La avanzada conservadora de nuestra clase política hace poco probable una pronta aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en el Perú
Hace unos 20 años, más o menos, hice una investigación sobre cómo las mujeres adquirimos el tantas veces negado derecho a voto. Sabía que en nuestro país esto había sucedido el 07 de septiembre de 1955, cuando el entonces presidente Manuel Odría promulgó la Ley 12391; pero gracias a ese trabajo entré a los detalles: el Perú fue el penúltimo país de América Latina en aprobar el derecho al sufragio femenino, y la norma entonces permitió el voto y la posibilidad de ser elegidas solo a las mujeres mayores de edad que supieran leer y escribir. En dicho momento histórico eso dejó fuera de la ciudadanía activa a más del 50% de mujeres mayores de edad, si tenemos en cuenta las cifras del censo más próximo, realizado en 1961, donde se indica que el analfabetismo afectaba al 51,7% de las mujeres de 15 y más años.
Las elecciones generales de junio de 1956 fueron las primeras en las que las mujeres peruanas eligieron y fueron elegidas. Según cifras oficiales, ese día votaron 531.541 mujeres, lo que representó el 34% del electorado. Ese mismo día eligieron a las ocho primeras parlamentarias de nuestra historia. Si bien esto fue y aún es motivo de celebración —todos los 07 de septiembre se conmemora el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer a propósito de la promulgación de le Ley 12391— es preciso reconocer que llegamos tarde a la fiesta que ya se había armado en el vecindario. El reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres en América Latina había empezado mucho antes: en Ecuador en 1929, seguido por Chile y Uruguay en 1931. Cosas que no nos enseñan en el colegio.
Nuestro país fue el penúltimo de la región en reconocer un derecho por el que se había luchado desde 1911, cuando la educadora, periodista y feminista María Jesús Alvarado propuso el sufragio femenino frente a un salón lleno de hombres en un discurso pronunciado en la Sociedad Geográfica de Lima. Desde entonces, fueron muchas las batallas que libraron diversas mujeres para lograr el derecho al voto. Y fueron muchas las puertas que les cerraron en la cara bajo ¿argumentos? tan pueriles que me cuestionan sobre la idoneidad intelectual de quienes los sostuvieron.
Pensaba en esto el último jueves 07 de septiembre al ver las publicaciones en redes en torno a la celebración número 68 del Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Y lo pensaba haciendo el match con otro asunto igual de importante: un día antes, el miércoles 06 de septiembre, las mujeres del mundo celebramos que la Suprema Corte de México despenalizara finalmente el aborto a nivel federal. Aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres mexicanas.
La legalización del aborto es un tema que ocupa a las mujeres alrededor del planeta, como en su momento lo hizo el sufragio femenino. Pero echemos un vistazo a cómo van las cosas en el vecindario latinoamericano: en Colombia, Argentina, Uruguay y Cuba el aborto es legal a petición de cualquier mujer embarazada. Bolivia lo permite en caso de violación, incesto o problemas de salud mental y Ecuador hace lo propio en casos de violación. En el Perú, lo sabemos, contamos con una legislación que permite el aborto terapéutico desde 1924 en situaciones en las que la vida de la madre o su salud estén en riesgo, pero a casi cien años de la promulgación de dicha ley, su aplicación sigue siendo, digamos, problemática.
Hace un par de semanas, a propósito del caso de Mila, la pequeña que quedó embarazada tras ser sistemáticamente violada por su padrastro, vivimos minuto a minuto cómo la aplicación de un aborto terapéutico en nuestro país se convierte en una cuestión de Estado y un encendido intercambio en los espacios de opinión pública. Son tantas las trabas a las que se puede enfrentar una persona en capacidad de gestar para acceder legalmente al aborto terapéutico que muchas, si tienen los recursos, prefieren acudir a un anuncio de “atraso menstrual”, tras cuyo eufemismo se ofrecen abortos clandestinos, la mayoría de ellos inseguros. En muchos casos, mortales.
Acceder a un aborto en el Perú es otro privilegio más signado por el dinero y por la lógica del mercado en lugar de ser una política pública de salud o de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. La salud sexual y mental de las mujeres no importa. Mucho menos la posibilidad de decidir sobre su proyecto de vida. Lo que importa es empujarlas a cumplir el deber ser de la maternidad bajo cualquier circunstancia. Una maternidad de la cual la sociedad se desentiende más pronto que tarde.
Así como en el siglo XX hubo mujeres que cargaron sobre sus hombros la lucha por la aprobación del voto femenino en el Perú, hoy tenemos varias iniciativas de mujeres que impulsan la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, y otras tantas que apuestan por el acompañamiento —entre ellas esta— a quienes logran acceder a un aborto. La avanzada conservadora de nuestra clase política hace poco probable que podamos hablar de una pronta aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en el Perú. Otra vez vamos rezagados respecto al vecindario, y si bien saber esto cansa, no nos desamina. Seguimos en la lucha por no ser nunca más las últimas de la fila.