of China, mejor conocida como Chinalco. Presente en más de 20 países, esta empresa, supervisada directamente por el gobierno chino, figura entre las 500 compañías con mayores ingresos del mundo. Solo en lo que va de este año, su subsidiaria peruana ha registrado más de 1.800 millones de dólares en exportaciones.
“Muchos dicen que la minera nos ha sacado de la extrema pobreza, pero yo no lo veo así: la antigua Morococha tenía movimiento económico, había población en gran cantidad”, dice Yolit.
El interés de Chinalco en el cobre de Morococha responde a una tendencia más grande: China es el principal destino del cobre peruano. Solo entre enero y marzo de este año, más del 73% del cobre producido en Perú terminó en dicho país. El gigante asiático precisa de este metal para su transición energética, explica la economista Julia Cuadros, de CooperAcción.
La presencia de Chinalco en el Perú no se limita a la economía, sino también a la política. En 2008, sus directivos se reunieron en un hotel de lujo en Singapur con el entonces presidente Alan García, cuyo gobierno le había transferido el proyecto minero un año antes. Entre los años 2023 y 2025, Chinalco dirigió la Asociación de Empresas Chinas en el Perú. Y hace solo dos meses, su subsidiaria peruana recibió la visita de dos excongresistas de derecha: Alejandro Cavero y Adriana Tudela.
Para dar paso a la extracción del mineral bajo Morococha, el Gobierno peruano y la empresa Chinalco promovieron el traslado de sus habitantes a una nueva ciudad, construida a 10 kilómetros de distancia con inversión de la minera, en Carhuacoto. En videos producidos por la empresa, Chinalco argumentó que la nueva ciudad tendría una infraestructura moderna y ordenada, y que mejoraría la calidad de vida de la población. El proceso de reasentamiento comenzó en el año 2012.
Fue entonces que empezó la resistencia.
LA RESISTENCIA DE MOROCOCHA
Elvis nació en Morococha. Su padre migró al pueblo a sus 16 años y desde entonces trabajó en la Sociedad Minera Puquiococha, una compañía peruana que operó en este pueblo. Elvis recuerda las ferias de los fines de semana, donde se vendían ropa y electrodomésticos, mientras él recorría las calles en un triciclo vendiendo naranjas para así obtener algún dinero extra. Sus compradores eran trabajadores de las minas aledañas.
Esta identidad explica por qué, en el año 2012, Elvis se opuso al reasentamiento. En noviembre de dicho año, unos 300 ciudadanos de Morococha, entre ellos Elvis y Yolit, y liderados por el Frente de Defensa, bloquearon la Carretera Central en rechazo al traslado. En sus reportes de ese entonces, la Defensoría del Pueblo registró un total de cinco civiles y un policía heridos durante la represión de la protesta por parte de las fuerzas del orden. La resistencia había iniciado.
Una potencial solución al conflicto social surgió en la propia Morococha. En 2013, la sociedad civil y la municipalidad local elaboraron el proyecto de Convenio Marco Unificado (CMU). El documento planteaba una serie de compromisos que Chinalco debía asumir si quería reasentar a la población. Por ejemplo, se pedía que sus campamentos estén dentro de la nueva ciudad para dinamizar la economía local, una compensación económica por el traslado y acceso a empleos estables para la población.
Este convenio era de gran importancia porque, al ser elaborado por la propia sociedad civil, reunía las verdaderas necesidades de la población de Morococha, asegura el ingeniero Edwin Alejandro Berrospi, quien es especialista en temas ambientales de la Red Muqui. “El convenio marco es el compromiso que la empresa asume con la sociedad (…) y lo ideal es que este se firme antes de la implementación de un proyecto”, agregó Berrospi.
Pero, el Gobierno peruano tenía otros planes. Dos normas legales fueron aprobadas para empujar el reasentamiento. La primera fue emitida por el presidente Ollanta Humala, quien había llegado a la presidencia con un discurso crítico al modelo extractivista. En agosto del 2013, Humala declaró en emergencia Morococha por el alto riesgo de desprendimiento de rocas y hundimientos de algunas zonas. Usando este argumento, Humala ordenó la “inmediata reubicación temporal de la población”.
La segunda norma fue emitida por el Congreso. Originalmente, gracias a una norma de 1907, hace más de 100 años, Morococha fue elevada a la categoría de distrito. Sin embargo, en medio del conflicto, en el año 2013, el Parlamento peruano modificó esta normativa para trasladar la capital del distrito a la nueva ciudad construida por Chinalco, la misma que obtuvo el visto bueno de Humala Tasso.
Es así que, en diciembre de ese mismo año, respaldada por estas dos normas y sin haber firmado el convenio propuesto por Morococha, Chinalco inició oficialmente sus operaciones. “Este proyecto va a ayudar a mejorar nuestra economía y la economía popular, el Perú se consolida como un potencia minera”, dijo el presidente Humala durante la ceremonia inaugural. Mientras tanto, a las afueras de las instalaciones de la unidad minera, la población realizaba un plantón en protesta.
LOS ÚLTIMOS MOROCOCHANOS
Yolit recuerda su hogar en la Antigua Morococha como un espacio donde se sentía libre, tranquila y en paz. “No importaba a dónde fuera: yo sabía que al volver a mi casa, podía dormir tranquila”, dice. En su vivienda, según recuerda, podía cocinar a leña, tener mascotas, salir a jugar vóley o fútbol a las calles, participar de las ferias, conversar con sus vecinos y compartir un almuerzo con ellos. Hoy, asegura, dichas acciones le parecen casi imposible que regresen a su vida.
Se le quiebra la voz al recordar la Antigua Morococha: antes de la llegada de la minera, Yolit dice que vivió momentos de unidad y fraternidad con sus vecinos. Los días festivos y fines de semana, por ejemplo, se juntaban para preparar pachamanca, un plato típico de los Andes peruanos que se cocina bajo tierra con piedras calientes. “Antes de la llegada de Chinalco en Morococha, no existía división (…) todos éramos pobladores y vivíamos tranquilos”, recuerda.
Es por eso que, a pesar del inicio de operaciones de Chinalco, Yolit y otros ciudadanos decidieron quedarse en Morococha. Entre el 2013 y el 2018, sin embargo, una serie de normas hizo cada vez más difícil permanecer en sus casas. Primero, Morococha fue declarada zona de riesgo no mitigable, categoría que provocó el retiro de instituciones públicas como escuelas, posta médica y comisaría. Luego, se prohibió vivir en este tipo de zonas y sus certificados de posesión perdieron validez.
De a pocos, la mayoría de la población abandonó Morococha. Salvo un grupo de familias, entre ellas Yolit y Elvis. Sus hogares estaban ubicados dentro de las últimas 34 hectáreas del pueblo que la minera Chinalco no había podido tomar posesión. De hecho, en mayo del 2018, representantes de Morococha viajaron a la sede del Ministerio de Energías y Minas, en Lima, para pedir que no se expropien estas tierras, que la minera quería para ampliar su proyecto.
El pedido no surtió efecto.
Ese mismo año, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales oficializó la expropiación de estas 34 hectáreas para que sean destinadas a la ampliación del proyecto minero Toromocho. La medida coincidió con la celebración de los 10 años de presencia de Chinalco en Perú. En junio del 2018, la minera confirmó la expansión de su proyecto minero, en un evento que contó con la presencia del entonces presidente Martín Vizcarra y el embajador chino en Perú, Jia Guide.
Hacia el año 2019, solo alrededor de 15 personas se quedaron en Morococha, entre ellas Elvis y Yolit con su familia. Sentir miedo era inevitable, asegura Yolit, pero mantenían la esperanza de que su resistencia y búsqueda de justicia sirviera como un ejemplo para que el desplazamiento de todo un pueblo no se volviera a repetir por intereses económicos.
“Lo que nosotros hacíamos era cuidarnos y así estar atentos”, explica Yolit. “Por ejemplo, yo estaba atenta a Elvis, que cualquier cosa no le vayan a hacer, y él también estaba atento de mí”, agrega. Para Yolit, la insistencia de la minera en desalojarlos solo los unía más. Durante años, las últimas familias resistieron en una ciudad destruida, rodeadas por costales de dos metros de altura con los que la empresa había aislado sus casas del proyecto minero.
A estas condiciones se sumó el corte del servicio eléctrico ese 2019 y el hostigamiento por parte de personal de seguridad de la minera y de la Policía, entidad con la que Chinalco tiene un convenio hasta la actualidad, según reportó el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). En su informe, el CICDHA acusa a Chinalco de vulnerar derechos territoriales, laborales, cívicos y políticos, además de afectar el medio ambiente, en Morococha. Nos contactamos con Chinalco para consultarle sobre estas alertas, pero no hubo respuesta.
A pesar de todo, estas familias resistieron otros siete años en su natal Morococha. Hasta que en junio del 2025, un Juzgado Civil de La Oroya ratificó un pedido de desalojo hecho por la minera Chinalco. Y se fijó una fecha: el 19 de setiembre del mismo año.
DESALOJO E IRREGULARIDADES
La mañana del 19 de setiembre, los últimos morocochanos se atrincheraron: solo quedaban cinco familias. La noche anterior, el acceso a sus viviendas fue bloqueado por montículos de tierra. Dos banderas izó Elvis: una blanca y una del Perú, con la esperanza de llegar a una tregua. Pasadas las 9 y 30 de la mañana, alrededor de 200 policías ingresaron a la zona. La prensa y organizaciones defensoras de los derechos humanos fueron impedidos de observar de cerca el operativo.
Aún así, desde la carretera, se pudo observar el desalojo: además de la Policía, un grupo de 60 personas vestidas con mamelucos azules retiró las pertenencias de los últimos pobladores para llenarlos en camiones de mudanza. Estos vehículos tenían sus placas cubiertas. Hasta ahora, estas pertenencias siguen bajo custodia de Chinalco y no han sido retornadas a sus dueños.
Los últimos morocochanos no pusieron resistencia. La primera casa en ser desalojada fue el hogar del ciudadano Dennis Huerta. A esta le siguió la casa de Elvis Atachagua, quien después recorrió por última vez el camino que lo llevaba a la antigua ciudad. Con el rostro desencajado, temblando y con las manos en los bolsillos dio declaraciones a la prensa sin poder contener el llanto.
Pero no solo fueron desalojados: sus casas desaparecieron.
Por la noche de ese 19 de septiembre, Elvis Atachagua alertó que las casas habían empezado a ser destruidas. “La señora Mari está mal, todas las casas están demolidas”, escribió por Whatsapp. Al día siguiente, el 20 de septiembre, en la Antigua Morococha no habían rastros de las viviendas.
El abogado de las familias, Carlos Castro, asegura que el operativo fue irregular. Si bien Morococha fue declarada zona de riesgo no mitigable, la misma norma que le otorgó dicha categoría prohibía acciones judiciales en la zona. Por ello, en diciembre del año pasado, la fiscalía de Junín inició una investigación contra el juez Jesús Santana, quien había ordenado el desalojo por el presunto delito de prevaricato.
En primera instancia, la fiscalía ha archivado el caso contra el juez, aunque la defensa de las familias ha presentado una reconsideración.
La investigación fiscal, sin embargo, provocó la reacción del propio juez Santana. En mayo de este año, el magistrado solicitó que fuera Chinalco la investigada: el juez dice que su sentencia no había dado luz verde a la demolición de las casas. La denuncia por el presunto delito de desobediencia a la autoridad alcanza a abogados y trabajadores de la empresa minera china.
SILENCIO Y PELIGRO EN LA NUEVA MOROCOCHA
La vida en la ciudad, conocida como Nueva Morococha, es particular: pocas personas recorren sus calles durante el día. Otras se asoman por las puertas de sus casas, pero desaparecen de inmediato al ver foráneos. Las avenidas Pflucker y La Codiciada han sido tomadas por algunas mascotas que aprovechan los rayos del sol. El viento frío de los 4.200 metros de altura recorre los colegios, la comisaría, los hospedajes y los restaurantes, que aparentan estar casi siempre vacíos.
La nueva ciudad fue construida con el financiamiento de Chinalco. La construcción se ejecutó a 10 kilómetros de la Antigua Morococha, exactamente en la localidad de Carhuacoto. Un total de 1.400 viviendas fueron edificadas, todas con el mismo diseño. El silencio de la nueva ciudad contrasta con la Morococha que recuerda Elvis, uno de los pocos que habita en la nueva ciudad. La mayoría de reasentados ha decidido mudarse a otros destinos y alquilar o vender sus casas.
Yolit, por su parte, ha decidido no vivir en la nueva ciudad porque, según asegura, es más peligrosa que la antigua Morococha. La negativa de Yolit se basa en un conjunto de informes técnicos sobre las condiciones de vida en la ciudad construida por la minera. En diciembre de 2011, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda advirtió en un documento que el terreno muestra peligro de inundaciones, licuación de suelos y ocurrencia de sismos.
A ello se suma informes emitidos por la Red de Salud de Yauli – La Oroya en el año 2017. En dicho reporte se confirman tres casos de niños entre 1 y 8 años con presencia de plomo en la sangre. Ya años antes, en el 2008, la Minera Perú Copper había estudiado la presencia de metales en el suelo donde hoy se erige la Nueva Morococha. Su estudio encontró niveles de plomo, arsénico y otros metales en niveles superiores a los límites establecidos en Perú.
Por estas alertas, Yolit se ha mudado a una pequeña vivienda en Pucará, un centro poblado ubicado a 10 minutos de la Nueva Morococha. Ahí vive con su pareja y sus cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Su esposo le ha propuesto mudarse a Huancayo, capital de la región Junín, a tres horas de viaje por tierra, para que sus hijos estudien allá. Pero, Yolit desea quedarse cerca de Morococha: no imagina empezar desde cero lejos del lugar donde creció.
EL FUTURO DE LOS MOROCOCHANOS
Después de más de 13 años de conflicto, este último 18 de agosto, el convenio fue suscrito en Lima, entre el alcalde de Morococha, Roberto Cornelio Flores, y representantes de Chinalco. La cita fue a las 11 y 30 de la mañana, en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas. Parte de la sociedad civil participó en calidad de veedores, según informó Noe Gamarra de la Asociación de Propietarios desplazados por el proyecto Toromocho.
El convenio firmado, sin embargo, no es el mismo que Elvis, Yolit y demás ciudadanos de la Antigua Morococha apoyaron inicialmente. Es decir, aseguran que es diferente al Convenio Marco Unificado que se presentó en 2013 desde la sociedad civil y que, según consideran, contenía las necesidades reales de la población. Este documento, de hecho, fue discutido en diferentes mesas de diálogo.
El convenio suscrito, en cambio, tomó forma en febrero de este año, durante el gobierno de José Jerí, expresidente cercano a empresas chinas. Este fue elaborado en reuniones impulsadas por el Ministerio de Energía y Minas, en las que participaron dirigentes y autoridades de Nueva Morococha, así como representantes de Chinalco. En las negociaciones no se tomaron en cuenta a Yolit, Elvis y las últimas familias que habían resistido al reasentamiento.
El documento fue sometido a votación de la población el 5 de mayo, en un cabildo abierto que fue organizado por la Municipalidad de Morococha. En la reunión, tanto Elvis como Yolit alertaron que la nueva versión del convenio tenía deficiencias. La asistencia al cabildo era voluntaria; aún así, 90 morocochanos rechazaron el nuevo convenio. Solo 18 personas apoyaron la firma, entre ellos el alcalde de Morococha, Roberto Cornelio.
El 20 de julio, la municipalidad recibió un documento firmado por decenas de morocochanos que pedían se respete lo acordado en el cabildo abierto: no firmar el convenio. Días antes, el 7 de julio, sin embargo, otro documento había llegado a la alcaldía, donde un sector de la población pedía reconsiderar la negativa, argumentando que la firma del convenio traería beneficios a la población como el acceso a becas. Así, el Consejo Municipal acordó dar luz verde al alcalde para llegar a un acuerdo con Chinalco.
El convenio firmado se divide en cuatro ejes: salud, economía, ambiente e institucional. En el eje económico, que es uno de los que la población considera más importantes, Chinalco se compromete a la promoción de empleo y negocios locales. Las familias no reasentadas aseguran que estas medidas solo beneficiarán a las familias aliadas de la minera.
Otros compromisos laborales recaerán en la Municipalidad de Morococha y funcionarán con el apoyo de Chinalco, como el impulso al programa de empleo juvenil, realización de tres ferias anuales y la dotación de fondos para la ejecución de obras. Aunque Chinalco solo se hará cargo de estas por tres meses: si duran más tiempo, el presupuesto recaerá en las arcas del municipio.
“Nosotros no hemos sido reasentados, hemos sido desalojados, este convenio no nos incluye. No tenemos casa, no tenemos nada, solo nos queda buscar justicia”, explica Elvis. Aunque la situación sea compleja, asegura Elvis, ellos se mantendrán unidos persistiendo en un reasentamiento digno en una zona segura y con oportunidades laborales.
La resistencia enfrenta, sin embargo, un desafío adicional: a la pérdida de su hogar y el desplazamiento forzado, se suma lo que ellos han calificado como hostigamiento judicial. A la demanda de amparo de la minera para el desalojo, se han sumado procesos penales por resistencia a la autoridad contra las familias; además de procesos civiles con los que Chinalco busca pagar un monto inferior por el valor de los predios despojados.
Y este proceso de desgaste legal no ha cesado. Elvis asegura que la empresa busca que las familias desalojadas no tomen acciones adicionales; a pesar de que, en sus palabras, no se cumplió con su derecho de ser reasentadas de acuerdo a la normativa.
Este convenio no nos incluye. No tenemos casa, no tenemos nada, solo nos queda buscar justicia
Elvis Atachagua, uno de los últimos residentes de la Antigua Morococha.
Estos procesos, según la posición de la Red Muqui, representan una persecución judicial y actos de hostigamiento a las familias, que genera agotamiento y empobrecimiento al tener que asumir los costos de cada proceso legal. Este demandas son un mecanismo de amedrentamiento frente a quienes se oponen a la imposición de proyectos mineros como Toromocho, afirma la organización civil.
Mientras tanto, Chinalco se sigue expandiendo en Perú.
A inicios de julio de este año, la compañía china adquirió la Minera Hampton, actual propietaria del proyecto Los Calatos, ubicado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Chinalco desembolsó más de 200 millones de dólares para esta compra y estima producir 60 mil toneladas anuales de cobre, durante 24 años. Su construcción está prevista para el año 2027. Sin embargo, las primeras voces de rechazo a la mina desde la población ya han empezado a aparecer en medios locales.
