«Hay que ayudar a la población migrante que se encuentra en estos momentos en la zona fronteriza, sin que ello afecte nuestros intereses de seguridad»
Es increíble que habiendo pasado varios años desde el inicio del proceso migratorio venezolano en América del Sur, nuestros países aun no cuenten con mecanismos eficientes para hacer frente, de manera conjunta, a un fenómeno que tiene en lo humanitario, su principal característica.
En otras circunstancias, el apoyo que el gobierno chileno le brinda a los migrantes irregulares, no solo venezolanos, sino también colombianos y haitianos, para irse de su país, hubiese merecido un apoyo unánime. Tratar de proteger la vida e integridad de los migrantes frente a mafias o la propia delincuencia, resulta fundamental. No obstante, siendo su objetivo regresar a sus respectivos países o simplemente salir de Chile, lo que termina sucediendo es un masivo traslado de migrantes irregulares a su frontera norte, en su mayor parte sin documentos ni los requisitos necesarios para ingresar a territorio peruano.
Hace un tiempo, sucedió algo similar con Ecuador. El 2018 dicho país abrió un corredor humanitario que atravesaba su país desde la frontera con Colombia, dejando a los migrantes, en su mayoría población venezolana, en la frontera con Perú. Si bien el gobierno ecuatoriano buscaba ayudar a una gran mayoría de migrantes que quería dirigirse hacia el sur, esto también fue visto como una forma elegante de “deshacerse” del problema. Nuestro país podría hacer lo mismo con la población extranjera que hoy se encuentra en la frontera con Chile; pero generaría un dilema con nuestro vecino del norte, trasladando la crisis de una frontera hacia la otra frontera.
En cualquier caso, nos encontramos frente a una situación excepcional que se genera a partir de la grave situación que existe en países como Venezuela y Haití, que obliga a una parte de su población a emigrar. Frente a ello, nuestros países deben tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar su integridad, por lo que aquellas voces que solo se refieren a formalismos como respetar los requisitos de ingreso al país (al punto de recomendar el uso de la fuerza) o peor aún, que proponen la criminalización de la inmigración irregular, no están identificando el problema de fondo
Y es que el fenómeno de la migración se ha securitizado, es decir, se ha convertido, en un problema de seguridad. No cabe duda que, en una población de alrededor 1 millón y medio de venezolanos y venezolanas que han ingresado al Perú, vamos a encontrar personas que se dedican a actividades delictivas. Pero de ahí a sostener –sin estudios previos y sobre la base de percepciones construidas por los medios de comunicación y alentadas por nuestras autoridades–, que la población venezolana es la causante de todos los males que nos aquejan, no refleja la realidad de una población que contribuye con el desarrollo del país. En esta línea, las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, al señalar que la mayoría de los asaltos en el Perú son cometidos por extranjeros, no aportan.
¿Y qué se puede hacer al respecto? Es necesario establecer políticas conjuntas entre los países implicados que garanticen la integridad de la población migrante, y de ser el caso, se les apoye en el regreso a sus respectivos países. Los problemas globales o regionales, en un mundo como el de hoy, cada vez más interdependiente, requieren una respuesta global o regional. No se puede hacer frente al cambio climático o a la delincuencia transnacional en forma individual, se requiere cooperar. Con la migración sucede algo similar.
A pesar de la existencia del Pacto Mundial para la Migración (acuerdo no vinculante) y una serie de espacios como el Proceso de Quito, la OEA o la CAN, donde se han discutido la coordinación de políticas para hacer frente al proceso migratorio venezolano, los resultados son pobres. Mas bien, lo que estamos viendo es la militarización de nuestras fronteras, nuevamente, entendiendo el fenómeno de la migración como un problema que implica principalmente la defensa de nuestra soberanía.
Y mientras la cooperación emerge –en la actualidad los países implicados vienen llevando a cabo una serie de reuniones para hacer frente a la actual crisis–, hay que ayudar a la población migrante que se encuentra en estos momentos en la zona fronteriza para que pueda tener una estancia decente, sin que ello afecte nuestros intereses de seguridad.
Lamentablemente, en la actualidad, la posibilidad que esta cooperación rinda frutos se hace muy difícil en la región. No solo no existen grandes liderazgos en América Latina que impulsen esta agenda, sino también estamos frente a gobiernos débiles, inmersos en crisis políticas y en una compleja situación económica que les dan más importancia a otros temas, principalmente de índole interno. Asimismo, las diferencias que surgen entre los países, como las que hoy mantienen Perú y Chile a causa de lo sucedido, no suman, haciendo que un problema de naturaleza principalmente migratoria, se convierta en un problema de política exterior.
Lo que podría haberse solucionado utilizando canales diplomáticos reservados (frente a la indignación que generó la ayuda de militares chilenos a migrantes irregulares para ingresar a nuestro país por un paso ilegal), terminó implicando que el gobierno peruano proteste ante el embajador de Chile en Lima “por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” y que el gobierno chileno proteste ante el embajador de Perú en Santiago por las duras declaraciones del alcalde de Tacna contra el presidente Gabriel Boric. Cabe señalar que este tipo de situaciones alimenta ese “anti-chilenismo” presente en la sociedad peruana, el cual puede ser utilizado políticamente.
Además, en un contexto político internacional muy difícil para el Perú, con países que no reconocen al gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte por considerarlo golpista (México, Colombia y Bolivia) y cuestionamientos muy difíciles en materia de Derechos Humanos (por el uso desmedido de la fuerza durante las últimas protestas contra el régimen), el enfrentamiento con Chile aísla más al Perú.
Resulta irónico que la política exterior peruana no haya sido más cauta tratándose de Chile, pues en estos momentos, el vecino del sur debe ser el principal aliado del Perú en la Alianza del Pacifico. Recodar que, en este bloque regional, México y Colombia se oponen a que el gobierno peruano asuma la presidencia pro témpore, paralizando esta herramienta de integración. Mientras que Chile y el Perú, deben ser los países miembros de la Alianza del Pacífico más interesados en su funcionamiento, básicamente de cara a lo que es nuestro interés por integrar nuestras economías con el Asia Pacífico.
Y si bien el gobierno chileno reconoció desde un primer momento al gobierno de Boluarte, su crítica en materia de Derechos Humanos contra el régimen es pública, por lo que alimentar nuestras diferencias, cuando la crisis fronteriza se puede (y se requiere) solucionar de otra manera, no favorece nuestro posicionamiento internacional.
Oscar Vidarte A. Internacionalista y profesor PUCP
