- En noviembre de 2025, autoridades peruanas y estadounidenses decomisaron 9.3 toneladas de aletas de tiburón en el puerto del Callao, una de las mayores incautaciones de Latinoamérica.
- A pesar de que el principal investigado fue detenido en flagrancia y enfrenta un proceso penal, el Ministerio de la Producción (Produce) continuó aprobando sus solicitudes de exportación de aletas.
- Desde la incautación a junio de 2026, esta empresa, Inversiones Perú Flippers, ha obtenido permisos para exportar a Hong Kong más de nueve toneladas de aletas secas de especies protegidas por la CITES.
- El análisis de múltiples resoluciones del Produce realizado por Mongabay Latam revela que en varias ocasiones la empresa no demostró el origen de las aletas, pero el Produce no le ha impuesto sanciones.
En noviembre de 2025, Perú fue escenario de una de las mayores operaciones contra el tráfico de vida silvestre en Latinoamérica. Las autoridades peruanas, con apoyo de Estados Unidos, incautaron más de nueve toneladas de aletas secas de tiburón en un inmueble de la provincia constitucional del Callao, uno de los principales puertos pesqueros del país. Para alcanzar esa cantidad de aletas, se estima que unos 9000 tiburones fueron sacrificados.
En la gastronomía asiática, las aletas de tiburón son consideradas un ingrediente de prestigio y son de gran valor. Según las autoridades, lo incautado en el Callao tenía un valor de 11.2 millones de dólares en el mercado negro.
Estas aletas provenían de varias especies amenazadas, muchas de ellas protegidas por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Por tratarse de especies incluidas en el Apéndice II de la CITES, el comercio internacional de estas especies no está prohibido, pero sí se encuentra estrictamente regulado. Las empresas exportadoras están obligadas a solicitar permisos de exportación ante el Ministerio de la Producción (Produce) —que es la autoridad CITES en Perú— y para ello deben demostrar el origen legal y la trazabilidad exhaustiva de sus productos.
Además, es obligatorio que la especie que se pretenda exportar cuente con un Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP), emitido por el Ministerio del Ambiente tras una evaluación científica que determina si el comercio de esa especie no afecta a la población natural.
“La trazabilidad solo se cumple si todos los pasos se siguen correctamente. Esto incluye los CDT [Certificado de Desembarque del Recurso Tiburón], que desde este año se están llenando de forma digital y son entregados por fiscalizadores del Produce en los puertos, las guías de remisión [documentos oficiales que sirven para acreditar la cadena de custodia, la propiedad y el transporte físico de los productos] y los certificados de procesamiento”, explica Alicia Kuroiwa, bióloga experta en tiburones e investigadora asociada del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia.
Sin embargo, de acuerdo con las autoridades policiales y fiscales, el principal acusado tras la incautación en el Callao, Juan Roberto Quispe Huamaní, pescador y gerente general de Inversiones Perú Flippers, no mostró documentos que acrediten el origen legal de las aletas.
La paradoja es que, a pesar de que Quispe Huamaní viene siendo investigado formalmente por presunto tráfico de especies y por supuestamente liderar una organización criminal transnacional, los vacíos burocráticos y la aparente facilidad para falsificar documentos están permitiendo que continúe exportando aletas de tiburones amenazados, tal como lo prueba Mongabay Latam, tras la revisión exhaustiva de las resoluciones de exportación emitidas por el Ministerio de la Producción.
Desde la incautación en el Callao, el Produce le ha autorizado a Quispe Huamaní la exportación de más de nueve toneladas de aletas secas, casi la misma cantidad que le fue incautada en noviembre de 2025. Las aletas corresponden en su mayor parte a tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), una especie considerada En Peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Una de las incautaciones más importantes de Latinoamérica
Para entender la gravedad del caso hay que remontarse al operativo del 10 de noviembre de 2025. Aquel día, la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de la Dirección de Medio Ambiente, intervino a Quispe Huamaní mientras conducía un vehículo que transportaba 112 kilos de aletas frescas de tiburón, sin ningún tipo de documentación que acreditara su procedencia legal.
Ante la flagrancia, la Policía solicitó la intervención del Ministerio Público. Con apoyo de la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, los agentes inspeccionaron el almacén de la empresa Inversiones Perú Flippers, de la cual Quispe Huamaní es gerente general y único representante legal, y que está ubicada en la provincia constitucional del Callao. Allí encontraron 338 sacos que contenían 9380 kilos de aletas de tiburón.
Durante la intervención, la policía detuvo también a otras dos personas. No obstante, Quispe Huamaní fue sindicado como el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de fauna marina.
Este operativo, considerado uno de los más grandes de Latinoamérica, recibió incluso apoyo internacional. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de ese país brindaron financiamiento, coordinación operativa y capacitación especializada al equipo peruano durante toda la investigación previa. “Esta operación demuestra el impacto directo de la cooperación entre Estados Unidos y Perú para enfrentar el tráfico de vida silvestre y el crimen organizado ambiental, que amenazan los ecosistemas marinos, las economías locales y la seguridad regional”, declaró en ese momento el subdirector adjunto de Cumplimiento de Leyes del USFWS, Doug Ault.
A decir de las autoridades peruanas, ese día se desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de especies acuáticas.
“Se logró la captura y desarticulación de una organización criminal. Estuvimos investigando más de un año y dio este fruto importante”, indicó en declaraciones a la prensa el entonces jefe de la División de Investigación Criminal de la PNP, general Manuel Lozada.
La Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado dispuso la inmovilización de todo lo incautado e inició una investigación por supuesto tráfico ilegal de especies y por presunta criminalidad organizada contra Quispe Huamaní y otros implicados.
Las aletas incautadas estuvieron en la Dirección de Medio Ambiente de la Policía hasta el 9 de junio de 2026 para su respectivo estudio. Hoy, están guardadas en los almacenes de la empresa implicada, aseguraron a Mongabay Latam desde la Fiscalía. La explicación es que el Produce no habría aceptado la custodia, debido a que la incautación no fue realizada por su entidad.
Este medio conoció en exclusiva que tras el análisis científico que se extendió por más de siete meses, las autoridades confirmaron que, entre lo incautado, se encontraron aletas de tiburón de varias especies CITES de los apéndices III, II y I. En este último la importación y exportación se encuentran completamente prohibidas.
Según la Embajada de Estados Unidos en Perú, el seguimiento policial que terminó en la millonaria incautación expuso el supuesto modus operandi de una red transnacional: la organización compraba aletas a pescadores ecuatorianos y las declaraba falsamente como capturadas en aguas peruanas para facilitar su libre tránsito. Una vez secadas y almacenadas en el Callao, el destino final de las aletas de tiburón era su exportación a países asiáticos.
Esa es la hipótesis que viene investigando el Ministerio Público.
¿Quién es Quispe Huamaní?
Desde hace 15 años, Quispe Huamaní es gerente de la empresa Inversiones Perú Flippers, una de las principales exportadoras de aletas de tiburón del país. Ya en 2019, investigaciones periodísticas señalaban tanto a él como a su empresa como importantes compradores en Perú de cargamentos sospechosos provenientes de intermediarios en Ecuador.
Una investigación de Mongabay Latam publicada en 2023 reveló que Inversiones Perú Flippers fue una de las nueve empresas que entre 2017 y 2021 exportaron más de 153 toneladas de aletas de tiburón con permisos que no cumplían con los requisitos. En ese entonces, el análisis de los expedientes identificó que Inversiones Perú Flippers exportó 1937 kilos de aletas de tiburón martillo (Sphyrna zygaena) y tiburón zorro común (Alopias vulpinus) con permisos que le otorgó Produce en 2017 y 2019, a pesar de que no presentó los comprobantes de adquisición de esas aletas y que hubo documentos manipulados.
Además, en abril de 2024 Quispe Huamaní fue condenado a una pena de dos años y siete meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil tras aceptar los cargos por el delito de extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas.
Pese a los cuestionamientos, Quispe Huamaní ostentaba el cargo de presidente de la Asociación de Proveedores de Productos Hidrobiológicos del Perú. Incluso, en marzo de 2024, participó en una reunión oficial —junto al presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú y otros representantes— con el entonces Director General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Produce, Noé Balbín. El objetivo de esa reunión era discutir la problemática de las aletas de tiburón para exportación y los permisos CITES, y llegaron incluso a firmar actas de acuerdos.
Mongabay Latam contactó a Noé Balbín, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta. Así mismo, intentó comunicarse con Quispe Huamaní para conocer sus descargos, a través de los números de teléfono y correo electrónico que consigna en sus expedientes de exportación, pero tampoco hubo respuesta.
El Produce le sigue dando permisos
Para saber qué ha pasado con Inversiones Perú Flippers después de la incautación en el Callao y tener detalles de los permisos que obtuvo antes de la intervención, Mongabay Latam analizó las 48 resoluciones que el Produce emitió, entre enero de 2025 y junio de 2026, en respuesta a las solicitudes de exportación de especies CITES realizadas por la empresa.
La revisión de los documentos revela que, después de la millonaria incautación de noviembre y de la detención en flagrancia de Quispe Huamaní, el Ministerio de la Producción declaró procedentes seis permisos de exportación para 9087 kilos (más de nueve toneladas) de aletas secas, correspondientes en su mayor parte a tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus).
Además, entre enero de 2025 y la fecha de la incautación (noviembre de ese mismo año), el Produce aprobó la exportación a Hong Kong de 23 721 kilos (más de 23 toneladas) de aletas secas. Las especies autorizadas fueron tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), tiburón azul (Prionace glauca), tiburón zorro común (Alopias vulpinus), tiburón martillo (Sphyrna zygaena) y tiburón mantequero (Carcharhinus brachyurus). Todas se encuentran clasificadas en riesgo de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y están comprendidas en el Apéndice II de CITES.
El abogado especializado en materia ambiental César Ipenza explica que mientras no haya una sanción o una medida judicial el Produce no puede prohibirle a ninguna empresa seguir operando. Sin embargo, dado los antecedentes, podría aplicar mecanismos de verificación y filtros excepcionales para revisar los documentos presentados por Inversiones Perú Flippers en sus solicitudes de exportación.
“Esta incautación fue pública, la autoridad lo conoce y debería tener mayores medidas para fiscalizar. El Produce puede aplicar medidas precautorias, como tomarse más tiempo para la revisión del expediente de esta empresa o tener mayores mecanismos de verificación. Tampoco pueden tratarlos como si no hubiera pasado nada”, dice el abogado.
El Produce advirtió irregularidades pero siguió con la tramitación
El análisis de los expedientes realizado por Mongabay Latam revela además que, hasta en seis casos, la máxima autoridad pesquera advirtió irregularidades en las solicitudes de Inversiones Perú Flippers. Sin embargo, como se evidencia en las resoluciones, continuó aprobando los permisos de exportación.
Una de las irregularidades más graves fue la aparente falsificación de documentos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
En agosto de 2025, la empresa solicitó permiso para exportar a Hong Kong 776 kilogramos de aletas secas de tiburón azul. De ese total, según consta en la Resolución Directoral Nº 691-2025 (emitida el 30 de septiembre de 2025), el Produce declaró improcedente la exportación de 123 kilogramos tras descubrir que la empresa había presentado un documento de traslado presuntamente alterado o modificado para ocultar un vacío en la ruta de la mercancía.
La empresa intentó subsanar la situación presentando una guía de remisión corregida, pero al escanear el código QR, la autoridad pesquera detectó que el documento físico no coincidía con el archivo oficial de la Sunat, evidenciando una presunta falsificación de documentación oficial. “De la verificación efectuada a través del código QR dispuesto en dicha guía, utilizando el enlace oficial de validación de la Sunat, se ha constatado que el documento presentado, vía subsanación de observaciones, no coincide con el archivo PDF generado por dicha entidad pública”, precisó el Produce en su resolución.
La exportación de la diferencia —653.70 kilos de aletas secas de tiburón azul— sí fue autorizada.
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Esa misma irregularidad detectada se repitió de manera idéntica con un cargamento de 24 kilos de tiburón en noviembre de 2025, según consta en la Resolución Directoral Nº 726-2025.
Además, hace apenas unas semanas, según consta en la Resolución Directoral Nº 311-2026, de fecha 5 de junio de 2026, la empresa solicitó permiso para exportar más de 4000 kilos de aletas secas de tiburón zorro pelágico, pero Produce rechazó el permiso para cerca de la mitad (1829 kilos) debido a que la empresa no logró acreditar el origen legal de esas aletas ni su trazabilidad. En concreto, la autoridad detectó que la empresa presentó documentos con graves inconsistencias en tres etapas clave: en la compra a proveedores, en el traslado y en el procesamiento de las aletas.
Según la resolución, la empresa admitió no contar con las declaraciones juradas de los pescadores iniciales, un documento obligatorio para demostrar la trazabilidad, argumentando que, tras el paso de tres años (habían adquirido las aletas en 2023), ya no tenían vínculo con ellos. “No hemos logrado ubicar a las personas involucradas para las firmas correspondientes de la declaración jurada del pescador, ya que hace más de tres años que no tenemos vínculo comercial con ellos”, argumentó Inversiones Perú Flippers.
Además, la empresa entregó documentos que ya habían sido utilizados para exportar otra partida de aletas. En ellos habría manipulado ciertos datos de manera que coincidieran con el nuevo cargamento. Esto también fue advertido por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes).
Ante estas observaciones, el Produce concluyó que “no resulta posible verificar de manera fehaciente la continuidad e integridad de la cadena de custodia ni acreditar la trazabilidad del recurso hidrobiológico desde su desembarque hasta la obtención del producto final procesado”. En consecuencia, indicó en su decisión que “no es posible generar certeza suficiente sobre el origen legal y la trazabilidad de los especímenes en materia de evaluación”.
Al igual que en otros casos, el Produce sí aprobó la exportación de la diferencia de kilos para los que se demostró la trazabilidad, que en este caso fue de 2302 kilos de aletas secas de tiburón zorro pelágico.
Ante la aparente alteración de documentos, el Ministerio de la Producción ordenó correr traslado y poner formalmente en conocimiento de los hechos a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca y Acuicultura, a la Procuraduría Pública, y en algunos casos al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y a la SUNAT para que inicien las acciones penales y sancionadoras correspondientes.
Sin embargo, la Dirección de Sanciones del Produce aseguró a Mongabay Latam que en sus bases de datos “no se registran Procedimientos Administrativos Sancionadores recaídos contra la Empresa Inversiones Perú Flippers, ni contra el señor Juan Roberto Quispe Huamaní”.
Según Ipenza, en todos los casos en los que Produce encontró irregularidades debió iniciarse un procedimiento sancionador. “Si encuentra irregularidades debería iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa y dependiendo de su reglamento de PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador) podría llegar a sancionarla”, precisa.
Además, según el abogado ambientalista, es cuestionable que el Produce haya aprobado permisos parciales en las solicitudes donde advirtió irregularidades. “Si la misma autoridad encuentra irregularidades podría suspender [toda la solicitud], tomarse más tiempo y hacer una mayor fiscalización. Además, agregó que “es muy extraño que no haya iniciado ningún procedimiento [sancionador]”, aunque advirtió que ello “respondería a lo que se ha visto antes: una autoridad que facilita en lugar de controlar”.
Mongabay Latam contactó al Produce para obtener su versión pero hasta la publicación de este reportaje no obtuvo respuesta.
Una acusación por crimen organizado
Dos semanas después de la incautación de 2025, la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado solicitó 36 meses de prisión preventiva para Quispe Huamaní, el máximo en casos de crimen organizado. Sin embargo, el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ordenó solo una comparecencia con restricciones.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el imputado operaba como cabecilla de una red de crimen organizado dedicada al tráfico ilegal de especies acuáticas de forma agravada. Argumentó que la magnitud del cargamento incautado en el Callao evidenciaba una estructura logística compleja, diseñada para el acopio transnacional; que existían antecedentes de alteración documental y de probables exportaciones ilícitas hacia el mercado asiático.
Incluso señaló que las aletas de tiburón martillo, especie En Peligro y de gran valor comercial, se encontraban estratégicamente ocultas dentro de los sacos y rodeadas de otras aletas de menor valor para evitar su detección.
Pero el juez sostuvo que la Fiscalía no pudo probar la existencia de una organización criminal y que el imputado actuó como representante de su empresa formalmente constituida y fiscalizada por el Ministerio de la Producción. “El peligro procesal fue constituido por la Fiscalía bajo la premisa de estructura criminal (…). Al no acreditarse dicha estructura, el riesgo de obstaculización se debilita sustancialmente. No existen otros coimputados que pudieran ser influenciados. No hay evidencia de redes de logística criminal ni pluralidad operativa. Corresponde valorar que el imputado cuenta con domicilio, familia, empresa formal y documentación fiscal y registral vigente que demuestran arraigo razonable”, señaló el juez.
Por no demostrarse la imputación del delito de crimen organizado, el magistrado dictó una medida de comparecencia con restricciones por nueve meses, acompañada de un impedimento de salida del país y una caución económica de 50 000 soles (unos 14 600 dólares). No obstante, la Fiscalía continúa la investigación por crimen organizado y tráfico de especies.
“Pido mi libertad porque tengo gente que trabaja en planilla. Soy un pescador no embarcado, pero genero trabajo, genero empleo (…). Debo al banco por Reactiva 1, Reactiva 2 (préstamos de emergencia del Gobierno con bajas tasas para salvar empresas durante la pandemia del Covid-19). ¿Con qué dinero voy a pagar? El Estado nos da dinero a nosotros, para nosotros también debemos pagar poco a poco”, alegó Quispe Huamaní durante la audiencia.
Según Ipenza, mientras el caso esté en investigación preliminar, la fiscalía puede solicitar una medida cautelar que suspenda cualquier operación de la empresa. “Quedará en manos del juez aprobar o no. Se evidencia un modus operandi, un mecanismo de distribución de roles para, de alguna manera, traficar aletas. No estamos hablando de cualquier especie, sino especies que tienen un mayor nivel de protección no solo nacional, sino también a nivel mundial”, indica el abogado en materia ambiental.
Mientras las investigaciones contra esta y otras empresas continúan, los tiburones en riesgo de extinción seguirán siendo amenazados por un mar de documentos alterados y una aparente red de impunidad que traspasa las fronteras del Perú.
*Imagen principal: incautación de las nueve toneladas de aletas de tiburón en noviembre de 2025. Foto: Embajada de Estados Unidos en Lima
El artículo original fue publicado por Cristina Fernández Aguilar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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