El gobierno transitorio de Francisco Sagasti tenía una sola tarea: la reforma policial. Hoy vemos sus resultados.
Primer Balazo: irracionalidad
En estos dos meses de estallido social, la Policía Nacional del Perú (¡honor y gloria!) se ha prodigado en la que es su característica más resaltante: su irracionalidad.
La falta de raciocinio instalada en sus filas tiene varias consecuencias. Entre ellas, se encuentra, por supuesto, la represión indiscriminada, que, en el mejor de los casos, se ilustra con la imagen de arriba, capturada ayer. En el peor, con el medio centenar de víctimas de estos meses.
Esta irracionalidad deriva en inefectividad. Es decir, tendrían que saber que la difusión de sus actos de violencia solo alimentarán –o, para usar una palabra que les sea familiar, azuzarán– protestas más enérgicas. Con lo cual terminan contribuyendo con el fenómeno mismo que intentan reprimir.
Por otro lado, si fueran racionales tendrían que saber que, en un contexto tan cargadamente político, no hay forma que el activismo de los derechos humanos deje pasar los asesinatos. Los involucrados en las matanzas terminarán sepultados por procesos judiciales. No necesariamente en territorio peruano, pero sí en cortes internacionales.
Y cuando eso ocurra, ¿dónde creen que estarán los empresarios que hoy les regalan latas de atún con tanta alharaca? Para entonces –dentro de dos o cinco o diez años– los habrán olvidado por completo. Como se hicieron los locos con los soldados que enviaron a pelear contra Sendero Luminoso, que masacraron inocentes y que pasaron décadas en juzgados y prisiones. Los usaron de carne de cañón, les pidieron que cometan atrocidades y, cuando todo saltó a la luz, no hubo ni medio acto de contrición de nuestra clase dirigencial, que prefirió silbar mirando al techo.
De la misma forma, los que hoy gritan honor y gloria a la Policía mientras le pide que se cubra de ruindad y cobardía, disparando por la espalda, ¿dónde estarán mañana? Volteando sus –esas sí– muy protegidas espaldas.
Segundo balazo: ineficiencia
Hay un aspecto más, digamos, entretenido de la irracionalidad policial –aunque no menos preocupante–: su capacidad de ponerse en ridículo. Que no es otra cosa que el lado light de su caradurismo para afirmar lo que sea en público, sin que se les exija la más mínima evidencia.
El análisis semiótico de BOYKA se volvió de inmediato en un ejemplo antológico de la desinteligencia policial, hasta tal punto que trajo flashbacks de la célebre captura de una supuesta banda de pishtacos en el 2009. Según la PNP, los capturados eran «responsables de 60 asesinatos cometidos a lo largo de treinta años» y vendían la grasa a 15 mil dólares. Por supuesto, jamás pudieron listar a ni una sola de las 60 víctimas y menos pudieron explicar ni cómo ni dónde funcionaba el supuesto mercado internacional de grasa humana.
Pero también está el otro lado del caradurismo: la acusación sin pruebas. En estos días hemos visto el caso de supuestos financistas de la violencia en cuyos casos a) No se ofrece ni una sola evidencia de que la violencia sea incentivada con ese dinero, y b) Ese dinero consiste en 4 mil soles incautados a dos personas. Esas dos personas siguen, hasta el momento, detenidas.
Para defender estas detenciones, el flamante jefe de la Dircote, José Zavala, fue entrevistado por una impávida Mávila Huertas. Ante ella, llegó a insinuar que el Vaso de Leche fue un organismo generado por Sendero Luminoso. ¡Sendero Luminoso que literalmente acribilló a la dirigenta más famosa de esa organización, María Elena Moyano, durante una pollada por el Vaso de Leche!
El general Zavala también ha dicho –también en Panamericana– que el pedido de la Asamblea Constituyente fue idea de Abimael Guzmán, lo que cualquier persona que recuerde el gobierno de Paniagua sabe que es mentira: luego de la caída de Fujimori se discutió abiertamente qué hacer con su Constitución y el resultado fue una comisión de juristas b̶l̶a̶n̶c̶o̶s̶ notables que, entre otras alternativas, propuso una Asamblea Constituyente. ¡En el año 2001!
Y no hablemos de –otro enlace de Panamericana– «el agua con cal para quemar policías» que resultó ser agua con bicarbonato para protegerse de las lacrimógenas. Solo para hablar de los casos de esta semana. Porque, con estos ejemplos, la pregunta consecuente seria: ¿cuántos de los detenidos exhibidos ante la televisión por la policía una y otra vez, a lo largo de décadas, resultaron inocentes?
El caradurismo también responde a una necesidad: la de justificar su pésimo trabajo. La propia Canciller tuvo que admitir ante el New York Times que, en dos meses, la policía no ha conseguido ni medio gramo de evidencia que vincule la organización de las marchas con la delincuencia organizada.
Ahora imagínense si le preguntamos a la Dircote a qué se ha dedicado desde que ocurrió el último atentado terrorista fuera de un valle cocalero, hace más de veinte años. El resultado racional sería, sino su desactivación, una reducción sustancial de presupuesto y personal.
Y eso que amenazas no faltan: para cualquiera que haya leído un poco sobre cómo funcionó Sendero Luminoso en los 70 –antes de iniciar su «lucha armada»– resulta evidente que La Pestilencia y sus satélites son lo más cercano a un fenómeno contemporáneo parecido. Pero la Dircote se niega a vivir de otra cosa que no sea de los fantasmas de Sendero y el MRTA. Y, para hacerlo, necesita encontrar terrucos hasta en el Vaso de Leche.
Tercer balazo: impunidad
La foto de arriba fue el Gran Premio Nacional de Periodismo del año 2020. La tomó Iván Orbegoso, fotógrafo del diario trujillano La Industria, durante el paro agrario de diciembre de ese año en Virú, La Libertad, que dejó tres muertos. Allí se ve al suboficial PNP Víctor Bueno Alva en lo que parece ser el momento mismo que acabó con la vida de Reynaldo Reyes Ulloa, trabajador agrario de 27 años.
En ese momento, ya era presidente Francisco Sagasti, cuyo único mandato popular –además de organizar elecciones, que dependen más de los organismos autónomos correspondientes– era la reforma policial.
A pesar de esto; y a pesar de que un peritaje balístico corroboró la responsabilidad del arma del suboficial Bueno; y a pesar de la fotografía ganadora dio la vuelta al mundo, el agente en cuestión sigue libre y, es más, la fiscalía considera que la muerte de Reynaldo fue «accidental«.
Este tendría que haber sido el aliciente para que Sagasti se animara a tomar en serio la reforma policial. No la había mencionado ni de pasadita cuando asumió el cargo, para gran desazón de los manifestantes contra Merino. Luego intentó una jugada audaz, pasando al retiro a 18 generales PNP, lo que le costó varios ataques que lo persiguen hasta hoy. Retrocedió y puso de ministro del Interior a, Cluber Aliaga, un expolicía abiertamente antirreforma. Y, finalmente, terminó declarando a La República que “no pensemos que hay que reformar a la Policía por el actuar de unos malos elementos”.
Al final, pasaron sus ocho meses de mandato y Sagasti no emprendió el único legado que le pedía la gente: la reforma policial. Tampoco, aunque sea, sentó las bases para que un gobierno electo la emprenda. Ni siquiera emprendió la derogación, como le pidió hasta Amnistía Internacional, de la ley 31102, la ley de impunidad policial aprobada por el propio Manuel Merino. Se lanzó sí un plan de «modernización» de la Policía, un saludo a la bandera como es fácil y lamentablemente corroborable hoy por hoy.
Del gobierno siguiente, el de Pedro Castillo, no vale ni la pena hablar. Las evidencias indican que el propio Castillo articuló con algunas de la múltiples mafias policiales, reforzando aún más la corrupción institucional(izada).
Pero la responsabilidad no es de un solo sector. La DBA, en todas su encarnaciones, ha sido la principal impulsora de la impunidad policial: desde López Aliaga hasta Malcricarmen. Pero la esperanza caviar, George Forsyth fichó a Cluber Aliaga para su campaña. Y Daniel Urresti contrató y defendió al general del caso Pishtacos.
Y, claro, el informe de Alejandro Cavero limpió a Manuel Merino y a su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, de toda responsabilidad sobre la muerte de Inti y Brayan.
El mensaje de nuestros políticos es el mismo, invariable: miente, mete la pata, dispara, nomás. No pasará nada.
Remate
La labor policial es ingrata. Están mal pagados, mal capacitados y los mismos que hoy los aplauden, mañana les gritarán tú no sabes con quién estás hablando, cholo de mierda cuando detengan a sus hijos manejando borrachos en la Vía Expresa. Aprenden pronto quiénes son los que mandan, que suelen ser Generales Semióticos o Cazadores de Pishtacos, es decir, o caraduras o tarados o ambas cosas a la vez, y deciden que si se vuelven como ellos, quizás, algún día, también puedan mandar. También aprenden pronto que si necesitan desfogar por algún lugar todo ese maltrato, esa frustración, ese orden irracional, pues será preferible hacerlo con alguien que no tenga cómo defenderse, que no puede pagar un abogado, que sea también despreciado por sus despreciadores. Por eso es que mataron a 46 personas en «provincias». Y por eso es que, desde que murió La Persona 47, en Lima, no ha habido más víctimas letales. Mucho roche, pues. Mucha luz. Lima sí les importa a los de arriba.
La Reforma Policial tendría que ser uno de los tantos Ahora o Nunca de estos días. No solo el adelanto de elecciones o la sanción por los asesinatos –por mencionar las dos banderas más consensuadas–, sino encontrar la forma de ir a la raíz. Porque ya no podemos volver a la normalidad. Porque, si en algún momento volvemos a la normalidad, eso significará que habremos vuelto a confiar nuestra seguridad a esta misma Policía irracional, ineficiente, impune. Porque BOYKA.
