- La comunidad indígena kakataibo de Santa Martha perdió 106 hectáreas de su territorio tras una georreferenciación aprobada por el Gobierno Regional de Huánuco.
- Los comuneros buscan demarcar por su cuenta el territorio ancestral y establecer sus límites originales ante el temor de nuevas invasiones, cultivos de coca, tala ilegal y apertura de pistas clandestinas para el narcotráfico.
- Santa Martha resiste la presión por parte de redes de la droga en sus contornos: durante la visita realizada por Mongabay Latam se detectó una nueva pista de aterrizaje clandestina en sus límites que registra salidas de vuelos con cargamentos de droga.
- De las más de 14 000 hectáreas que tiene la comunidad, los comuneros aseguran que solo se sienten seguros en 16: Mongabay Latam llegó al sector de mayor amenaza donde tres pistas han sido habilitadas.
Llevan machetes, agua y el fiambre necesario para un día de faena en el monte, quizá dos. Es el 3 de julio de 2026. El sol ha despuntado, pero ninguno de los hombres y mujeres que integran la caravana le hace gestos al calor pesado. Son 35 habitantes de la comunidad kakataibo de Santa Martha, en la Amazonía de Perú, repartidos en cuatro botes que surcan a velocidad el río Sungaruyacu.
Su destino es el extremo norte de la comunidad: una enorme área boscosa en aguda controversia de límites, donde la población ha identificado sembríos ilícitos de coca y continuas incursiones de madereros ilegales. El temor de todos es que se asienten caseríos no indígenas que con el tiempo desmonten el bosque para abrir pistas clandestinas destinadas a la salida de droga. Eso es lo que ocurre en los otros márgenes de Santa Martha, una comunidad cercada por el crimen en donde se habilitó una nueva pista para el narcotráfico.
En diciembre de 2025, el Gobierno Regional de Huánuco emitió una resolución que aprueba la georreferenciación —demarcación oficial del territorio— de Santa Martha, aunque con un recorte respecto de su plano antiguo inscrito en los registros públicos. Esto ha obligado a que los comuneros busquen por cuenta propia trazar una trocha fronteriza siguiendo el perímetro que consideran real. Saben que no será una garantía para frenar las invasiones, pero también que así podrían reclamar por la vulneración de su seguridad jurídica.
El proceso de georreferenciación de una comunidad nativa ya titulada está regido en Perú por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (RM 0370-2017-Minagri). Lo ejecutan las direcciones de agricultura de los gobiernos regionales mediante la actualización cartográfica. De acuerdo con los lineamientos ministeriales, la dirigencia de la comunidad debe presentar una solicitud adjuntando su plano territorial y la memoria descriptiva, o sea, el documento escrito que detalla límites, ubicación y extensión. Después de una reunión en la que se planifica el trabajo de campo, un equipo técnico y representantes del pueblo recorren el lugar para identificar los hitos y linderos. Los datos son procesados y el nuevo plano georreferenciado es sometido a consenso en una asamblea comunal. De haber sido aceptado, se suscribe la resolución de aprobación.
“Hicimos el recorrido con ellos, dejamos los hitos para luego poder demarcar el terreno. Todo coincidió con el plano original; pero cuando sale el documento, teníamos menos terreno”, dice con sorpresa, Walter Pastor, el líder de Santa Martha.
Pastor viaja a bordo de la chalupa que encabeza la misión. Desde que concluyó el proceso de georreferenciación, esta es la tercera vez que dirige una comitiva comunal hasta el mismo sector norte con el objetivo de fijar el límite que defienden. “Tuvimos una asamblea. Los ingenieros trajeron el nuevo plano, dijeron que todo estaba conforme, que no se había modificado nada. Vimos ese plano igualito al antiguo. Hicieron un acta y hemos aceptado”, dice al equipo de Mongabay Latam mientras perfila con el índice un mapa que ha extendido sobre la embarcación.
La Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de Huánuco no reconoció como parte de Santa Martha 106 hectáreas que sí estaban consignadas en el título comunal, es decir, el equivalente a 148 canchas de fútbol profesional. Los kakataibo de Santa Martha trataron de delimitar su lindero histórico en mayo y luego a mediados de junio de 2026, pero por la falta de un especialista que operara los equipos de precisión no se concretó la labor. Esta sofocante mañana de julio los acompaña un técnico contratado para fijar sus coordenadas originales.
Zona de emergencia
Aun cuando el drástico recorte de su extremo norte ha sido un duro golpe para los comuneros de Santa Martha, lo que más mortifica a su líder es que la georreferenciación fue aprobada luego de casi 25 años de pedidos insistentes. En ese tiempo, la comunidad se convirtió en un punto neurálgico dentro de la convulsa zona fronteriza que comparten las regiones peruanas de Huánuco, Ucayali y Pasco, conocida como el “triángulo de la muerte”: un territorio marcado por la presencia de al menos 67 narcopistas y el asesinato de 15 defensores indígenas en los últimos cinco años. Seis eran de la etnia kakataibo. Los crímenes fueron perpetrados por actores del narcotráfico.
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Santa Martha, por ejemplo, registró en su contorno sur el asentamiento de tres caseríos no indígenas: Tununga, Boncuya y Bellavista. Algunos exdirigentes comunales —que también integran la comitiva y cuya identidad protegemos por seguridad— sostienen que a partir de 2016 se expandieron ahí cultivos ilegales de coca y fueron habilitadas las primeras pistas de aterrizaje. El narcotráfico, desde entonces, empezó a ganar terreno. De hecho, al menos uno de aquellos rústicos aeródromos está operativo.
En Santa Martha, además, mafias de invasores de tierras vinculadas con el narcotráfico y la tala ilegal planificaron el asesinato de Arbildo Meléndez, líder de Unipacuyacu, comunidad kakataibo por la que luchaba sin tregua para obtener su titulación. Una demanda hasta ahora no atendida y que hizo de Unipacuyacu terreno fértil también para la instauración de caseríos, la apertura de campos de coca e instalación de laboratorios para el procesamiento de droga.
“Por eso nos importaba tanto que saliera nuestra georreferenciación. Como los linderos no están bien definidos, nunca tenemos claro si están invadiendo el territorio o no. Nos hemos dado cuenta cuando ya había caseríos instalados”, dicen los exdirigentes pisándose las palabras al declarar.
En los cálculos del líder de Santa Martha, no menos de 15 hectáreas ya han sido deforestadas en la frontera norte de la comunidad. Es la franja en la que, a riesgo de las potenciales represalias de cocaleros y taladores, los 35 comuneros intentan señalizar con la apertura de la trocha que marca dónde empieza su territorio ancestral y titulado.
En el resto de la comunidad las cifras también son preocupantes: la deforestación repuntó y pasó de 46 hectáreas perdidas en 2024 a 220 hectáreas en 2025 (la cifra más alta alcanzada desde 2014). Entre marzo y agosto de este año se han detectado más de 8000 alertas de deforestación en el interior del territorio.
Una comunidad replegada
Santa Martha fue reconocida como comunidad nativa en 1979 y titulada, con una extensión de 14 485 hectáreas (que ahora son 14 379), hacia 1986. Tiene dos anexos: Campo Verde y Nueva Alianza. Actualmente, hay 330 familias empadronadas, lo que entre niños y adultos suma una población total de 1140 personas. Según la ley de comunidades y el documento de titulación otorgado, Santa Martha cuenta con 5400 hectáreas para ser empleadas en agricultura o pastos destinados a la ganadería. El resto corresponde a bosques que los kakataibo de esta parte de la Amazonía peruana deben conservar.
Sin embargo, lo que aparenta ser un extenso mapa para los comuneros se reduce apenas a 16 hectáreas donde las casas de madera y ramas alternan con cultivos de plátano y yuca. Se trata del único lugar seguro para ellos. El avance de las economías ilegales sobre el bosque y las amenazas los han arrinconado. Internarse en la espesura para una jornada de caza o vigilancia es desafiar a un terreno hostil. Por eso se desplazan en grupos, protegiéndose del acecho de las mafias, como cumpliendo una condena en su propia tierra.
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Junto con otras nueve comunidades, Santa Martha es parte de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka). El presidente de esta organización indígena, Marcelo Odicio, dijo a Mongabay Latam que hay un número indeterminado de líderes y comuneros amenazados entre las poblaciones que conforman la Fenacoka.
Actualmente, el Ministerio de Justicia (Minjus) tiene identificadas más de 600 situaciones de riesgo que involucran a 921 personas defensoras de derechos humanos y 111 de sus familiares en todo el país. Dentro de este universo, el Minjus ha atendido diversos casos, pero no en todos se ha activado el Mecanismo Intersectorial para Personas Defensoras, una herramienta para garantizar la protección y acceso a la justicia que es cuestionada por su baja efectividad en materia de seguridad.
“No hay una decisión política para que funcione y los presupuestos son limitados. El Ministerio del Interior debía elaborar un protocolo de actuación ante una activación del mecanismo, pero tampoco lo ha hecho”, explica Carlos Rodríguez, abogado y responsable de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El protocolo —prosigue el abogado— debe incluir una serie de pasos delimitados para que el personal policial sepa cómo intervenir de acuerdo con el lugar de la alerta, y así reducir el riesgo de cualquier defensor en situación de vulnerabilidad.
Por abarcar casos muy sensibles, la cantidad total de personas que cuentan con el dispositivo de protección es de naturaleza privada. Marcelo Odicio señala que, entre los integrantes de la federación de comunidades kakataibo, apenas siete están bajo el amparo del mecanismo a pesar del escenario de peligro que se cierne sobre sus pueblos.
Corredor del narcotráfico
El río Sungaruyacu funciona como el borde natural que divide Santa Martha de las densas murallas de vegetación que cubren otros asentamientos no indígenas y parcelas individuales dispersas en la amplitud del campo. Para los comuneros a bordo de los botes que navegan hacia la frontera norte, cada curva del Sungaruyacu demarca por este costado su territorio titulado y el inicio de bosques que controlan las organizaciones criminales. Esta inmensa serpiente de agua —aseguran— es una de las principales vías que el narcotráfico utiliza para llevar sus cargamentos de droga hasta las pistas de aterrizaje clandestino habilitadas en un área próxima al caserío Santa Teresa de Huito.
“Hay dos pistas en nuestra colindancia con el río por aquel lado. No podemos acercarnos por el peligro, ni siquiera detenernos a ver de lejos”, cuentan los comuneros bajo el ruido de las embarcaciones que cortan el caudal.
Entre los troncos e islotes de piedras que brotan del río se asoma de golpe la mitad del fuselaje de una avioneta. Solo una parte de la cabina y el ala derecha emerge de la corriente, como si el Sungaruyacu estuviera terminando de devorar el armazón que componía. La silueta de metal refulge bajo el sol en un remanso del cauce. Pero todos convienen en seguir la marcha, pues en cualquier embarcación que despliega el mismo rumbo podría haber miembros de la red propietaria de la nave hundida.
Nadie tiene claro desde cuándo quedó así la avioneta. Si cayó al río en un intento de aterrizaje forzoso o si fue arrojada sobre este tramo del Sungaruyacu al quedar inservible. Lo concreto, según coincide la comitiva, es que se trata de un modelo de aeronave común utilizado por las bandas de narcotráfico que sacan cargamentos de cocaína desde las pistas cercanas a Santa Teresa. Puesto de pie, el tono con que alerta uno de los comuneros a bordo evidencia el impacto del hallazgo: “Hace poco, después de dos meses, hemos vuelto a escuchar el vuelo de avionetas. Esta debe ser una de ellas”.
Uno a uno los botes se detienen frente a una casa hecha de palos. El sector se llama Venado y está muy cerca de la confluencia de la quebrada del mismo nombre con el Sungaruyacu. En la otra margen del río, tras la espesa pared de selva, empiezan a extenderse los parajes que albergan las pistas. Desde nuestra posición, aparecen como delgadas líneas de tierra que se diluyen a lo lejos. El vuelo del drone permite precisar que no están muy distantes del Sungaruyacu ni son lejanas entre sí.
Son tres trazos habilitados en diferentes direcciones. En los extremos de uno aparecen decenas de árboles tumbados formando montículos que aún no han sido despejados. Todo indica que es una pista implementada hace poco, por lo cual hasta ahora era desconocida para los kakataibo de Santa Martha. En su extensión cruza uno de los recodos del área comunal. De este trazo estarían partiendo los vuelos puesto que los otros dos presentan cráteres de detonaciones y vegetación crecida por una aparente inactividad.
“La policía llega, revienta las pistas y se va. Pero en poco tiempo las vuelven a implementar y quedan operativas”, asegura Odicio con firmeza. Mongabay Latam pidió una entrevista con la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, pero al cierre de esta investigación no obtuvo respuesta.
La brigada kakataibo sigue a pie por un sendero que atraviesa el bosque de Santa Martha y conduce hacia la frontera en controversia. Walter Pastor proyecta que son unas tres horas de caminata hasta la zona donde buscarán establecer su trocha demarcatoria. Machete en mano, corta matorrales, despeja la maleza, abre trocha cuando el follaje se torna más tupido. El manto que forman las copas de los árboles de lupuna (Ceiba pentandra) y cumala (Virola sebifera Aubl) solo deja ver por trechos que el cielo es cambiante: el resplandor que abruma va pasando lentamente a una tonalidad negruzca. Una lluvia violenta se descarga y empantana el monte.
Durante un kilómetro más los 35 kakataibo de Santa Martha tratan de alcanzar su objetivo, pero lo inestable del suelo los empuja a avanzar por otros caminos que terminan desorientándolos. Con el apremio de que oscurezca y queden aún más expuestos a cualquier riesgo, deciden volver. La lluvia no cesa mientras regresan a Venado para abordar de nuevo los botes, y persistirá en las dos horas de retorno por el río Sungaruyacu hasta la comunidad.
En la actualidad, Santa Martha continúa sin una georreferenciación oficial que valide los planos originales de titulación. No la obtuvieron sus autoridades en el documento que llegó tras 25 años de requerimientos, tampoco han conseguido trazarla las brigadas de pobladores en las tres incursiones que van emprendiendo hasta ahora. Ellos están seguros de que las invasiones en el área que reclaman se incrementan cada mes, pero desconocen cuál es la magnitud actual. Necesitan certezas.
Antes de iniciar este trayecto creían que solo había dos pistas del narcotráfico en la otra margen del río. Durante la visita confirmaron una tercera que incluso penetra en suelo de Santa Martha. La amenaza arrecia en cada flanco de la comunidad.
Desidia del Estado
Luis Hallazi, especialista legal del Instituto del Bien Común (IBC) —asociación civil que trabaja con comunidades rurales— explica que Santa Martha es una zona sensible y compleja por el avance de economías ilegales, donde el deterioro va en aumento porque el nivel presencial, normativo e institucional del Estado no existe. Según precisa, las zonas que no están demarcadas, o tienen georreferenciación imprecisa, generalmente presentan intereses de terceros.
“Por todos lados la situación [de Santa Martha] está debilitada y tampoco parece haber un interés del Estado en que esto cambie (…) El Gobierno Regional de Huánuco también ha tenido una fuerte y explícita oposición a la titulación de la comunidad de Unipacuyacu. Por el contrario, ha habido otorgamientos de derechos [a terceros] sobre esos territorios kakataibo”, declara Hallazi a Mongabay Latam.
Si bien la titulación o una oportuna georreferenciación no aseguran la protección para una comunidad, el especialista del IBC sostiene que cumplir con los procesos de formalización es fundamental para iniciar cualquier demanda judicial, sobre todo, cuando en el territorio se han enquistado economías ilícitas tan perniciosas como el narcotráfico.
Mongabay Latam solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de Huánuco para obtener detalles sobre el proceso de georreferenciación de Santa Martha y la falta de titulación de Unipacuyacu, pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta.
De las 10 comunidades kakataibo adscritas a la Fenacoka, solo una (Yamino) está saneada totalmente. Marcelo Odicio indica que entre las demás hay algunas a la espera de su titulación y otras sin haber sido georreferenciadas. “El Estado no cumple su función y tampoco vamos a seguir esperándolo. Iremos con técnicos y nuestra guardia indígena a hacer los linderamientos territoriales que faltan”, enfatiza Odicio. La estrategia replica la experiencia de la población de Santa Martha y también apunta a evitar que caseríos no indígenas se instalen sobre más tierras ancestrales.
Los caseríos asentados en comunidades desatendidas por el Estado crean las condiciones propicias para la expansión del crimen organizado, un patrón advertido por organizaciones como el Instituto del Bien Común (IBC). Comienzan como invasiones que muchas veces los gobiernos locales autorizan de forma ilegal con constancias de posesión o actas de reconocimiento. Hallazi sostiene que así se convierten en focos de articulación para las economías ilícitas: despejan el bosque para traficar tierras, expandir sembríos de coca o construir pistas de aterrizaje.
“Hay una serie de centros poblados que operan de esa manera. Tienen su representante, un padrón, están organizados y enfrentados con los pobladores que han invadido”, remarca.
Santa Teresa, el caserío vecino desde cuyo frente los kakataibo de Santa Martha aseguran que comienza a desplegarse el peligro, ha seguido la misma transición hasta volverse un foco de asedio.
Bajo el yugo criminal
Cerca de las 6 de la tarde, Santa Martha empieza a quedar envuelta por la penumbra. Desde hace apenas dos años esta comunidad kakataibo cuenta con energía eléctrica. Otro pedido que, como su georreferenciación, llegó tras décadas de espera y con limitaciones. La luz de los postes apenas chisporrotea. Solo el paso de la barcaza para el traslado de pobladores entre las márgenes del río Sungaruyacu corta el silencio espeso. Si una hora antes no hubieran desembarcado aquí los 35 comuneros a su regreso del nuevo intento de demarcación fronteriza, cualquiera diría que se trata de un pueblo fantasma, o algo parecido.
Hernán, como llamaremos al último pasajero de la barcaza esta noche, mide apenas un metro y medio. Pero en la oscuridad parece aún más pequeño. Experto cazador de majases —uno de los grandes roedores en la Amazonía peruana—, recorre cada semana el borde de Santa Martha y los bosques que se expanden hacia Santa Teresa de Huito. Conoce el sector desde que eran extensiones ganaderas, antes de la oleada de colonos que logró su reconocimiento municipal como caserío. Él mismo habitó un tiempo allá.
“En 2020, con el boom de la coca, llegó gente que abrió aeropuertos. Desde entonces entran cargamentos de droga que vienen del Vraem, Iquitos, Tingo María y otras partes de la selva para que las avionetas los lleven”, cuenta con un hilo de voz y vigila de soslayo si alguien se acerca.
Los cargamentos ingresan en botes que surcan el río Sungaruyacu, así como por la carretera que une la ciudad de Aguaytía con el distrito de Codo del Pozuzo y pasa por la Reserva Indígena Kakataibo Sur. Luego entrecierra los ojos y vuelve a mirar alrededor con aprensión: “Se levantaban hasta tres vuelos desde ahí en un solo día, cada tres o cuatro días. Ahora ha bajado un poco”.
A diferencia de los comuneros de Santa Martha que enrumbaron desde temprano a su frontera norte, Hernán sí sabía de la nueva pista de aterrizaje abierta en aquel vértice de la comunidad dibujado por el cauce del Sungaruyacu. No está seguro, pero cree que dentro de los caseríos o predios limítrofes existen pozas de maceración de droga o un centro de producción de cocaína a donde la policía todavía no ha llegado. “Si no, ¿por qué estarían haciendo tantas pistas?”, se pregunta con la certeza de quien conoce la respuesta. Su razonamiento es directo: “Nadie podría arriesgarse a hacer una más si no hay un punto de elaboración que creen seguro”.
El último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo responsable de la política contra las drogas en Perú, da cuenta de que el país presenta una superficie de 89 755 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 16 466 hectáreas se extienden sobre territorios indígenas. Pese a que ha habido un leve descenso con respecto a la evaluación anterior, la cifra muestra que el fuerte riesgo de seguridad en las comunidades nativas persiste. En pueblos kakataibo como Santa Martha y Unipacuyacu los cocales sobrepasan las 870 hectáreas. Perú es el segundo país en el mundo con mayores cultivos de coca solo por detrás de Colombia.
Cada nueva pista clandestina que las organizaciones criminales habilitan sobre suelo kakataibo, o cerca de él, representa cientos de kilómetros más de repliegue para comunidades como Santa Martha. Aquí no solo resisten a las amenazas y el despojo de sus bosques; sobreviven, más que nada, al peso invisible del olvido.
*Imagen principal: pista de aterrizaje recién habilitada por el narcotráfico en un sector de Santa Martha que bordea el río Sungaruyacu. Foto: Santiago Romaní
El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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