Deforestación, invasiones y la agresiva expansión de la palma aceitera repliegan a comunidad nativa
Desde 1996, Santa Clara de Uchunya lucha por la titulación de su territorio ancestral, un ámbito en constante depredación. (Foto: Santiago Romaní)
Más de 25.000 hectáreas de devastación forestal registra actualmente el territorio ancestral de la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya, en Ucayali. El pueblo de la etnia shipibo conibo intenta que el Estado peruano titule a su nombre la totalidad del área que considera propia (86.713 hectáreas). Pero mientras las solicitudes no son atendidas, parte del bosque que la comunidad conservaba ha sido invadido por centros poblados avalados por un municipio distrital. Dirigentes indígenas denuncian además que el grupo Ocho Sur, que cultiva y procesa aceite de palma sin permisos forestales, busca ganar terreno por medio de traficantes de tierras. La deforestación avanza sobre un territorio amenazado que La Encerrona recorrió. Mientras tanto, el Congreso peruano tiene en debate un proyecto de ley que profundizaría esta crisis.
Una investigación de Enrique Vera para La Encerrona
La mirada de Rudith pasea entre dos murallas de árboles que demarcan un camino estrecho, y se aquieta mientras señala al fondo de la espesura de selva. “Detrás de aquel bosque, todo es palma, no se ve la naturaleza de antes. Ahí ya no podemos entrar”, dice y echa un resoplido. La abrupta senda por donde avanza no es la vía más accesible para llegar al sector de su comunidad, Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, donde empiezan las plantaciones de palma aceitera pertenecientes a Ocho Sur P, una de las sociedades del grupo empresarial de capitales norteamericanos Ocho Sur. Por ello, la agricultora de 45 años sugiere no seguir este trayecto, que surge desde los troncos de quinilla cercanos a su casa, y regresar. Pero también porque tiene miedo: asegura que taladores ilegales operan a cualquier hora carcomiendo trozos del bosque que luego venderán a la empresa. La forma como la compañía palmera pretende beneficiarse, a juicio de Rodith y los comuneros que ahora la acompañan sobre los tablones del lugar donde vive, es por intermedio de invasores y traficantes que acechan el territorio reclamado por Santa Clara de Uchunya como su propiedad ancestral.
La situación, sin embargo, es aún más complicada. La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya pugna ante la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali por la titulación de 86.713 hectáreas, el ámbito total de caza, recolección y cultivo forjado desde la llegada de los primeros comuneros indígenas de la etnia shipibo conibo a este sector de la Amazonía peruana. De aquel territorio, apenas 218 hectáreas le fueron concedidas con un título de propiedad en 1975, y 1.544 hectáreas adicionales en el 2019.
En el resto del área que solicita la comunidad shipiba convergen actualmente, junto con la palma de Ocho Sur P, parte del bosque de producción permanente de Ucayali, amplios sectores de al menos cuatro concesiones forestales, y predios rurales que fueron titulados a pesar del pedido vigente de Santa Clara. Información oficial de instituciones como Osinfor, Serfor y el Ministerio de Agricultura así lo confirman. Además, hay una serie de juntas vecinales que, según corroboró La Encerrona en campo, fueron reconocidas sin mayor verificación por la Municipalidad Distrital de Nueva Requena y hoy ejercen ilegalmente derechos sobre el territorio. En suma, superposiciones territoriales que surgieron a la par del continuo rechazo al requerimiento de la comunidad nativa, y que ahora tornan más complejo el escenario de cara a la formalización de su espacio ancestral.
De acuerdo con un estudio realizado por la organización internacional Forest Peoples Programme (FPP), el área total que la comunidad nativa demanda (86.713 hectáreas) registra una pérdida de árboles confirmada de 20.516 hectáreas, lo cual ocurrió entre el 2001 y 2021. Forest Peoples Programme identificó durante el 2022 alertas de deforestación a lo largo de 4.568 hectáreas del territorio indígena, con lo que la pérdida total de árboles llegaría a 25.084 hectáreas. La cifra incluye las casi 7.000 hectáreas de bosque talado para el cultivo de la palma que administra Ocho Sur P, en el denominado fundo Tibecocha, así como diversos focos de depredación forestal que fueron abiertos principalmente durante los últimos seis años. Es decir, la deforestación perpetrada en zonas distantes de los sembríos de palma ahora supera en tamaño al terreno que fue devastado para iniciar aquella plantación.
“Luchamos por nuestro derecho, sino ¿quién va a hacerlo? Esa empresa avanza cada día y nos va a dejar sin nada”, alega Rudith.
– ¿Pero sabe que el territorio que solicitan se ha ido poblando? –le pregunto.
– Sé que hay invasiones a las que el municipio les da lo que piden, pero no sus nombres ni dónde están –responde con algún rasgo de confusión.
El polígono de línea morada es el área total que reclama Santa Clara. En celeste, las concesiones forestales; en blanco, poblados invasores. Y, en verde, el BPP de Ucayali.
Bosque de delitos
Santa Clara de Uchunya queda a dos horas de viaje por tierra desde la ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali. Unos 380 shipibos conibos dedicados a la pesca para el consumo y la agricultura de subsistencia habitan la comunidad. El río Aguaytía divide las dos únicas áreas, de 218 y 1.544 hectáreas, que fueron tituladas con 44 años de diferencia. La escuela primaria, el local comunal y la mayoría de casas hechas de hojas y palos están en el sector más pequeño, a la margen izquierda del río. En el otro, del lado derecho del Aguaytía, se extiende el bosque, que hacia el norte es interrumpido por las crecientes zonas de deforestación y los cultivos de palma de Ocho Sur P. La casa de la agricultora Rudith y las de unos pocos shipibos están dispersas entre el manto de árboles de este sector, el más convulso de la comunidad. Aquí viven, además, los hermanos Iván y Huber Flores, dos exdirigentes comprometidos con la defensa de Santa Clara, aunque para llegar hasta sus chacras hay que navegar un corto tramo del Aguaytía desde la orilla donde se despide la agricultora, y luego avanzar a pie por otro enmarañado camino al bosque.
El objetivo es alcanzar la frontera en que termina el territorio titulado a nombre de la comunidad y donde empieza el enorme campo de palma controlado por Ocho Sur P. Una caminata que para los comuneros shipibos demanda no menos de dos horas. Las sombras que proveen los shihuahuacos, quinillas y capironas escoltan el paso de Iván Flores por una trocha húmeda y de continuos desniveles. La ruta atraviesa arroyos cubiertos por la maleza, densos matorrales y, a ratos, zonas descubiertas de vegetación donde el sol centellea y desgasta. El más grande es un páramo de 20 hectáreas, que agolpa centenares de troncos caídos a causa de un evidente proceso de depredación.
“Esto lo hicieron con maquinaria pesada”, expresa el exlíder de Santa Clara de Uchunya Carlos Hoyos, bajo un techo de telas y plásticos levantado entre los montículos de tierra muerta. Él detalla que este pedazo de selva derruida era parte del área correspondiente a 17 constancias de posesión otorgadas por la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, entre el 2014 y 2015, a traficantes de tierras y personas que ni siquiera conocían el lugar. Uno de los documentos incluso estaba a nombre de un menor de edad.
“Todo ya había sido deforestado y parcelado. La comunidad nunca tuvo conocimiento, luego logró anular las constancias por las graves irregularidades que había”, cuenta a La Encerrona el exapu de Santa Clara. “Pero lo que nos ha quedado”, añade, “es este terreno devastado e improductivo, similar a los que dejan los grupos de invasores con el fin de traspasarlos o negociarlos”.
Solo 1.700 hectáreas divididas en dos sectores tiene tituladas la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya (Foto: Santiago Romaní)
Casi a la mitad del recorrido, el follaje y la sucesión de lupunas con crestas frondosas parecen haber restablecido el panorama boscoso de la comunidad. Sin embargo, los exdirigentes alertan que hace un año hubo dos asesinatos por la zona donde ahora avanzan. Y lo atribuyen directamente a conflictos entre los traficantes de tierras que irrumpen para talar. “A ellos la empresa los provee de herramientas y lo que necesiten para intervenir el terreno. Y una vez que lo tienen listo, se lo traspasan”, denuncian.
Cerca de este punto, recuerdan los exdirigentes, una brigada indígena halló un grupo de invasores con varias trozas de bolaina al lado de la choza donde pernoctaban. Fue en agosto del 2020, durante una inspección realizada en los límites de Santa Clara de Uchunya. El exlíder Carlos Hoyos identifica en el trayecto un nuevo foco de desbosque y explica que, en julio del 2018, mientras supervisaba el terreno dañado, lo repelieron a balazos. Un año antes, en diciembre del 2017, sucedió algo parecido: tres disparos disuadieron a una comitiva comunal que había tomado este rumbo hacia la empresa para intentar dialogar con sus representantes. La actual tesorera del pueblo, Luisa Mori, estaba en la delegación y lo recuerda así:
“Dispararon dos veces al aire y una a nuestros cuerpos. Al señor Mahua (Edinson Mahua, comunicador de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali) la bala le rozó por acá (apunta su cintura)”, narra la lideresa de 58 años a La Encerrona.
Amplios sectores de depredación como este registra el enorme bosque de Santa Clara de Uchunya. (Foto: Enrique Vera)
El viento arrastra los ronquidos de las motosierras desde algún contorno que Carlos Hoyos no puede precisar. La escena le trae a la memoria que poco antes del ataque contra la comitiva, a fines del 2017, él y otras exautoridades comunales incautaron una sierra eléctrica a dos sujetos que se identificaron como personal de Ocho Sur. Ocurrió alrededor de esta misma peligrosa franja del pueblo indígena. Esta cadena de eventos, entre otros casos similares, no dejan duda a los shipibos de la estrategia que, aseguran, aplica la empresa para extender su perímetro. “Es una gran mentira cuando (Ocho Sur) dice que no está deforestando. Ellos buscan gente para que lo haga, parcele las tierras invadidas, y para que luego gestione sus títulos a fin de comprárselos”, sostiene el actual secretario de Santa Clara de Uchunya, Ricardo Hoyos.
Los ataques y amenazas que los dirigentes y exautoridades de la comunidad vinculan con la compañía constan en denuncias presentadas ante la policía y fiscalía, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió en un pronunciamiento. Además, el Gobierno activó para algunos comuneros denunciantes el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos. La CIDH intercedió para que se tomen las medidas necesarias ante las agresiones y el hostigamiento acusados.
El largo camino de la depredación
Las casi 7.000 hectáreas de palma aceitera de Ocho Sur P están seccionadas en gigantescos rectángulos contiguos. Cada uno contiene cientos de plantaciones en hileras que crecen hasta los 40 metros. El exapu Hoyos señala que cuatro líneas de los sembríos transgreden el área titulada de la comunidad, pero no tiene una estimación exacta en metros. Con respecto a la ubicación de Santa Clara de Uchunya, aquí empieza el llamado fundo Tibecocha, donde además de los cultivos de palma está la planta procesadora del grupo Ocho Sur, operada por una de sus sociedades: Servicios Agrarios de Pucallpa. La procesadora de aceite crudo de palma está a menos de dos kilómetros de Santa Clara, no obstante, nunca hubo un proceso de consulta previa a la comunidad para su instalación, realizada en marzo del 2020. Desde esta planta salen los camiones cisternas cargados con aceite crudo hacia la región Lima, de donde el producto es exportado a diversos países del mundo (ver reportaje anterior).
En Santa Clara de Uchunya nadie sabía de la existencia del denominado fundo Tibecocha hasta que en el 2015 se hizo público un escándalo de corrupción que involucra hasta estos días a extrabajadores de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. Según las investigaciones del Ministerio Público, exfuncionarios regionales conformaron una organización criminal que otorgó a agricultores ajenos al pueblo indígena 222 constancias de posesión, dentro de las 86.713 hectáreas que la comunidad reclama como suyas. Los agricultores, reunidos en la Asociación de Productores Las Palmeras de Tibecocha, luego inscribieron los lotes en Registros Públicos y los vendieron a Plantaciones de Pucallpa, una de las empresas que el checo-estadounidense Dennis Melka había fundado en Perú para iniciar una agresiva expansión de cultivos agroindustriales. Sin estudios de suelo previos ni autorización ambiental, entre el 2010 y 2015, Plantaciones de Pucallpa deforestó aproximadamente 7.000 hectáreas, donde sembró palma aceitera. La comunidad denunció la destrucción del bosque y el Ministerio de Agricultura ordenó a Plantaciones de Pucallpa paralizar sus actividades. El 2016, la empresa de Melka entró en liquidación y, tras una subasta pública, el grupo Ocho Sur, a través de Ocho Sur P, pasó a administrar la palma extendida en lo que para entonces ya era conocido como el fundo Tibecocha.
“De la noche a la mañana nos enteramos de ese fundo. La empresa ya había talado sin piedad ni permiso lo que era nuestra fuente de vida, lo que nuestros padres nos dejaron”, dice Efer Silvano, otro exlíder del pueblo shipibo, a La Encerrona.
Siete mil hectáreas de palma de Ocho Sur se extienden sobre el área que Santa Clara busca titular a su nombre. (Foto: Santiago Romaní)
En la carpeta fiscal rotulada ‘Caso Pucallpa’, la Primera Fiscalía Corporativa contra la Criminalidad Organizada ha incluido como investigados a Dennis Melka y otras 30 personas, entre ejecutivos de la quebrada empresa del checo-estadounidense y exfuncionarios regionales, así como a Plantaciones de Pucallpa y Ocho Sur P. Una situación que el grupo Ocho Sur rechaza, pues asegura que no tiene nada que ver con los hechos ocurridos antes de que tomara el control de las plantaciones.
Para la fiscalía, sin embargo, se trata de la misma compañía con una nueva razón social. La comunidad lleva ocho años impulsando el proceso, pero a inicios del 2022 sufrió quizás su peor revés: el Tribunal Constitucional –máximo ente de justicia en el Perú– rechazó una acción de amparo mediante la cual Santa Clara pedía que sean anulados los 222 certificados de posesión entregados en su requerido ámbito de uso tradicional. Conforme a la denuncia de dirigentes y exautoridades comunales, la modalidad aplicada por Melka es similar a la que Ocho Sur P promueve en las zonas donde hay deforestación, a manos de traficantes de tierras, “para convertirlas en campos de palma”.
“Y a las juntas vecinales que están en nuestro territorio ancestral les ofrecen un programa de apoyo para que siembren palma. La intención es que estos invasores luego vendan la palma a la empresa”, agrega el exapu Efer Silvano.
La abogada en temas de derechos humanos a cargo de la defensa de Santa Clara de Uchunya, Linda Vigo, reafirma que así como la empresa busca abrirse campo mediante invasores en el bosque titulado de la comunidad, también impulsa y apoya la conformación de juntas vecinales o asociaciones de vivienda con la finalidad de que siembren palma. Ella es quien ha presentado la mayoría de denuncias ante el repliegue del pueblo shipibo.
El grupo Ocho Sur afirma que no ha incrementado su frontera agrícola desde que empezó a administrar los sembríos heredados de Plantaciones de Pucallpa, en el 2016. También, ha descartado que tenga intervención fuera del área de sus cultivos. Sin embargo, la empresa controla los accesos a una carretera que tiene prolongaciones hasta las juntas vecinales enclavadas indebidamente dentro del área ancestral que Santa Clara busca titular y, a la vez, sobre amplios sectores del bosque de producción permanente (BPP) de Ucayali. Dirigentes de estas juntas vecinales dijeron a La Encerrona que se instalaron como poblados entre el 2014 y 2016. El análisis elaborado por Forest Peoples Programme indica que a partir del 2016, precisamente, hubo un aumento exponencial de deforestación en el reclamado espacio de uso tradicional del pueblo shipibo: pasó de 755,1 hectáreas de tala indiscriminada en ese año a 2.753 hectáreas durante el 2021, y registró alertas de deforestación a lo largo de 4.568 hectáreas en el curso del 2022. La organización internacional concluye que se trata del periodo más alto de depredación forestal allí, con lo cual el desbosque total actualmente supera las 25.000 hectáreas.
Poblaciones sobre territorio ancestral
Algunos comuneros shipibos solo saben de oídas sobre las juntas vecinales que se han ido formando en el espacio total que buscan titular a nombre de Santa Clara de Uchunya. Otros narran que se chocaron con la más cercana durante la revisión de sus linderos ancestrales, tras cuatro horas de camino desde el inicio de las plantaciones de palma aledañas a la comunidad. Pero la ruta directa a estos asentamientos no es por ahí, sino luego de cruzar la entrada principal al fundo Tibecocha, que resguarda personal de Ocho Sur P. O sea, varios kilómetros al sur del pueblo indígena.
Para atravesar el puesto de vigilancia camino a las juntas vecinales, los pobladores y visitantes deben seguir la vía por donde los camiones cisternas entran a la planta procesadora con el fin de recoger el aceite crudo que llevarán a Lima (ver reportaje anterior). El tema, aunque lo parezca, no es tan simple: la empresa en coordinación con los moradores establece un orden para los ingresos, que puede ir cambiando de acuerdo con las circunstancias. Hasta la mitad del 2022, conforme La Encerrona lo constató en campo, se permitía el acceso de personas ajenas a los asentamientos los lunes, miércoles y sábados. Después, y en lo que va del 2023, los guardias solo dejan entrar visitantes que hayan sido empadronados por algún habitante de las juntas vecinales. Para ello existe un registro en la garita de control, según señala uno de los residentes.
“La carretera es privada, la empresa la hizo. Ahora, por seguridad, ha tomado esa decisión”, agrega.
A más de 25.000 hectáreas de deforestación llegó el territorio ancestral de Santa Clara hasta fines del 2022. (Imagen: FPP)
La Encerrona consiguió pasar el puesto de vigilancia del fundo Tibecocha y recorrer durante 50 minutos la carretera ondulante que bordea las plantaciones de palma de Ocho Sur P. Enseguida, por medio de una trocha amplia, la única línea de transportes que recorre aquella ruta llega a la primera junta vecinal: Santa Anita de Bimboya. Son 13 hectáreas de selva situadas en el punto límite de la región Ucayali con Loreto, que marca la quebrada Otorongo. La dirigente Bernith Tananta relata que hace cuatro años las 29 personas que habitan Santa Anita de Bimboya estaban ubicadas del otro lado de la quebrada, o sea, en la localidad de Tiruntán (Loreto). Allí, como parte de la Asociación Civil Agroforestal del Otorongo, el juez de paz a cargo les otorgó constancias de posesión. Pero con la irrupción de una empresa palmera, de proporciones similares a las de Ocho Sur, detalla Tananta, tuvieron que cruzar la quebrada Otorongo y asentarse en Ucayali, cerca de la quebrada Bimboya. De ahí el nombre con que empezaron a llamar al lugar, desde el 2018. En diciembre del 2020, la Municipalidad de Nueva Requena reconoció a Santa Anita de Bimboya como junta vecinal.
“En el otro lado tumbaron nuestras casas y quemaron nuestras parcelas. Asustados salimos y formamos un pueblito acá”, dice Bernith, sentada en la bodega que ha empezado a implementar.
Las casas de Santa Anita de Bimboya son distantes entre sí y, en su mayoría, están separadas por frutales y trozos de bosque. William Marín, presidente de esta junta vecinal, sostiene que los 29 moradores se enteraron de que el territorio donde están era requerido por Santa Clara de Uchunya cuando ya se habían instalado en Ucayali. “Pero hasta ahora ningún representante indígena ha venido, tampoco hemos sido denunciados”, refiere. El principal problema en Santa Anita no es la superposición con el área de uso tradicional de la comunidad shipiba, pues saben apenas de las gestiones en marcha para que aquello sea titulado. Lo que realmente les preocupa es la poca cantidad de pobladores que tienen para lograr su categorización como caserío (el requisito mínimo es 100).
A 10 kilómetros de distancia, en una prolongación de la vía que llega a Santa Anita de Bimboya, siempre al límite de Ucayali con Loreto, se encuentra Valle del Bimboya. El presidente de esta junta vecinal, Aroldo Portocarrero, comenta a La Encerrona que unas 50 familias procedentes de diversas partes de la selva peruana viven y cultivan arroz y maíz entre las 5.322 hectáreas donde están posicionados, desde el 2014. Del área total, 4.322 hectáreas están tituladas a nombre de la empresa Bioamazon, de acuerdo con Registros Públicos, y las otras 1.000 hectáreas corresponden a una zona del bosque de producción permanente de Ucayali. Portocarrero narra que Bioamazon adquirió el terreno en el 2010 y suscribió un contrato con el Ministerio de Agricultura para hacer un estudio de factibilidad del suelo y trabajar sembríos de palma.
“Pero no hicieron nada. Ahora nosotros estamos avanzando en los trámites para la nulidad de ese título”, indica. En cuanto al sector del bosque de producción permanente que ocupan, el líder vecinal precisa que solo encontraron deforestación allí y que utilizaron esas tierras para hacer sus chacras.
Valle del Bimboya y, en consecuencia, todas las superposiciones que encierra están sobre el territorio ancestral que Santa Clara de Uchunya solicita. El tema de la petición indígena parece no ser prioritario en el interés de los residentes de Valle del Bimboya. Para Aroldo Portocarrero, la comunidad nativa no llegará a recibir la ampliación de 86.713 hectáreas porque así abarcaría bosque de producción permanente casi en su totalidad. La atención de los dirigentes de la junta vecinal está centrada más bien en el litigio que tienen con Bioamazon. Pese a toda la maraña de disputas, el 6 de febrero del 2020, la Municipalidad Distrital de Nueva Requena reconoció como junta vecinal a Valle del Bimboya, conforme a la resolución oficial a la que La Encerrona tuvo acceso. Previamente, según cuenta Portocarrero, instancias estatales incluso proveyeron al lugar de una escuela y paneles solares.
En este puesto de vigilancia, Ocho Sur controla el ingreso de vehículos y personas a la carretera que bordea el fundo Tibecocha. (Foto: Hugo Alejos)
Unos catorce kilómetros separan a Valle del Bimboya de Belén de Judá, una junta vecinal reconocida por la Municipalidad Distrital de Nueva Requena en el 2021, y que se asentó como poblado a lo largo de 8.000 hectáreas. Así lo describe para este reportaje Rosa Ramírez Matencio, expresidenta del sector, cuya situación es muy similar a la de los asentamientos vecinos. Ramírez tiene claro que una parte de las 8.000 hectáreas que abarca Belén de Judá está dentro del bosque de producción permanente de Ucayali. En 5.000 hectáreas del espacio total, precisa, están dispersos más de 40 parceleros dedicados al cultivo de maíz, yuca, plátano y también a la ganadería. Las otras 3.000 hectáreas están sobre parte de los terrenos correspondientes a Bioamazon y Biopower, empresas constituidas para la siembra y procesamiento de palma aceitera, pero que no tienen actividad en la zona. La exdirigente puntualiza que, si bien hay moradores de Belén de Judá y sembríos en las 3.000 hectáreas tituladas para Bioamazon y Biopower, todavía no han podido consolidar como propio aquellas zonas. Y tal como ocurre en Valle del Bimboya, Belén de Judá y las superposiciones que contiene también están en el espacio ancestral que Santa Clara de Uchunya busca titular a su nombre.
El exlíder del pueblo shipibo Carlos Hoyos aproxima que hay otras nueve juntas vecinales más posicionadas entre las 86.713 hectáreas: “Unión Ucayali y Nuevo Israel, por ejemplo, también gente del caserío Nuevo Edén”, menciona.
Aun cuando existen grandes concesiones forestales en la zona requerida por Santa Clara, el análisis realizado por Forest Peoples Programme permite apreciar que la deforestación en los puntos donde se asentaron las juntas vecinales está más relacionada a la actividad de posesionarios que a un desbosque a gran escala con fines comerciales.
Avales de ilegalidad
Para que una organización vecinal o social sea reconocida o inscrita en el registro de un gobierno local, conforme a las normas oficiales, debe presentar principalmente un acta de fundación, padrón de miembros, nómina de su directiva y el plano del espacio al que corresponde. La resolución que emite el municipio distrital, no obstante, no genera para la organización ningún derecho de propiedad sobre el suelo, solo reconoce su existencia en el lugar. En el caso de los poblados que se han ido constituyendo dentro del espacio de uso tradicional que reclama Santa Clara de Uchunya, sus habitantes formaron juntas vecinales incluso a través de Registros Públicos y acudieron a la Municipalidad Distrital de Nueva Requena para que los reconozca como ese tipo de organización vecinal (junta vecinal). La Subgerencia de Desarrollo Social fue la oficina que recibió las solicitudes y que realizó un informe técnico para cada uno de los casos. Cada documento pasó luego a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Asesoría Jurídica, que sellaron las resoluciones de reconocimiento junto con el exalcalde distrital Gilder Pinedo.
Así lo corroboró La Encerrona al revisar seis resoluciones, a las cuales tuvo acceso. Ninguna contiene las coordenadas de los lugares a los que las juntas solicitantes pertenecen. El circuito que siguieron los pedidos aprobados, además, fue descrito para este reportaje por la administradora Iris Castillo, quien estuvo a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena hasta fines de diciembre. En esta oficina, una construcción de madera alejada de la sede principal del municipio, Castillo admite como un error que no se realice la verificación de las zonas a donde corresponden las juntas vecinales que solicitan reconocimiento. “Simplemente deben traer sus planos, nada más”, indica.
De esta manera, las superposiciones de poblados en el bosque de producción permanente de Ucayali y el territorio ancestral de Santa Clara de Uchunya empezaron a avalarse desde la Subgerencia de Desarrollo Social del municipio de Nueva Requena. Y pese a que el reconocimiento no les otorga derechos sobre el suelo, las juntas vecinales extendieron casas, cultivos y recibieron apoyo de aquella alcaldía en cuanto a infraestructura y carreteras.
“La municipalidad no les reconoce el terreno (a las juntas vecinales), sino como persona jurídica, y no pone dónde están ubicadas. Entonces qué legalidad pueden tener”, resalta la abogada Linda Vigo.
Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Estado peruano en 1993, establece que la posesión ancestral de un territorio equivale al título de propiedad. Así, protege la relación cultural y espiritual entre los pueblos y su ámbito. Una situación que, en el caso de Santa Clara, no ha ocurrido.
La vía que circunda las plantaciones de Ocho Sur, en el fundo Tibecocha, tiene prolongaciones hasta poblados invasores. (Foto: Enrique Vera)
Santa Clara de Uchunya vive un cisma por estos días. Desde mayo del 2022, el apu es Wilson Barbarán, a quien parte de la comunidad y de su propia junta directiva rechazan por haber tomado el cargo luego de una asamblea extraordinaria para la que no se formó un comité electoral ni hubo convocatoria a la población. El hecho, ocurrido el 17 de enero del 2022, es narrado en una solicitud cautelar planteada por la dirigencia comunal de aquel entonces. La abogada Vigo sostiene que con Barbarán la empresa palmera ha tenido mucha llegada, mediante donaciones, a diversas familias del pueblo shipibo no originarias y que así las condiciona. Del otro lado, están los comuneros representados por los dirigentes y exautoridades que encabezan la defensa de Santa Clara. Un importante paso para este frente de lucha fue una medida cautelar, emitida en octubre por el Poder Judicial, que establece la continuidad en funciones de la junta directiva que lideraba Hoyos. Nada ha tenido efecto hasta ahora. Barbarán sigue como apu, y Ocho Sur tiene cada vez más acceso al pueblo.
Procesos en marcha
El Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Dirección de Gestión del Territorio de la Autoridad Regional Ambiental, es la entidad que puede categorizar a un poblado como caserío y, con ello, determinar la demarcación del territorio que realmente le pertenece. Ello, toda vez que el poblado o su junta vecinal solicitante cumpla con las exigencias contenidas en la Ley de Demarcación y Organización Territorial (Ley 27795): más de 150 habitantes, contar con un local comunal y un colegio en funcionamiento, no estar superpuestos a predios privados, comunidades nativas y concesiones forestales.
En cuanto a los sectores reconocidos como juntas vecinales, que están superpuestos al área de uso tradicional de Santa Clara de Uchunya, el Gobierno Regional de Ucayali informó para esta investigación que ninguno ha sido categorizado como caserío ni tiene solicitudes en trámite para conseguirlo. En consecuencia, los pobladores de las juntas cuyos dirigentes conversaron con La Encerrona tampoco tienen certificados de posesión de los predios que ocupan.
Los dirigentes de Santa Anita de Bimboya y Nuevo Edén, por ejemplo, indican que la constancia de posesión es uno de los requisitos para acceder al Programa de Alianza y Producción Estratégica (PAPE) de Ocho Sur. En su portal web, el grupo empresarial anota que mediante el PAPE financia a pequeños agricultores vecinos para que trabajen hasta 10 hectáreas de palma aceitera en sus terrenos de uso agrícola. Se trata del programa al que hace referencia el exapu de Santa Clara de Uchunya Efer Silvano cuando comenta sobre una de las supuestas modalidades que tiene la empresa para expandirse. Lo concreto es que al menos en Santa Anita de Bimboya y Nuevo Edén, lugares a donde La Encerrona llegó, hubo gestiones para adherirse al PAPE pero, según señalan sus líderes vecinales, no contar con los documentos en regla de los terrenos que ocupan fue el principal impedimento para los habitantes.
“Por no tener el certificado de posesión tampoco podemos acceder a proyectos del Estado”, apunta Jairo Coronel, exsecretario de actas de Nuevo Edén, sector cuyo caso da cuenta de otro complicado escenario para Santa Clara de Uchunya.
Jairo Coronel cuenta que, en agosto de 1989, la entonces Subprefectura Provincial de Coronel Portillo reconoció como caserío a Nuevo Edén en un espacio colindante a las 86.713 hectáreas de uso tradicional de Santa Clara de Uchunya. Era un área de más de 40.000 hectáreas habitada por integrantes de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, quienes habían obtenido un título de propiedad solo para 3.000 hectáreas. Tiempo después, la congregación israelita abandonó el terreno, explica Coronel, pero más de 500 familias procedentes de Huánuco, Junín y Amazonas lo han ido poblando. El agente municipal de Nuevo Edén, Ezequiel Alarcón, añade que grupos de invasores también fueron tomando parte del caserío e incluso expandiéndose más allá de los hitos. Para él, esa sería la razón por la cual el exapu Carlos Hoyos indica que habitantes de Nuevo Edén también se han posicionado en el territorio ancestral de Santa Clara, pues el caserío y la comunidad tienen “un acuerdo de respeto”.
Las más de 40.000 hectáreas de Nuevo Edén, incluidas las 3.000 con título de propiedad, quedaron dentro de los 4.089.926 de hectáreas que fueron establecidas como área del bosque de producción permanente para la región Ucayali, en el 2002.
“Por eso para el Estado somos invasores. No nos quieren dar constancias de posesión porque estamos dentro del BPP”, indica Jairo Coronel.
Santa Anita de Bimboya, ubicado en el límite de Ucayali y Loreto es uno de los poblados que está dentro del reclamado territorio indígena. (Foto: Enrique Vera)
Entre el 2018 y el 2019, el Ministerio de Agricultura aprobó los lineamientos para el redimensionamiento de los bosques de producción permanente. Aquí contempló la exclusión de las zonas con derechos preexistentes al establecimiento de los BPP. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó a La Encerrona que el proceso de exclusión está referido a los lugares donde ya no hay recursos forestales, sino viviendas construidas o lo que rotula como “áreas pobladas”. Así, la delimitación de las zonas de bosque y la identificación de las áreas pobladas actualmente son parte de un trabajo denominado Zonificación Forestal, que desarrollan los gobiernos regionales. El coordinador operativo de la Oficina de Zonificación Forestal del Gobierno Regional de Ucayali, David Moreno, dice para este reportaje que su trabajo está enfocado en determinar las zonas de bosque para aprovechamiento, conservación o tratamiento especial. Y en cuanto a las áreas pobladas, explica, su oficina solo está tomando en cuenta a las que tienen documentación oficial, es decir, aquellas que hayan sido categorizadas como caseríos.
En esa línea, Moreno precisa que dentro de la región Ucayali hay 1.193 áreas pobladas y categorizadas oficialmente como caseríos. De estas, aproxima, más de 60 están enclavadas en el bosque de producción permanente. El coordinador operativo remarca que además existen entre 200 y 300 poblaciones que son totalmente informales o sin ningún tipo de categorización. Por eso, cuando busca en el sistema para la Zonificación Forestal nombres como Valle del Bimboya, Nuevo Israel o Belén de Judá, apenas reconocidos como juntas vecinales después del establecimiento de los BPP, no aparecen.
“No figuran, pero existen. Este tipo de lugares son evidentes en las imágenes satelitales”, refiere el especialista. El único lugar superpuesto al bosque de producción permanente y, conforme a lo analizado para esta investigación, al territorio ancestral de Santa Clara de Uchunya, que figura en el sistema operado por David Moreno, es Nuevo Edén, pues tiene una categorización antigua como caserío. “Este sí ha sido contabilizado. Está dentro del BPP, pero entrará en el proceso de exclusión”, puntualiza.
De otro lado, Werner Angulo, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) en Ucayali, plataforma que sigue la problemática agraria en esa región, refiere que también hay poblados en el bosque de producción permanente no categorizados como caseríos, pero que cuentan en sus áreas urbanas con los requisitos: un colegio o centro de salud en funcionamiento, más de 100 habitantes y servicios básicos. En el caso de Nueva Requena, Angulo menciona, entre otros, a Valle del Bimboya, Nuevo Israel y Belén de Judá. La intención, anota, es que también sean parte del proceso de exclusión en el redimensionamiento del bosque de producción permanente de Ucayali. “Ellos ya dejaron sus expedientes en el Frente Regional de Productores Agrarios y Medioambiente de la Región Ucayali (Frepamaru) para que los envíe al equipo técnico a cargo de la Zonificación Forestal”, expresa el presidente de Conveagro Ucayali. De hecho, una de las disposiciones complementarias sobre el tema, emitidas por el Ministerio de Agricultura en el 2019, apunta que en las áreas sin categorización “procede el redimensionamiento por única vez y de oficio”.
“Se comete una injusticia con muchos poblados y parceleros que están dentro de los bosques de producción permanente. El Estado no puede invertir allí y eso ha generado un retraso del sector agrario en Ucayali”, agrega Angulo.
Ezequiel Alarcón, agente municipal de Nuevo Edén, sostiene, en cambio, que las juntas vecinales apoyadas por Conveagro y Frepamaru formaron estas organizaciones para invadir y operar en el bosque de producción permanente. Una de ellas, refiere, es Nuevo Israel, un antiguo anexo de Nuevo Edén, que fuera separado por traficantes de terrenos y llevado ocho kilómetros adentro del BPP. “Ahora están allí con un reconocimiento municipal”, subraya Alarcón. Nuevo Israel es otra de las juntas vecinales que los comuneros de Santa Clara de Uchunya sindican como invasora de su pretendida área de uso tradicional.
El río Aguaytía separa los dos sectores de la comunidad nativa hasta ahora titulados. A la margen derecha está el territorio convulso. (Foto: Enrique Vera)
La Encerrona consultó al Serfor si las áreas pobladas que sean excluidas del bosque de producción permanente obtendrán así alguna legalidad pese a no estar categorizadas por la Dirección de Gestión del Territorio de la Autoridad Regional Ambiental. El organismo estatal respondió que, al no ser tierras forestales, el destino de estas zonas queda fuera de sus competencias y en manos de la autoridad competente. De esta manera, los poblados o juntas vecinales asentadas sobre el territorio ancestral que pide Santa Clara de Uchunya no adquirirán formalidad inmediata así sean excluidas del bosque de producción permanente de Ucayali, a donde también se superponen. Y en cuanto a las solicitudes de ampliación que tiene una comunidad nativa, en este caso Santa Clara de Uchunya, Serfor subrayó que el procedimiento sigue a cargo de la oficina correspondiente (Dirección Regional de Agricultura de Ucayali), pues la zonificación forestal “no limita ni impide el desarrollo de estos procesos”.
En paralelo, el Congreso de la República del Perú tiene en debate un proyecto que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763). En una de sus disposiciones complementarias, la iniciativa establece la suspensión de la zonificación forestal como requisito para que sean otorgados títulos habilitantes (permiso para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales) sobre los bosques. En otra, propone que los predios titulados o con constancia de posesión donde se desarrollen actividades agropecuarias, y que estén ubicados en áreas sin cobertura boscosa, sean exceptuados del requisito de clasificación de tierras o cambio de uso de suelo. O sea, del permiso que emite el Ministerio de Agricultura si se han realizado estudios previos para determinar si el suelo tiene aptitudes agrícolas .
Autoridades y expertos medioambientalistas han señalado que la entrega de títulos habilitantes es una carta abierta para la deforestación sin control. Y que la exclusión del cambio de uso de suelo dará legalidad a empresas y posesionarios que no fueron autorizados para realizar desbosque e iniciar sus cultivos en la Amazonía. El abogado especialista en materia ambiental César Ipenza opina que el proyecto de ley beneficiaría particularmente a compañías con investigaciones fiscales en proceso por haber deforestado sin la debida autorización.
“Así esa ley se derogue ya el beneficio estará para las empresas, y quedará una situación de impunidad”, remarca el especialista.
A la fecha, Ocho Sur P y Ocho Sur U operan sin haber obtenido permiso para el cambio de uso de suelo. La Primera Fiscalía Corporativa contra la Criminalidad Organizada sostiene que ninguna de las sociedades del grupo Ocho Sur podrá tener la autorización. El requerimiento está pendiente desde los años en que Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali devastaron casi 12.000 hectáreas de bosque a fin de expandir sus cultivos de palma. Es decir, no hubo estudios que concluyeran que el terreno boscoso tenía aptitud agrícola, y el Ministerio de Agricultura tampoco dio autorización de carácter ambiental para el inicio de los sembríos. El grupo Ocho Sur aseguró el año pasado que tiene en trámite sus instrumentos de gestión ambiental desde el 2016, pero que no había obtenido resultados. No obstante, un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que, en diciembre del 2019, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali otorgó a Ocho Sur P y Ocho Sur U permiso para el cambio de uso de suelo en los fundos Tibecocha y Zanja Seca, a pesar de que en dos anteriores oportunidades la misma oficina había denegado el pedido de la empresa. La Contraloría subraya como agravante de la autorización que sobre ambos fundos hay terreno con aptitud forestal y prohibición legal para el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios.
“En el pasado hemos tenido empresas que lograron la aprobación de algunos instrumentos. No obstante, ante la evidencia de los hechos de corrupción y de una falta tremenda de los funcionarios, dijeron que esos documentos nunca existieron o que habían sido falsificados. Una estrategia que da cuenta de que todo está perfectamente armado”, declara el abogado César Ipenza.
En medio de toda la maraña de disputas, procesos inciertos y la agresiva expansión de la palma, el intento de Santa Clara de Uchunya por titular la totalidad de su territorio ancestral se ha convertido en una lucha sin tregua ni final.
- La Encerrona solicitó una entrevista con el grupo Ocho Sur y envió un cuestionario a esta empresa para sus descargos, pero hasta el cierre del reportaje no obtuvimos respuesta.
