- Embarcaciones cargadas con bidones de petróleo parten todos los días desde grifos flotantes y tierra firme, en Iquitos y Nauta, para alimentar las dragas mineras que operan en la parte alta del río Nanay.
- El control fluvial, realizado por la Marina y la Policía, resulta insuficiente ante las redes criminales que invierten cerca de 50 000 dólares diarios en combustible para mantener 60 dragas activas.
- Mongabay Latam reconstruyó la ruta y el mecanismo usado para trasladar ilegalmente grandes volúmenes de petróleo desde el río Itaya hasta los puntos de extracción minera en el río Nanay.
- Las redes de minería ilegal transportan el combustible ilegal en diversos botes, acondicionan las embarcaciones para ocultar los recipientes y emplean trayectos clandestinos para evitar inspecciones.
Un hombre sale del bote, arrastra los pies hasta los soportes oxidados del grifo flotante que está a 10 metros y asegura un extremo de la soga. La corriente del río Itaya, en Iquitos, Amazonía peruana, tensa por momentos el amarre unido a la proa. La embarcación se agita, pero los 23 bidones vacíos que lleva encima parecen inalterables. Son de color azul y tienen en sus bases lo que parecen ser distintas iniciales pintadas con aerosol rojo. El hombre da indicaciones concisas y los operadores del grifo empiezan a descargar los envases para llenarlos de combustible.
El intenso sol de Iquitos ilumina escenas similares en los 15 grifos flotantes desplegados sobre el río Itaya. Algunos son barcazas estáticas con surtidores de combustible adaptados, motobombas y mangueras que cuelgan hacia el río. Otros, hechos de madera y metal con techos de calamina que cubren la zona de despacho, descansan sobre troncos, lanchones o chatas fluviales.
Después de ser abastecidos, los bidones son maniobrados entre dos personas mediante una rampa para retornarlos a los botes. En embarcaciones pequeñas que llegaron con cuatro o cinco recipientes, estos son escondidos dentro de compartimentos ocultos bajo sus pisos, denominados ‘caletas’. También son acondicionados en estructuras de fierro —tipo jaulas o canastillas— soldadas directamente a la parte sumergida de los cascos.
La mayoría solo deja al descubierto un bidón que, por su tamaño, podría almacenar no menos de 50 galones; un número importante ya que en el país se debe contar con una autorización para trasladar combustible con un volumen mayor a 55 galones. Enseguida parten rumbo al norte.
La embarcación que llegó a uno de los grifos flotantes con 23 bidones realiza cuatro viajes para completar el traslado de todos los envases llenos. El diesel tiene como destino el puerto San Francisco, en el corazón del poblado de Belén. Allí los bidones son repartidos y ocultos en naves más grandes.
Desde grifos flotantes como los del río Itaya sale el petróleo que abastece a los casi 60 focos de minería ilegal activos que la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay) ha identificado en la parte alta del río Nanay o Alto Nanay. A esta cuenca estrecha de selva tupida —hogar de 29 comunidades campesinas y cuatro nativas del pueblo indígena ikitu— llegan embarcaciones cargadas de combustible también desde otros puntos de suministro. Mongabay Latam constató cómo de día y de noche los mineros ilegales se abastecen de petróleo en distintas zonas de Iquitos y en Nauta, una ciudad vecina.
Un equipo periodístico siguió por más de 12 horas el trayecto del combustible desde los puntos de recarga hacia los sectores tomados por las redes de minería ilegal en el Alto Nanay. El recorrido permitió identificar las zonas donde operan los principales dueños de dragas y la ruta clandestina que sus redes utilizan para llevar grandes cantidades de petróleo. Caminos mucho más largos y costosos, pero que les sirven para evadir con audacia los puestos de inspección de la Policía y la Marina en el río Nanay.
“No hay presencia de ninguna autoridad por esas rutas. Nadie revisa. Muchos bidones con combustible surcan a cada rato”, declara Arquímedes Arirama, dirigente de la Conaccunay.
Grifos: el primer eslabón del crimen
El impacto del engranaje delictivo que devasta el río Nanay se refleja en las alarmantes cifras reportadas en esta cuenca.
Conservación Amazónica, organización que trabaja en la preservación de los bosques de selva, a través de su programa MAAP (Monitoreo de la Amazonía Andina), identificó un total de 275 maquinarias mineras en el río Nanay durante 2025. Los dirigentes de la Conaccunay tienen registrado que solo en el Alto Nanay son al menos 48 dragas y nueve tracas (armazones grandes de hierro) en constante succión de oro. De acuerdo con información que maneja la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, las redes criminales pagan hasta 2800 soles ($823 dólares) por un bidón con 50 galones de combustible que llega al Alto Nanay. Una draga o traca minera consume en promedio esos 50 galones de petróleo durante una jornada de 20 horas.
Si se considera que hay al menos 60 maquinarias activas, como indicó la Conaccunay, las bandas de minería ilegal en el Alto Nanay estarían invirtiendo en total alrededor de 168 000 soles ($49 400) por jornada.
Una autoridad indígena del Alto Nanay, a quien llamaremos Saúl para proteger su identidad, sostiene que el incesante flujo de combustible que parte de los grifos flotantes supera cualquier necesidad doméstica en las comunidades. Responde únicamente —enfatiza— a la fuerte demanda en los focos de explotación.
“Lo que requiere el transporte fluvial y la generación de electricidad en la zona es mucho menor de lo que se mueve para darle energía a los motores de las dragas. Eso es clarísimo”, remarca Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de Grade (Grupo de Análisis para el Desarrollo), un centro de investigación dedicado a temas ambientales educativos y sociales.
A los grifos flotantes se suma otra red de surtidores situados en tierra firme y que también atiende la demanda de combustible en el Alto Nanay. El circuito de abastecimiento se ramifica en todos los costados de Iquitos. En la curva Moronacocha, al extremo oeste de la ciudad amazónica, la operación es de madrugada, sigilosa y veloz. Del grifo que se encuentra pegado a un declive frente al río Nanay, el diésel es trasladado en galoneras hasta las lanchas que van arribando. Las que cargan bidones o cilindros son suministradas mediante una manguera acoplada desde los dispensadores. Sin margen de error, zarpan en la oscuridad.
En el distrito de San Juan Bautista, a ocho kilómetros de distancia desde la curva Moronacocha, también en Iquitos, otro grifo ha sido punto de provisión para una red minera. Entre marzo y abril de 2021, el exalcalde provincial de Putumayo, Golber Java, adquirió de esta amplia estación de servicio 1200 galones de combustible que tenían como destino las dragas del Alto Nanay. Hoy está condenado por financiamiento de la minería ilegal.
“Llenaban galoneras allí, las subían a una furgoneta y así llevaban petróleo hacia varios botes que salían del puerto Santa Clara. Ya no lo hace el Tío Golber [sic] porque tiene sentencia, pero sigue pasando con otros dueños de dragas”, declara Tomás, como pide ser llamado un agricultor de Pucaurco, comunidad campesina enclavada dentro del infierno de explotación de oro en que se ha convertido la cuenca del Nanay.
A dos horas de Iquitos, el puerto de Nauta es en esencia un mercado. El caos en torno a los puestos para la venta de pescado o comida se integra al de las chalupas y botes con pasajeros que rugen cuando atracan o están por partir. Hay unos 10 grifos flotantes que bordean la ribera. Este puerto funciona como otro proveedor estratégico del combustible que llega al Alto Nanay. Aquí también se detienen grandes embarcaciones —de 11 o 12 metros de longitud— con recipientes que son cargados de petróleo. Luego enrumban con al menos una decena de bidones totalmente llenos.
El objetivo de la mayoría de botes que cargan combustible en estos sitios o en los grifos flotantes del río Itaya es el mismo: navegar el Nanay para abastecer de petróleo a los enclaves controlados por las mafias del oro.
El trayecto del combustible ilegal
El deslizador en el que viajamos avanza flanqueado por murallas de selva espesa. El río Nanay es una impetuosa corriente de aguas negras. De hecho, tal es su denominación común debido a los taninos (sustancia química natural) que se encuentran en los bosques de arena blanca contiguos al cauce. De a pocos, el caudal va adquiriendo una apariencia turbia y pantanosa.
El deslizador inició el trayecto cuando algunos botes cargados de combustible fueron partiendo de los grifos flotantes. Con bidones a la vista y otros ocultos en las ‘caletas’ y estructuras de fierro (jaulas o parrillas) adheridas a sus bases, las embarcaciones avanzan en una marcha lenta. Su ritmo pausado las mantiene al menos un kilómetro detrás.
En Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) supervisa las condiciones técnicas y de seguridad en embarcaciones y grifos flotantes autorizados. En su normativa no establece para las embarcaciones mínimos y máximos del combustible que puedan llevar. Sin embargo, el organismo estatal detalló a Mongabay Latam que para transportar un volumen mayor a 55 galones, el interesado está obligado a inscribirse en el Registro de Hidrocarburos. Si el combustible que traslada va distribuido en recipientes, se considera el producto total. De superar los 55 galones y no figurar en el referido registro, estaría realizando un transporte no autorizado e incurriendo en una transgresión.
En respuesta a una solicitud de información por transparencia, Osinergmin reportó que entre 2015 y 2025 aplicó más de 480 procedimientos administrativos sancionadores a grifos —incluidos los flotantes— de la región Loreto. Las irregularidades predominantes fueron el incumplimiento de normas de seguridad y de obligaciones comerciales.
La Marina, a su vez, informó que, si bien no tiene estadísticas específicas, ha detectado en Iquitos y Nauta casos de grifos flotantes en zonas no autorizadas y con documentación vencida. Junto con la Policía, tiene a cargo el control del tránsito de combustible y la verificación de permisos en los ríos amazónicos. Una labor que en el Nanay, según se pudo constatar en territorio, resulta insuficiente.
En esta cuenca, las mafias del oro vulneran sistemáticamente las vallas de fiscalización. Lo hacen, por ejemplo, movilizando botes con cantidades de combustible inferiores a los límites legales, pero realizando viajes sucesivos hacia las áreas mineras. Es lo que se denomina el ‘hormigueo’. Desde un extremo del deslizador, Tomás escruta el río y explica: “Trasladan tres embarcaciones por separado. Cada cual con 50 galones, en bidones o galoneras, para proveer a una sola draga por tres jornadas o alces. Por eso las salidas son a toda hora. No se detienen”.
El ex viceministro de Gestión Ambiental y actual director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa, Mariano Castro, subraya que el importante crecimiento de la minería ilegal en el Nanay solo puede darse por el uso intensivo de combustible y ante una insuficiente fiscalización. Y añade con firmeza: “La ley prohíbe absolutamente toda actividad minera en cuerpos de agua. En consecuencia, el control debe ser muy estricto”.
Tomás, el agricultor de Pucaurco, está convencido de que los botes que avanzan detrás del deslizador con bidones a la vista no llevan más de 50 galones. “Van a pasar. Y a los que tienen el combustible escondido no los van a revisar”, proyecta con seguridad.
Minería sin control
En el puesto de control policial de Yarana, primera parada de control obligatoria para las embarcaciones que van al Alto Nanay, tres agentes solo cotejan y anotan las identidades de los pasajeros. No se efectúa ningún registro exhaustivo al deslizador que nos lleva. Tampoco a los botes con combustible que partieron casi a la par y que ya han llegado hasta aquí.
Una vez superado el control policial, los botes de mayor tamaño con combustible a bordo suelen desviar por una sacarita o pequeño canal enmarañado. El fiscal Bratzon Saboya, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, explica que se trata de un brazo estrecho del río utilizado por las redes que trasladan grandes volúmenes de diésel junto con motores, alfombras o tubos para la absorción del mineral. La estrategia, detalla, es ingresar en ese atajo, tomar una ruta paralela por el río Tigre y regresar al río Nanay ya lejos de cualquier estación de control.
En noviembre del año pasado, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesiones mineras en el río Nanay, pese a la vigencia de un decreto supremo que suspende esos petitorios. Martín Arana, especialista en temas de minería ilegal de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que el área solicitada se ubica justamente en aquel empalme del Nanay hacia el río Tigre. “Es transversal, sigue el acceso a esa ruta. Sin embargo, se acepta a trámite aún con todos estos antecedentes”, describe Arana.
Las embarcaciones que surcan el desvío y siguen la ruta alterna son las de mayor tamaño o aquellas cargadas con varios bidones —afirma el agricultor de Pucaurco—, algunos acondicionados en los compartimentos secretos. Su objetivo, fundamentalmente, es sortear la Unidad de Control Fluvial (UCF) de la Marina, la segunda parada de inspección en el curso del río Nanay.
Pero el procedimiento con las identificaciones en ese punto es el mismo que en el puesto policial. Luego, un guardia sube a las lanchas, devuelve su documento a cada ocupante y echa apenas un vistazo entre los asientos.
“Si así ocurre en el día, imagínate cómo es con el combustible que sale de noche y madrugada. Es mucho más fácil el paso de bidones”, tuerce la cara y aprieta los puños Tomás.
En una comunicación escrita, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina remarcó a Mongabay Latam que no está permitido el transporte de combustible en recipientes dentro de una embarcación. Solo es posible si hubiera «una autorización expresa y en las cantidades allí establecidas». También señaló que ha identificado cómo las redes mineras ocultan combustible bajo la cubierta de los botes. A pesar de lo observado en la Unidad de Control Fluvial, la autoridad marítima respondió que sí inspecciona exhaustivamente los compartimentos a fin de hallar espacios escondidos o acondicionados.
“En las acciones de interdicción y control fluvial [durante el último año], se encontró una cantidad aproximada de 2630 galones de combustible. Este cargamento era transportado en cilindros y galoneras”, afirmaron desde la entidad.
En Santa María del Alto Nanay, aguas arriba pero no muy distante del puesto de la Marina, el personal de la comisaría local tiene a cargo la tercera supervisión de las embarcaciones que van de subida. No hay ningún sobresalto que sugiera el hallazgo de productos ilegales en los botes que van llegando. El deslizador avanza, cruza la comunidad de Diamante Azul y después alcanza una amplia curva que bordea San José de Ungurahual. Hemos entrado al Alto Nanay, donde la cuenca se convierte, finalmente, en tierra de nadie.
El infierno de minería y destrucción
Las primeras dragas aparecen formando un enorme bloque que solo deja resquicios del cauce para pasar. Hombres y mujeres manipulan mangueras, direccionan tubos y vierten mercurio en depósitos para separar las partículas de oro de los sedimentos succionados. El mapa indica que estamos en un punto denominado Nueva Arica, pero el panorama se replica donde las coordenadas ubican a la comunidad de Tiberias y al caserío Santa Ana: estructuras de succión operan juntas en el centro del cauce y sobre las márgenes del río. La mayoría están hechas de fierro (son las llamadas tracas) y llevan antenas Starlink en lo alto.
En una zona donde no existe señal de telefonía, la criminalidad cuenta con internet satelital para mantenerse comunicada todo el día. Así, cuando las autoridades emprenden operativos desde Iquitos y avanzan a merced de los azares del río, las mafias saben bien que deben ocultarse y cuánto tiempo tienen para hacerlo.
“Sabemos quiénes son y dónde están”, dice el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán. A un año de publicarse la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en Perú, Guzmán declara que ya está en ejecución un presupuesto aprobado de 78 millones de soles (22 941 dólares). Loreto ha sido priorizado en la estrategia, junto con el río Nanay y la partida se reparte entre instituciones como la Marina, la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Esperamos darle donde más le hagamos daño a esa economía ilegal”, expresa el procurador.
El martilleo de la lluvia al entrar a Pucaurco se confunde con el sonido de los motores que impulsan la perforación del lecho en la búsqueda de oro. La concentración de dragas se agudiza desde Pucaurco y obedece a la cantidad de metal que guarda el río Nanay en su parte alta. Los comuneros de este sector sostienen que en una jornada (o alce) cada draga puede obtener entre 40 y 70 gramos de oro. Que por mes hay un aproximado de 15 alces por draga, lo cual resulta en un mínimo de 600 gramos extraídos y un máximo de 1050 gramos. El mayor porcentaje de lo obtenido suele quedar para el patrón o dueño de la máquina y el resto es repartido en pagos a sus empleados.
“El precio del oro llega a 280 soles (82.3 dólares) por gramo”, precisa Tomás con la mirada endurecida. Eso quiere decir que, en un mes, la producción mínima de una draga generaría más de 168 000 soles en ingresos (49 400 dólares) mientras que la máxima, 294 000 soles (86 000 dólares). Incluso en el peor escenario posible, la red criminal recupera cuatro veces lo que invierte mensualmente en combustible. “Esa es la ambición que moviliza grandes cantidades de combustible”, insiste.
El sol vuelve a golpear cuando el deslizador deja atrás Pucaurco y comienza a circundar el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira. Esta zona protegida fue creada en 2011 con el objetivo de conservar la biodiversidad en la cabecera de la cuenca, pero ha quedado en el centro de la devastación que los mineros ilegales están dejando. Trozos de selva arrasada desde la ribera delatan el paso de las moles de dragado. Solo entre enero y julio de 2026 se han reportado más de 12 000 alertas de deforestación en el área protegida, cubriendo cerca de 200 hectáreas, según datos de la plataforma Global Forest Watch. Un superficie equivalente a cerca de 280 campos de fútbol.
“Hay comunidades nativas y campesinas solo de nombre. Las habitan no indígenas y extranjeros que han ido llegando por el oro. El Estado nos tiene olvidados”, declara con angustia Saúl. Para él, este tramo del río Nanay que une las comunidades de Pucaurco y Alvarenga, pasando por el área de conservación, es el epicentro del desastre.
Las rutas paralelas
A este convulso paraje del Nanay, entre Pucaurco y Alvarenga, vuelven a ingresar las embarcaciones con combustible que navegaron por el río paralelo (Tigre) para burlar a las autoridades. Saúl señala que los botes que toman la ruta alterna cargan no menos de 10 bidones llenos y que su regreso a la cuenca del río Nanay lo inician a la altura de dos caseríos.
Uno de ellos es San Andrés, punto estratégico para el acopio de combustible. Pobladores vinculados con las redes mineras trasvasan el petróleo que va llegando en bidones a unos enormes depósitos blancos de plástico. De allí lo reparten en galoneras de 10 galones. Luego, cada hombre carga una galonera en hombros durante 10 kilómetros de selva abrupta y espesa. Una modalidad que calca el paso de los mochileros de la droga.
La senda termina en el sector de Varadero, donde el combustible es vertido en nuevos bidones para seguir la ruta a bordo de chalupas (embarcaciones pequeñas y angostas). Por una quebrada ceñida, las chalupas recorren 22 kilómetros que atraviesan un extremo del Área de Conservación Regional hasta desembocar en el turbulento segmento del río Nanay que une Pucaurco y Alvarenga. El trayecto dura más de 24 horas.
“Cada bote lleva hasta 10 bidones o cilindros llenos de 50 galones de petróleo. Así atraviesan esta ruta”, reafirma Saúl y se seca el sudor de la frente.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto ha corroborado las estaciones y puntos clave de esta ruta. También, que las mafias mineras pagan 5000 soles (cerca de 1500 dólares) a cada grupo de pobladores por emprender el camino desde San Andrés y prestar sus chalupas para continuar a partir de Varadero. El fiscal Bratzon Saboya señala que el mercurio, los motores y las mangueras para la succión de oro también siguen ese recorrido recóndito. En Varadero ha hallado tracas en construcción y piezas de acero naval con el que los ilegales fabrican los armazones.
Santa Elena es el otro caserío por donde los botes con grandes volúmenes de combustible acceden desde el río Tigre al Nanay. A través de una trocha que también penetra la selva cerrada, las embarcaciones salen al trecho de explotación minera situado entre las comunidades de Pucaurco y Alvarenga.
“Se trata de todo un mercado. Hay negociación por cantidades. Mientras más operativos haya en el Nanay o se intensifique la labor en los puestos de control, más rentable será esta otra ruta”, comenta Juan Luis Dammert, de Grade.
La existencia de estos accesos clandestinos y la gran extensión del área de vigilancia son los principales obstáculos para la Marina en sus acciones contra la minería ilegal. Las últimas incursiones que han emprendido en el Alto Nanay registran 21 dragas destruidas.
En torno a Tomás, el agricultor de Pucaurco, cuatro de sus vecinos se atropellan al hablar: “Ellos [los mineros] siempre nos dicen que la mitad del combustible que usan llega por las rutas paralelas”. Los cuatro aseguran que todos en las comunidades cercanas saben quiénes comandan cada conjunto de dragas, cómo están distribuidas y la forma en la que operan.
Orden criminal: los patrones del oro
“Aquella es del Tío Golber. Para operar esas otras, el Tío Lucho reclutó gente que yo conocía”, describe uno de los comuneros al observar tres dragas juntas en medio del agua terrosa. Tío Lucho es Luis Araujo Dávila, peruano sobre quien el Ministerio Público tiene una investigación abierta por tráfico de insumos químicos al Nanay tras ser hallado en posesión de combustible. Él se ha deslindado de cualquier tipo de actividad vinculada con la minería ilegal.
Después, Tomás apunta a una tipishca —fragmento de río separado del cauce—, donde traquetean dos dragas que atribuye al mando del colombiano Luis Alexander López García, alias Pastuzo. Sobre él pesa una acusación fiscal —a la que accedió Mongabay Latam— por el delito de organización criminal y financiamiento de la minería ilegal. Los mismos cargos enfrenta su pareja, una mujer con documentos de identidad peruano y colombiano donde figuran nombres distintos.
Los testimonios recogidos por el Ministerio Público indican que, antes de conformar su propia organización, Pastuzo y su pareja operaban como administrador y cocinera en una draga del peruano Jesús Moisés Méndez Olórtegui, alias Papillón. Para los agentes de inteligencia, Papillón sería uno de los patrones del oro con mayor influencia en la cuenca.
“Son varios patrones que operan con colombianos y peruanos. Todos se apoyan: comparten información si hay operativos o hacen trueques de insumos. Las dragas que están en un mismo punto pueden ser de distintos dueños, pero trabajan en comunidad”, explica a Mongabay Latam el fiscal Bratzon Saboya.
El año pasado, durante un operativo, la Fiscalía y la Marina intervinieron a un ciudadano venezolano cuando huía desde los focos mineros de Alvarenga hacia el monte. No se le pudo atribuir ningún delito, pero las pesquisas iniciadas desde entonces arrojaron que pertenecía a una banda de trata de personas y explotación sexual. Su modalidad era reclutar mujeres y llevarlas hasta los campamentos de explotación minera para ofrecerlas a cambio de oro.
A finales de abril de 2026, cerca del lugar de aquella intervención, la policía allanó un bote que funcionaba como prostíbulo flotante y rescató a una mujer extranjera. En la embarcación había dinero y rayas de oro producto de los pagos recibidos.
“Trata de personas, destrucción, crímenes… Todo por la minería. Los informes dicen que hay 30 dragas, pero ninguna imagen satelital ni sobrevuelo va a detectar lo que esconde la selva. Hay muchas más”, se quita el sombrero Arquímedes Arirama y echa la cabeza atrás.
Brazo de las FARC y destino del oro
Mediante viajes directos por el río Nanay o atravesando rutas clandestinas, el combustible, mercurio e insumos de las mafias mineras escalan hasta diversas zonas de la cuenca alta. Estos lugares también se han convertido en enclaves estratégicos para las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que buscan tener allí presencia y control en la explotación del oro.
En agosto del año pasado, la Fiscalía y la Marina de Guerra hallaron indumentaria militar correspondiente a ese grupo armado dentro del Alto Nanay y cerca del río Putumayo. “Sabemos que intentaron establecerse en el Nanay dando seguridad a las dragas, pero no pudieron. Optaron por financiar la actividad ilegal. Construyen dragas, vienen a ver la producción cada cierto tiempo, recogen el oro y se lo llevan”, declara a Mongabay Latam el fiscal Saboya.
En las escuchas telefónicas obtenidas por agentes de inteligencia de la Policía Nacional, miembros de diversas organizaciones ancladas en el Alto Nanay detallan que los cargamentos de oro transitan la triple frontera (Perú-Ecuador- Colombia), a través de Leticia, y viajan hasta Bogotá. Sin embargo, todo depende del precio que el metal registre en ese momento. Las comunicaciones interceptadas también dan cuenta de que las remesas tienen a Lima y Piura como destinos primordiales si el mercado local les favorece más.
Parte del mineral succionado llegaría además a negocios específicos de Iquitos situados en la calle Arica. Durante las investigaciones a Pastuzo, por ejemplo, la Fiscalía recabó grabaciones en video en donde se observa que uno de sus secuaces comercializó oro ilegal en una céntrica joyería. Los audios conseguidos en las pesquisas también incluyen diálogos donde se menciona a otra joyería de similar prestancia como lugar de transacción.
“No ha habido una decisión política clara de lucha contra la minería ilegal. Lo vemos en todo el marco normativo que está vulnerando la lucha contra el crimen organizado. Esta crisis se refleja en territorios como los del Nanay”, opina Martín Arana, de la FCDS. “Llama la atención que siendo una cuenca muy cercana a Iquitos y con una actividad que no admite discusión sobre si es legal o no, las autoridades no la puedan combatir”, agrega el coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de Grade.
El grave perjuicio social
Con el aplomo de un profesor que ha escudriñado bien su tema, José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, asevera que la permanente remoción del cauce provocado por la maquinaria minera ha virado del negro a un color lechoso la corriente del río Nanay. Lo que más le preocupa es que se trata de la principal fuente de agua para la ciudad de Iquitos. Más de medio millón de personas se abastecen del río.
“Era un ecosistema extraordinario. Quizá se contamine tanto que ya no sirva para el consumo humano”, dice con zozobra.
El Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú) realizó, en junio de 2025, una evaluación (análisis de cabello) a 273 habitantes de siete comunidades situadas en las cuencas de los ríos Nanay y Pintuyacu. El 79 % presentó niveles de mercurio que superan el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (2.2 mg/kg). Los resultados en las personas analizadas alertan sobre un riesgo medio/alto y están vinculados con el consumo de peces que concentran el metal pesado. El Pintuyacu es un río tributario del Nanay.
El Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), a partir del censo del 2017, resalta que entre los indicadores más críticos de la población del Alto Nanay está el hacinamiento, la precariedad de sus viviendas y el prácticamente nulo acceso al agua. Según puntualiza el centro de investigación, 15 de 21 centros poblados se abastecen completamente por río o acequia y hay altos niveles de desnutrición, anemia así como de enfermedades diarreicas y respiratorias.
“La minería ilegal, claramente, es una amenaza sin precedentes en la cuenca, pero ocurre en el contexto de una cuenca abandonada por el Estado”, precisa Dammert, de Grade.
El acopio y tráfico de combustible ilegal que alimenta a las redes mineras se asienta sobre una realidad marcada por múltiples necesidades y una desatención crónica.
*Imagen principal: los grifos flotantes ubicados en el río Itaya son la principal fuente de abastecimiento de combustible para las redes mineras. Foto: Santiago Romaní
El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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