Para el sector más conservador de la sociedad, la defensa de la banalidad del mal es la consigna.
En todo el mundo la realidad política produce memes. En el Perú, la realidad es un meme en sí misma. Pero un meme que ya no da risa. La vocación por el ridículo y la defensa de las medias verdades de gran parte de quienes ostentan el poder —político, económico, social, empresarial, etc.— en nuestro país compite solo con su vocación por la indolencia. No tengamos dudas, pues tenemos pruebas.
Era difícil imaginar, en nuestra historia reciente, un panorama político más indolente que aquel que vivimos en 2009, durante el segundo gobierno de Alan García y lo que aconteció alrededor del lamentable Baguazo. Por un lado, el Congreso de la República evitaba dar cabida a los reclamos de las comunidades amazónicas dilatando sesiones de debate y organizando mesas de diálogo que no llegaban a ningún puerto. El entonces presidente, por su lado, se refirió despectivamente a los ciudadanos que protestaban en Bagua. Ellos, dijo, no eran ciudadanos de primera categoría. Días después, murieron 33 personas para demostrarlo. Son memorables los malabares mentales y políticos que elaboraron los entonces congresistas y buena parte de los ministros para intentar deslindar su evidente responsabilidad política. Participé en la investigación del documental “La Espera. Historias del Baguazo” y vi el asunto muy de cerca. El documental completo y gratuito aquí.
Y vino a mi mente aquel frustrante recuerdo ante la actitud que viene asumiendo el gobierno de turno. No solo la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, sino —sobre todo— el Congreso casi en pleno, han superado la indolencia que caracterizó a la clase política que nos gobernaba durante el Baguazo. En el Perú siempre se puede estar peor
El pensamiento de la clase política actual, en balance, parece resumirse en la frase que el abogado Lucas Ghersi —involucrado en todas las causas que son la delicia de la derecha más conservadora y retrógrada en nuestro país— lanzó en una reciente entrevista en Canal N: “a más derechos humanos, menos democracia”. Reflexionando al respecto, como en aquel meme del 2009, solo puedo decir que Hannah Arendt was right.
Hannah Arendt (1906-1975) fue una brillante pensadora judía nacida en Alemania, y acuñó la idea de “la banalidad del mal” tras asistir al juicio que enfrentó el funcionario del régimen nazi Adolf Eichmann por sus múltiples crímenes. La banalidad de mal se refiere a cómo un sistema, apoyado por el poder político, puede justificar y hasta trivializar las violaciones de derechos humanos al reducirlas a un procedimiento casi burocrático ejecutado por quienes “solo seguían órdenes” sin permitirse la más mínima reflexión moral o ética al respecto. Ejemplos sobre el tema sobran alrededor del mundo, pero podemos acudir a aquellos que nos tocan más de cerca en tiempo y espacio: las protestas tras la caída de Pedro Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte.
Los resultados del infame proceder del poder político, policial y militar han sido registrados en los informes que han presentado organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos ellos dan cuenta del medio centenar de fallecidos en dicho contexto, y que la mayoría de ellos murió a causa de la represión policial. Es decir, a causa del abuso del monopolio de uso de la fuerza que por ley ostenta el Estado. La defensa de los poderes políticos peruanos ha sido paupérrima y primariosa: acuden a la victimización y argumentan que se trata de casos aislados. El sector más conservador de la sociedad ha respondido de forma más agresiva en los espacios en los que se desarrolla el debate público, es decir, los medios y las redes sociales. La defensa de la banalidad del mal es la consigna.
La impunidad, entonces, se ha establecido de espaldas a la ciudadanía. Con cero autocríticas y una visible voluntad de no cambiar el rumbo, el Ejecutivo y el Congreso han decidido seguir con su vida y su mandato y hacer de cuenta que no murieron 49 personas durante las protestas. Y si murieron, en su razonamiento, tal vez fue por su culpa. Solo eso explica que el congresista Jorge Montoya presente un proyecto de ley cuya finalidad apunta a que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un espacio que puede ser perfectible, pero que países como el nuestro necesitan. O que el gobierno peruano haya retirado sin mayor explicación la candidatura de la abogada Julissa Mantilla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y así.
Estamos jodidos, Zavalita. Como siempre y un poquito más. Como ciudadanía tenemos una chambaza: sobrevivir en medio de la inflación y buscar la manera de que nuestros derechos humanos sigan siendo nuestros. Tal vez lo que toca es voltear hacia la comunidad, buscar la común unidad, buscar salidas organizadas, pero ‘en mancha’. Solitxs no la hacemos.
Katherine Subirana Abanto es periodista.
