- Redes conformadas por madereros y mineros ilegales operan desde el sector medio del río Santiago hasta su desembocadura en el río Marañón, región de Amazonas.
- Dragas para la succión de oro afectan principalmente a cinco comunidades indígenas.
- Mongabay Latam recorrió las localidades wampís más convulsionadas por la presencia de mineros ilegales, las zonas de mayor deforestación y la ruta que sigue la madera extraída de los bosques comunales.
- Más de 20 dragas mineras explotan el río Santiago a diario y otras 10 permanecen ocultas en las quebradas mientras la dirección de territorio de la nación wampís tiene registrada una pérdida histórica de bosque de 18 000 hectáreas en las comunidades.
Sobre el espaldar de una silla de capirona (Calycophyllum spruceanum), Henry Ampama cuelga la casaca que atesora como su mayor evidencia. Gotas de barro esparcidas sobre la tela rodean el trazo que dejó una bala. La tenía puesta el 12 de julio de 2025, cuando una cuadrilla de mineros ilegales disparó a mansalva contra el bote donde viajaba. Eran 60 pasajeros y fue él quien estuvo más cerca de morir. Ampama es el jefe de Huabal, la máxima autoridad en esta comunidad wampís de la cuenca del río Santiago, Amazonas, en la selva de Perú.
Debe irse pero acepta una última pregunta: ¿cuál es su peor temor? Se seca las gotas de sudor que resbalan por su rostro y contesta débilmente: “Que las dragas lleguen hasta acá. Eso es lo que más nos angustia”.
Por su ubicación en la parte central del río Santiago, un cuerpo de agua que se forma en Ecuador y tiene 230 kilómetros de longitud dentro de la selva peruana, Huabal es uno de los sectores más vulnerables. Así como otros pueblos del llamado Medio Santiago, desde hace cinco años, enfrenta un riesgo latente ante el violento avance de la minería y la tala ilegal sobre los territorios wampís adyacentes al río amazónico.
Mongabay Latam surcó el Santiago desde Huabal e ingresó a las comunidades que están en el camino, próximas a la desembocadura en el río Marañón (Bajo Santiago). Poblaciones que no cuentan con la asistencia del Estado y viven oprimidas por la violencia, la contaminación y el descontrol que propagan las mafias del oro y la madera. En el camino, encontramos que al menos 20 dragas operan frente a cinco localidades wampís y un centro poblado: Papayacu, Guayabal, Fortaleza, Belén, San Juan y La Poza. Otras 10 permanecen ocultas en caños (canales que se desprenden del río) y quebradas.
Con la explotación del río Santiago llegó la deforestación de su entorno. Los focos mineros están en la mayoría de lugares donde grupos de madereros también van ganando terreno. El recorrido permitió reunir información clave que revela cómo cada red criminal asentada en la cuenca tiene brazos destinados a la minería y la extracción ilegal de madera fina. Esto hizo posible, además, el seguimiento de las rutas por donde son transportadas las cargas de oro y madera.
Un análisis realizado por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reportó que, entre 2022 y 2025, el río Santiago fue afectado por 51 dragas para la minería ilegal en áreas aledañas a comunidades indígenas. Los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, organización que agrupa a 22 comunidades tituladas, no dudan que la devastación está en uno de sus momentos más críticos.
Un camino de tierra separa la casa de Henry Ampama del río Santiago. Afuera, el sol vertical reverbera en el caudal impregnado con mercurio. Es una huella ocre que desciende desde la frontera con Ecuador. “Su ambición por el oro y la madera está destruyendo el río y nuestros bosques”, expresa Henry Ampama, carraspeando, sin esperar la repregunta. El día del atentado lo recogió de aquí una embarcación que venía desde Villa Gonzalo —15 minutos al norte— con otras autoridades de la nación wampís.
El objetivo era erradicar con el Ejército las zonas de minería ilegal dispersas en el Bajo Santiago. Pero el plan fracasó sin haber empezado. El bote con la comitiva indígena, que había llegado hasta el fuerte militar Teniente Pinglo, en la confluencia del Santiago y el Marañón, tuvo que retornar. Fogonazos y una descarga interminable de balas alcanzaron a la delegación en la comunidad de Fortaleza, un enclave de explotación permanente de oro, durante su regreso.
“Nunca llegó al cuartel el permiso para darnos apoyo. Desde tierra y una chalupa en movimiento, los mineros dispararon apenas nos vieron de vuelta”, narra Ampama. El recuerdo lo transporta hacia el momento mismo del ataque. Un tiro le rozó el pecho: todavía le parece increíble seguir vivo. Mientras camina hacia la escuela de su comunidad, señala en el horizonte el rumbo del Santiago que ahora debemos tomar.
En Huabal también vive Galois Flores, vicepresidente de la nación wampís, quien parece tener en la cabeza el mapa de 1.3 millones de hectáreas que su organización representa. Sabe que hay dos dragas mineras siendo accionadas día y noche en el Alto Santiago, al borde de la comunidad de Papayacu, la más cercana al límite con Ecuador. “Pero la convulsión está río abajo, camino a Nieva, por donde fuimos emboscados en julio”, dice con la voz quebrada.
Al pie de una muralla de árboles de lupuna (Ceiba pentandra), Henry Ampama vuelve a apuntar en dirección al Bajo Santiago y hace adiós con las manos. Los ronquidos del motor del bote, que iniciará el trayecto hacia aquella zona hostil y el distrito de Nieva, difuminan lo último que ha pronunciado.
La ruta del metal
Un declive fangoso antecede a la única calle directa que une al puerto de La Poza, un centro poblado del Medio Santiago, con su plaza principal. Entre negocios de abarrotes y bares que han abierto desde el mediodía hay dos tiendas que ofrecen equipos de buceo, motores, alfombras, mangueras de succión. Lo necesario para la operación completa en una draga minera. Ningún transeúnte en esta vía anegada por la lluvia parece un comunero wampís. La Poza es una localidad habitada, básicamente, por personas no indígenas.
De una bodega con la fachada cubierta por paquetes de gaseosas salen dos hombres cargando una motosierra, un extenso tubo de metal y galoneras llenas de combustible. “Así se abastecen para entrar al río y al bosque. Acá las mafias sacan madera y oro. No están dedicadas a un solo delito”, confirma Josefino, el conductor de la embarcación que atravesará el corazón del crimen en el Santiago y a quien cambiamos el nombre por seguridad.
Con el rostro ajado, siempre a media sonrisa, Josefino relata que la cantidad de insumos que se despachan depende del tamaño de la balsa minera a donde vayan. Los materiales comprados aquí llegan a todos los focos mineros asentados en el Santiago. El petróleo que acaba de salir de la bodega —afirma convencido— es para una draga que desde hace tres meses opera a orillas de La Poza.
Su trabajo como motorista le ha permitido conocer de cerca las dinámicas criminales en la cuenca del Santiago, aunque no hace alarde de aquello. Hay compradores de oro que llegan a La Poza porque acá o en los puntos de excavación del río —sostiene— se paga hasta 200 soles (58 dólares) por gramo. Luego serpentea su brazo en el aire como graficando una carretera sinuosa: “Cuando va de salida y en los destinos finales el costo por gramo sube hasta 280 soles [81 dólares]”.
Agentes de inteligencia consultados para esta investigación detallan que el oro sale por los ríos Santiago, Marañón y Nieva. En la ciudad de Nieva están a la espera camionetas enviadas por los cabecillas de las mafias incrustadas en la cuenca del Santiago. La ruta del metal continúa por tierra: cuando son altas cantidades, pasan por Bagua (Amazonas), Chiclayo (Lambayeque) hasta Trujillo (La Libertad) o Lima. Las indagaciones por parte de personal militar dan cuenta de que en Lima y Trujillo el oro ilegal es vendido a negocios, empresas e incluso mineras formales, que lo “blanquean” con documentos amañados.
Si son proporciones menores del mineral, la mercadería puede quedarse, además de en La Poza, en Nieva, Chiclayo e incluso tomar un desvío a Jaén (Cajamarca). Propietarios de bodegas, joyerías y comercios chicos lo adquieren para negociarlo a su modo.
El bote lleva cinco minutos después de haber zarpado desde Galilea, una comunidad wampís contigua a La Poza. A la distancia, una silueta humana mueve con apremio los cilindros de metal apilados sobre un trozo de ribera. Busca llevarlos hasta una rampa de tablones, donde recaen los sedimentos absorbidos por un tubo que dos muchachos intentan direccionar. El traqueteo del motor y el ruido del agua en remoción les impide alertarse de que nos hemos acercado. Esta es la draga instalada desde junio en La Poza.
La silueta corresponde a un hombre encorvado que ahora vierte mercurio de los cilindros en baldes. Josefino reconoce en él al que la noche anterior cargaba las galoneras con combustible en La Poza. Está en plena selección de las partículas de oro, la parte del proceso que genera grave contaminación en el río Santiago. La corriente que de esta parte se dirige a la comunidad de Yutupis, próxima a La Poza y Galilea, concentra un matiz negruzco, más opaco aún que el que discurre por Huabal.
La Autoridad Nacional del Agua informó para este reportaje que los monitoreos realizados al agua del río Santiago, entre 2015 y 2025, evidenciaron que en sectores como Yutupis existen aumentos de turbidez y hierro disuelto, asociados, principalmente, con procesos naturales y erosión de suelos. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) identificó ambos aspectos como el resultado de la excavación de sedimentos a gran escala causados por las dragas en los procesos de minería ilegal.
Yutupis: pueblo en alerta permanente
En una oficina repleta de cartapacios y documentos sueltos, Tercero Ahuanari, el jefe de Yutupis, repite que el territorio al que hemos llegado está en un ámbito considerado de extrema pobreza. Yutupis es la comunidad más grande en toda la cuenca del Santiago. Pero su zona urbana no tiene calles asfaltadas ni trochas afirmadas que la comuniquen con sus nueve anexos. Es un área netamente agrícola. Los habitantes están dedicados al cultivo de plátano, cacao y maíz, productos que terminan siendo para el consumo propio. La falta de vías imposibilita que puedan trasladar sus cosechas a los mercados.
Esa es la precariedad que denuncia Ahuanari y por la que —asegura— sus antecesores se vieron empujados a aceptar la minería ilegal. Más de 20 dragas llegaron a operar en Yutupis hasta hace cinco años. A cambio, la comunidad pudo construir dos puentes con los pagos recibidos. El dinero llegó con un costo altísimo: la alta toxicidad en el río que hizo que la nación wampís desalojara a todos los mineros en 2020. Pero la historia podría repetirse.
“Todavía hay oro acá y tenemos necesidades. Los gobiernos nacional y local no nos escuchan. Puedo hacer [un trato con los mineros], pero solo por tres o cuatro meses y a condición de que no metan tantas máquinas”, declara Ahuanari. Esta preocupación, que erosiona cualquier esfuerzo por proteger su espacio de vida, es un síntoma común en las comunidades visitadas para esta investigación.
Los mineros ilegales en el Santiago se instalan a la fuerza para después transar su permanencia con las autoridades comunales. Galois Flores explica que las organizaciones criminales evalúan previamente las necesidades y debilidades del pueblo y delinean un análisis del contexto que puedan aprovechar. El vicepresidente de la nación wampís entiende bien qué sucede posteriormente: “Se afianzan y nunca cumplen lo que prometieron”.
Hasta mediados de 2025, conforme al MAAP, la deforestación por minería de oro alcanzó en Perú una extensión que supera las 139 000 hectáreas. Amazonas es una de las nueve regiones donde la actividad ilícita tuvo mayor incremento.
Umbral de la deforestación
Gerónimo Tukup, técnico de la Dirección de Territorio, Ambiente y Naturaleza de la nación wampís, tiene registrado que hasta el año pasado la depredación forestal en las comunidades del río Santiago llegaba a 18 000 hectáreas. Los líderes wampís atribuyen porcentajes similares de aquel desbosque histórico a la arremetida de taladores y mineros ilegales tras el brote de la pandemia. Hasta mediados de 2025, según MAAP, la deforestación por minería de oro alcanzó en Perú una extensión que supera las 139 000 hectáreas. Amazonas es una de las nueve regiones donde la actividad ilícita tuvo mayor incremento.
Yutupis también figura como una de las comunidades con más bosque afectado por acción de los madereros. Tercero Ahuanari sostiene que los jefes anteriores a su gestión obtuvieron permisos de aprovechamiento forestal con fines comerciales que no supieron controlar. El último, aprobado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas y vigente hasta junio de 2026, autoriza la tala de 487 metros cúbicos de lupuna (Ceiba pentandra), sempo (Osteophloeum platyspermum) y tornillo (Cedrelinga catenaeformis). La información consta en los registros del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
El jefe de Yutupis explica que los madereros compradores manejaban las guías de transporte que estaban a nombre de la comunidad y así podían sacar más madera de la permitida. En otras palabras, talaban especies no autorizadas y en cantidades superiores a las que figuraban en los permisos. Luego, lo especificaban en las guías para pasar los controles.
“Ya no ocurre. Cuando entré, en noviembre de 2024, le quité todo a los madereros. Ahora yo estoy administrando”, anota, enfático, el jefe de Yutupis. A pesar del aparente esfuerzo por conservarlo, el bosque de la comunidad sigue siendo arrasado.
La primera imagen que capta el drone desde lo alto es un mosaico verdoso salpicado de extensos polígonos amarillentos. Mientras el aparato planea en descenso, los bosques de moena, cedro y tornillo aparecen con más claridad. Se suceden entre parches de pequeños troncos erguidos y otros tumbados sobre tierra muerta. Es como si un ataque con proyectiles hubiera arrancado los árboles en cientos de hectáreas. Un segmento de selva arrasada llega hasta la margen izquierda de la quebrada Yutupis, que limita a la comunidad del mismo nombre con la localidad de Shiringa (anexo de Villa Gonzalo).
Cubiertos por los matorrales de un lado de la quebrada, tres madereros con medio cuerpo bajo el agua cargan trozas de distintos tamaños y las acomodan en una chalupa. Otros dos, inclinados sobre la proa, llevan papeles en las manos y dirigen la operación. No notaron que hubo un drone sobrevolando los bosques de Yutupis, pero han advertido la presencia de extraños en el bote que bajó la velocidad al aproximarse a su posición.
Desde el agua, uno ensaya una señal amenazante; otro se lleva al rostro las palmas de sus manos y lanza besos volados. El que solo observa —apunta Josefino— es quien llevaba la motosierra la noche de lluvia en La Poza.
“Son trozas de tornillo, pero también hay de madera fina: caoba o cedro. Las redes [criminales] envían grupos a la minería y la tala”, refiere un integrante del sistema de autodefensa Charip —brigada de vigilancia conformada por comuneros wampís—, curtido en decomisos de especies prohibidas a los madereros ilegales de esta cuenca. También, en incautaciones de equipos y materiales utilizados en la minería ilegal. El trabajo de los Charip ha evitado hasta ahora que el Medio Santiago se convierta en un infierno de dragas. Por eso, pide que el bote se orille para bajar antes de que entre al curso del Bajo Santiago. Quedaría en grave peligro si es reconocido en los bastiones de explotación de oro.
Durante la pausa que ha hecho el motorista, la chalupa cargada de madera pasa a la distancia en lenta navegación y toma la misma dirección que tenemos que seguir.
Blanqueo y ruta de la madera
Si bien Gerónimo Tukup no tiene una medición actual de la deforestación en las comunidades wampís, remarca que el problema de la tala ilegal también alcanza a las comunidades de Aintam, Yujagmkim, Guayabal, Fortaleza y Belén. A excepción de las dos últimas, el resto de pueblos tiene permisos forestales vigentes, de acuerdo con el Osinfor.
“Los madereros pagan por los permisos y mandan al jefe de la comunidad a gestionarlos. Así ellos entran y cortan lo que quieren”, explica Tukup, sin despegar los ojos de un mapa del Santiago en su computador. Cuando la comunidad no cuenta con la cantidad de madera que figura en el permiso —añade—, negocian en otras localidades para completar el volumen. Cita, por ejemplo, el caso de Shiringa, a donde los madereros ingresan desde Yutupis para operar.
“Eso también es ilegal, es blanqueo de madera. Pero no hay control”, insiste.
El “lavado” de madera mediante la tala de especies para las que no han sido emitidos permisos forestales, o en lugares no autorizados, genera sanciones para las comunidades nativas por parte del Estado que se traducen en deudas. Más allá de la deforestación, este es otro perjuicio que deja la irrupción de los madereros en las comunidades wampís del río Santiago.
La madera extraída de los bosques wampís, según agentes de inteligencia, traspasa el río Santiago, recorre parte del río Marañón hasta su encuentro con el río Nieva y tiene una primera parada en el distrito de Nieva. Después, los cargamentos atraviesan por vía terrestre las ciudades de Bagua, Jaén (Cajamarca) y Olmos (Lambayeque) para terminar en Piura, al norte de Perú. Ahí, de acuerdo con la información recabada, la mercadería ya tiene compradores fijos.
Mongabay Latam siguió el trayecto de la embarcación que salió desde la quebrada Yutupis. Tras un viaje lento y exento de controles, la madera llegó a cada sitio descrito por las fuentes en campo.
Sitiados por la minería y tala ilegal
Aunque las organizaciones criminales tienen cuadrillas operando en tala y minería por separado, también propician que un delito abra paso al otro dentro de un mismo lugar. Las comunidades del Bajo Santiago que concentran focos y campamentos mineros son afectadas, además, por la tala indiscriminada.
A tres horas de viaje desde Yutupis, siempre rumbo a Nieva, la comunidad de Guayabal anuncia un panorama apocalíptico. Dos dragas, como bestias de hierro que devoran el río, forman islotes de arena y piedras entre ellas. La faena reúne a hombres y mujeres atareados en torno a ambos puntos de devastación. En el ingreso a las quebradas que aquí tributan al Santiago, tablones de lupunas aparecen desperdigados. Los comuneros coinciden en que es lo que ya no tuvo espacio dentro de los botes madereros que han partido a Nieva. Los taladores y mineros empezaron a operar al mismo tiempo —declaran—, hace cinco años.
Una imagen similar muestra el trecho del río Santiago que corresponde a la comunidad de Fortaleza, a unos 10 kilómetros de distancia desde Guayabal. La diferencia es que hay cuatro dragas operando en ubicaciones distintas y estratégicas. Un par domina el centro del río y las otras se han posicionado en los extremos de la comunidad. Vistas de cerca, son una suerte de torreones de alerta ante algún operativo policial. Este fue el escenario del atentado contra la comitiva de dirigentes de la nación wampís, en julio pasado.
La minería ilegal ha controlado Fortaleza. Galois Flores cuenta que los mineros se relacionaron con mujeres locales a fin de tener arraigo en la comunidad. “Las dejan embarazadas o con hijos no reconocidos. Ahora amenazan a las familias para que apoyen a la minería. Hay tensión, violencia”, lamenta el dirigente.
El caos en Fortaleza derivó del descontrol que ocasionó la tala. El técnico Gerónimo Tukup tiene documentado que esta comunidad obtuvo un permiso forestal e hizo un trato con los madereros, quienes talaron especies distintas y volúmenes mayores a los autorizados. La deuda que quedó para Fortaleza fue de 12 000 soles (3478 dólares).
De pronto, Tukup ubica a la comunidad en el mapa, pone en evidencia los puntos rojos que simbolizan los focos mineros y fuerza una sonrisa para remarcar la ironía: “Exterminaron su territorio. Tenían la idea de cancelar los 12 000 soles aceptando [los pagos de] la minería. Mire en lo que se convirtió”. El 28 de septiembre de 2025 los mineros ilegales de Fortaleza se enfrentaron a una unidad policial que realizaba una inspección. Dos agentes resultaron heridos.
Para el coordinador en Perú de la organización internacional Amazon Watch, Vladimir Pinto, hay una presencia muy fuerte de la minería ilegal que está avanzando en el ámbito wampís, pero también poblaciones con una lógica de resistencia mayoritaria apoyadas en una estructura de contención a este fenómeno representada por su gobierno territorial autónomo. “Se trata, por supuesto, de un terreno de disputa”, opina.https://www.youtube.com/embed/FaYtWQaccek?si=7LnHqZEKCEAdWJhu
Las coordenadas nos sitúan ahora en Belén, la comunidad que sigue a Fortaleza en el recorrido. Trozas de tornillo atadas, en el acceso a un caño, están listas para ser colocadas en una embarcación. Muy cerca de la madera, cuatro maquinarias para absorber oro surgen a la vista. Además de los mineros que trajinan dentro, hay niños que a ratos saltan y chapotean en el río. En febrero, el presidente de la nación wampís, Teófilo Kukush, denunció que menores, de entre 5 y 10 años, eran utilizados como escudos humanos cuando las autoridades trataban de intervenir en esta parte del Santiago.
“Tenemos conciencia ambiental, pero la necesidad económica se está haciendo más fuerte. Ya no hay peces. ¿Cómo vamos a sobrevivir?”, reniega Mirko Impi, comunero de San Rafael, uno de los siete anexos de Belén. Impi es docente de primaria en una escuela ruinosa que no es reparada por el Estado pese a los continuos clamores de la comunidad. “Aún no ocurre, pero la carencia es tanta que en San Rafael la gente solo está esperando a que el río baje para ir a trabajar [en las dragas]”, subraya.
El jefe de San Rafael, Estanislao Taish, dice que en 77 años de existencia su pueblo nunca ha tenido agua potable ni luz eléctrica. A través de sus intermediarios, los dueños de las dragas le han ofrecido solucionar los problemas de San Rafael a cambio de que les permita operar en las orillas. Por ahora lo ha rechazado, pero, tal como su par en Yutupis, este líder comunal avizora: “Si la necesidad creciera, y lo consulto con el pueblo, podríamos trabajar con ellos. Todavía no llegamos a eso”.
Taish comprende que la inseguridad y contaminación que acarrea la minería agravará la precaria situación de su comunidad. El arroyo que cruza el bosque de cedro (Cedrela odorata) y topa (Ochroma pyramidale), donde se abastecen sus vecinos, ya está dañado por el combustible y mercurio utilizados en las dragas de Belén. En San Rafael, señala la población, hay casos frecuentes de enfermedades estomacales por el consumo de peces como boquichicos o palometas del Santiago. Los dos trabajadores de la posta médica nunca son suficientes.
Los informes técnicos elaborados por la Autoridad Nacional del Agua en torno a la calidad del agua del río Santiago, desde 2015, revelan incrementos puntuales de sólidos suspendidos y hierro en las zonas bajas y confluencias con afluentes mineros o urbanos. El dragado de los lechos del río en los focos de minería ilegal causa la liberación de sedimentos y metales pesados en el agua, que alteran su pureza y dañan los ecosistemas que contiene.
El 23 de diciembre de 2025, un puesto de control que la nación wampís había instalado en San Rafael, para interceptar el tránsito de combustible, mercurio y armas a los focos de explotación aluvial, fue atacado e incendiado por mineros ilegales.
Explotación y abuso sexual
De noche, solo algunos sectores indígenas y centros poblados del Bajo Santiago son iluminados por generadores eléctricos. La mayoría queda a oscuras. En tránsito hacia San Juan, la comunidad inmediata en la ruta, el reflejo multicolor que despiden dos bares rompe el ámbar tenue de las casas próximas al río. Hasta esa esquina llega el encargado de seguridad de dos locales nocturnos y habla con la mirada esquiva: “Hay dos ‘nuevas’ de la comunidad, también están las extranjeras”.
No sabe cuándo ni cómo las captaron o no lo quiere decir. Tampoco repara en la intención de las preguntas. Solo le interesa que entremos porque “aún no llega la gente del río”. Más que un eufemismo, la frase es una clave de seguridad. Decir “mineros” aquí tiene una prohibición tácita. Es una aberración, un riesgo.
“Los mineros emplean a las adolescentes y jóvenes wampís como cocineras en sus balsas. Las explotan, incluso, sexualmente. A algunas las traen a los bares”, cuenta Josefino con un puño cubriéndose la boca.
El abuso contra las menores indígenas en este extremo de la selva peruana no se focaliza únicamente en el entorno de las organizaciones criminales. El Consejo de Mujeres Awajun y Wampís (Comuawuy) y la Dirección Regional de Educación de Amazonas tenían contabilizadas, hasta agosto, 130 denuncias a profesores por violencia sexual contra escolares indígenas de la cuenca del río Santiago. Rosemary Pioc, presidenta del Comuawuy, estima que a la fecha los casos pueden haberse triplicado debido a la lentitud de los procesos y a que ningún inculpado ha recibido sentencia.
La mayor cantidad de acusaciones recibidas por el Consejo de Mujeres Awajun y Wampís compromete a docentes vinculados con la minería ilegal, pero Rosemary Pioc indica que hay muchos casos en que además están involucrados los mineros que también son taladores, así como los denominados “narcomadereros”. Uno de los aspectos más preocupantes —enfatiza— son las denuncias de menores violentadas por sus propios familiares.
“Nos han pedido intervenir en una comunidad donde los padres están recibiendo dinero de los mineros ilegales a cambio de sus hijas menores de 10 años. La situación es terrible”, deplora la defensora indígena.
Epicentros del delito
El bote atraca de punta entre las rocas y “Chepe” (seudónimo utilizado para proteger su identidad) sube la ladera a trancos largos. Amarra la proa a un tronco mientras observa entre la vegetación si hay un lugar seguro. Unos 50 metros al frente, a la luz dura del día, siete dragas explotan el costado del río Santiago que da a San Juan. En los bordes de esta enorme isla que bifurca el caudal para luego volverlo a unir, estructuras artesanales también aspiran el cauce en busca de oro. Por más de ocho años, “Chepe” fue minero ilegal aquí, pero desde que salió prefiere que nadie de San Juan vuelva a verlo.
“Son varios patrones los que tienen maquinaria en la cuenca. Ellos nunca vienen, solo tienen encargados”, narra. En tono bajo y monocorde, precisa que un minero recibe 215 soles (62 dólares) o un gramo de oro tras cumplir una faena de 24 horas. Las dragas en San Juan —asegura el exminero— extraen hasta 120 gramos al día. Él también operó como buzo, o sea, maniobrando los tubos de succión en los fondos del Santiago. Al término de 20 horas en las profundidades, le pagaban 500 soles (145 dólares). Cuando lo quisieron destinar a la tala de tornillo en los bosques de Belén, a fines de 2024, decidió irse.
El río Santiago desemboca en el Marañón, precisamente, donde está la guarnición del Ejército peruano Teniente Pinglo. La maquinaria minera que sube a las comunidades, así como la madera extirpada de los bosques, pasa solo a metros del destacamento. Esto es lo que más indigna a los líderes de la nación wampís.
Con las dos dragas que la organización indígena tiene identificadas en el Alto Santiago, son 22 las que actualmente están explotando el río. Diez más están inoperativas en la vegetación que flanquea el caudal. Galois Flores cree que los ilegales han recibido la alerta de un próximo operativo y que, cuando el rumor pase, las pondrán de nuevo a funcionar.
El tramo del Marañón, entre su convergencia con el Santiago y la unión con el río Nieva, también exhibe dragas y armazones artesanales mineros que remueven el cauce sin tregua. Aunque todavía lejos de las comunidades enclavadas en este contorno de la Amazonía, cada máquina que está carcomiendo el Marañón ya es una amenaza enquistada.
Es mediodía. Han pasado casi 24 horas desde que la chalupa que estaba siendo cargada con trozas en la quebrada Yutupis inició el recorrido del Bajo Santiago. Ahora llega al puerto del barrio Héctor Peas, en Nieva, y enseguida decenas de tablones uniformes y pulidos empiezan a ser subidos en un camión que ha esperado toda la mañana. “Chepe” sabe que durante la tarde de ayer la madera pasó por un aserradero pequeño, situado entre los bosques previos al río Marañón.
Durante los siguientes dos días —confirma el exminero— el camión transitará los sectores de Corral Quemado, en Bagua (Amazonas), y Pucará, en Jaén (Cajamarca). Luego llegará a Olmos (Lambayeque) y finalmente, a través de la carretera Panamericana Norte, a Piura. Y agrega sin transición: “Otras organizaciones en el Santiago llevan sus cargamentos a los aserraderos del puerto de Nieva, desde donde siguen el mismo itinerario a Piura”.
Los trabajadores del puerto calculan que ocho camiones entran y salen cada semana con el mismo objetivo. El que tenemos al frente acaba de arrancar. En la parte superior de la tolva lleva pintada una consigna criminal que no ha permitido acercarnos demasiado: “Plata o plomo”.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional y el Ejército del Perú, pero no obtuvimos respuesta.
El desastre avanza en el Santiago, como la fuerza que impulsa su caudal. Una crisis sucede a otra o la complementa. Las comunidades wampis, ciertamente, son fuente de vida. Pero también terrenos fértiles para el crimen.
Los nombres de algunas personas entrevistadas para este reportaje fueron reemplazados por seudónimos o sobrenombres por seguridad.
Imagen principal: el río Santiago presenta un caudal turbio e islotes de piedras removidas producto de la constante operación de las dragas mineras. Foto: Luis Taijín
El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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