Sujetos como el pastor José Linares son el resultado de lo que el Estado peruano permite que suceda con las niñas.
Camila, una niña nacida en una zona rural de Apurímac, creció en condiciones de extrema pobreza junto a su madre, una mujer indígena con discapacidad física. Su familia sobrevivía con los escasos ingresos que su padre obtenía como jornalero. Desafortunadamente, a los nueve años la vida de Camila dio un giro doloroso ya que se convirtió en víctima de violencia sexual a manos de su propio padre. Esta situación continuó hasta que, a los trece años, en el año 2018, quedó embarazada como resultado de estos actos.
A pesar de revelar y denunciar que había sido víctima de violación por parte de su padre, además de expresar su necesidad de no continuar con el embarazo, cuando Camila buscó ayuda en un centro de salud, no se le informó sobre su derecho al aborto terapéutico. En cambio, se le instó a seguir con el embarazo y con el plan de parto que habían dispuesto para ella, utilizando para ello a la policía como mecanismo de coerción. Como consecuencia, la angustia de Camila aumentó y expresaba constantemente su deseo de morir si no podía interrumpir el embarazo.
A fin de buscar ayuda, Camila y su madre, sorteando todas las dificultades que enfrenta una niña indígena en situación de pobreza, se trasladaron a Abancay para solicitar acceso a un aborto terapéutico tanto a la fiscal que investigaba los hechos de violación como al Hospital. La fiscal, lejos de cumplir su obligación de garantizar los derechos de Camila, la instó y la sometió a presiones para continuar con su embarazo. El Hospital no respondió su solicitud, incumpliendo incluso el Protocolo de Aborto Terapéutico vigente desde el 2014.
Esta historia no termina aquí. Seis días después de que Camila y su madre presentaran la solicitud de aborto terapéutico, experimentó un aborto espontáneo. Días después, en una acción absolutamente rápida que es de extrañar para toda persona que busca justicia en el sistema penal peruano, fue perseguida, procesada y condenada por el delito de aborto. Esto, a motivación de la propia fiscal que investigaba los hechos de violencia sexual en su contra. Según el razonamiento del sistema de “justicia”, como Camila había señalado su deseo de no continuar el embarazo, ella lo tendría que haber provocado. A sus cortos trece años, pasó de ser víctima a victimaria. Pasó de ser una niña sobreviviente a la sistemática violencia sexual de su propio padre, a ser una niña condenada por el sistema de justicia.
El Estado le falló a Camila en todas las oportunidades que tuvo para protegerla. Es decir, tuvo que lidiar no solo con un padre agresor sino también con toda la estructura estatal que ejerció contra ella una serie de hechos de violencia. Por tales hechos, el movimiento #NiñasNoMadres presentó el caso de Camila al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en un intento de búsqueda de justicia para ella.
El 13 de junio pasado, en un pronunciamiento histórico, el Comité de los Derechos del Niño le devolvió a Camila un poco de esperanza y falló a su favor. Esta instancia reconoció que el Estado peruano la había sometido a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes porque […] desatendió su solicitud de aborto terapéutico y la presionó para proseguir con el embarazo; también porque el personal policial se apersonó a su casa con el fin de intimidarla y presionarla a proseguir con el embarazo forzado, y porque el personal judicial la enjuició y condenó por la pérdida de embarazo, exponiéndola a repetidos actos de revictimización, y la condenó por autoaborto […] (párr. 8.12). Además, esta instancia le ha señalado al Estado peruano que debe despenalizar el aborto infantil en cualquier circunstancia y garantizar el acceso efectivo de niñas y adolescentes a un aborto seguro y legal.
Lamentablemente, no es la primera vez que el Estado peruano es condenado por forzar a una niña o adolescente a continuar con un embarazo. Ya antes el Comité CEDAW, en el caso L.C vs. Perú, le ordenó al Perú que garantizara el acceso al aborto terapéutico a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, solicitándole, además, que despenalizará el aborto por violación. También el Comité de los Derechos Humanos, en el caso K.L vs. Perú, señaló que no debía someter a adolescentes a tortura conminándola a continuar con un embarazo que ponía en riesgo su salud mental. A estas historias incluso le antecede Lina Medina, “la maternidad más precoz de la historia de la humanidad”, una niña de cinco años quien, con aún dientes de leche, asumió una maternidad forzada y cuya experiencia fue presentada por el mundo médico como “el milagro de la vida”.
Miles de niñas, año tras año, se enfrentan a un Estado que actúa como un padre desalmado, agresor y cruel. No solo las somete a abusos o no las protege de ellos, sino que también les niega acceso a educación sexual en las escuelas. Esta educación podría salvarles la vida y brindarles las herramientas necesarias para buscar ayuda en situaciones de violencia. Además, el Estado insiste en imponerles un «rol social» que no considera en absoluto su felicidad, sino convertirlas en «madres» aunque ellas no lo deseen. Finalmente, si se rehúsan a asumir embarazos producto de violaciones sexuales, las castiga a través de la ley penal. Sujetos como el pastor José Linares, denunciado por violación sexual a su hija desde que tenía 6 años, son el resultado de lo que el Estado peruano permite que suceda con las niñas.
En el Perú, se repite una de las mentiras más perniciosas: la idea de que las niñas realmente importan. No obstante, las cifras, la realidad cotidiana y las leyes actuales nos gritan lo contrario. De hecho, esta alarmante situación de desprotección se agrava día tras día. La clase política dominante se pliega a los intereses de los movimientos religiosos y ultraconservadores que operan bajo el lema de #ConMisHijosNoTeMetas o «Movimiento por la Vida». Paradójicamente, estas agrupaciones fomentan acciones que perjudican la protección de las niñas, al oponerse a la educación sexual, la igualdad de género y el acceso al aborto, dejándolas vulnerables a la merced de sus agresores, quienes a veces se encuentran en sus propias agrupaciones.
Brenda Alvarez Alvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad.
