Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20) fallecieron calcinados en junio de 2017, cuando trabajaban en contenedores construidos de manera irregular sobre un edificio del Cercado de Lima, y de los cuales no pudieron salir porque sus empleadores los encerraron con llave. Sus muertes fueron producto de un incendio, pero tuvieron como causa primaria la explotación laboral. Aunque en 2018 se condenó a los responsables, las familias aún batallan por una reparación y por respuestas de las instituciones que debieron prevenir las muertes. Ambas víctimas de trata y trabajo forzoso aún no tienen una justicia real después de 7 años
La tragedia de Las Malvinas es un caso emblemático de las vulnerabilidades que hacen posible la trata de personas, la esclavitud y el trabajo forzoso. Bertha Villalobos, de 57 años, persiste en la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, uno de los jóvenes trabajadores fallecidos en el incendio. / Foto: Lucero Ascarza
Escribe: Lucero Ascarza
A pesar de haber transcurrido siete años, Bertha Villalobos sigue caminando y buscando con la mirada algún rostro conocido entre los vendedores de la zona comercial-industrial de Las Malvinas, en el distrito de Cercado de Lima (Perú).
En el cruce de la avenida Guillermo Dansey y el jirón Huarochirí ya no hay nada, solo un espacio vacío rodeado de autos y ambulantes. Pero en el 2017 allí quedaba el edificio de la ex Galería Nicolini, y sobre su azotea se había apilado contenedores de metal de forma irregular para que los trabajadores operen en condiciones precarias, a puertas cerradas y con escasa iluminación. En ese espacio, los jóvenes comían y orinaban en botellas. El dueño del negocio, Jonny Coico Sirlopu, al que solo conocían como ‘Gringo’, les colocaba cadenas y candado a las puertas con la excusa de que así no robarían su mercadería.
El hijo de Bertha, Luis Huamán Villalobos (19), trabajaba en uno de esos contenedores junto a su amigo del barrio, el asentamiento humano Vista Alegre, Jovi Herrera Alania (20). Ambos lijaban los sellos de la marca Duratel que llevaban los tubos fluorescentes que les entregaban, para luego imprimirles el logo de la popular marca Phillips. Lo hacían desde las 8:00 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, labor por la que solo recibían entre S/25 a S/30 diarios.
Luis y Jovi eran dos muchachos que tenían una vida con pocas oportunidades de trabajo. En esas circunstancias, la necesidad vuelve a uno más práctico y despreocupado ante los riesgos. Ninguno imaginaba que un día se iniciaría un incendio que duraría más de un día entero, y del cual no saldrían vivos. Sus cuerpos fueron recuperados cinco días después de aquel 22 de junio de 2017, cuando las llamas ya habían cedido.
En el 2024 se cumplieron siete años de aquella catástrofe laboral y las familias de los dos jóvenes obreros aún no pueden procesar el duelo porque sus muertes no obtienen justicia.
El Poder Judicial le redujo la pena de cárcel a los empresarios explotadores, pese a que uno de ellos se encuentra prófugo. Los funcionarios municipales prosiguen su carrera pública, mientras los parientes de las víctimas no reciben la indemnización que se fijó en la sentencia. Además, la demanda civil que presentaron de manera directa fue rechazada este año.
Antes de que el edificio desapareciera, Bertha acudía allí constantemente para buscar justicia para Luis. Pero en el 2022, se inició la demolición de la ex Galería Nicolini, y dejó un terreno baldío. Pese a que se destruyó una construcción que recordaba cuán vulnerables son los derechos laborales en el Perú, la memoria, como la de Bertha, sigue intacta.
Encerrar a trabajadores es una práctica de esclavitud moderna que sigue reproduciéndose hasta la actualidad. Si uno busca en Internet se puede hallar varios reportes similares en otras regiones del país. El año pasado, dos trabajadores de la empresa Cicsa, contratista de América Móvil Perú (Claro), fallecieron de la misma forma.
La historia del incendio de Las Malvinas es la historia del actual marco laboral peruano.
LA ESPERA
Aquel junio de 2017, Bertha se enteró viendo las noticias que había un incendio cerca de la Plaza Dos de Mayo. Estaba angustiada, y por eso llamó a Luis, su hijo, pero este le dijo que estaba fuera del lugar y que regresaría pronto. Sin embargo, veinte minutos después, una segunda llamada le revelaría la verdad.
Desde el contenedor metálico donde estaban encerrados, los jóvenes tuvieron que apilar cajas para poder alcanzar una rendija para llamar la atención con un fluorescente. Foto: Andina.
“Mamá, estoy en el incendio. Estoy encerrado con llave. No te preocupes porque ya me vienen a sacar. El dueño viene a sacarme ya”, le dijo Luis.
Bertha, su esposo, sus hijas y otros familiares empezaron a movilizarse, pero no había mucho que pudieran hacer. Llamaban a Luis y le pedían que saque la mano por una rendija del contenedor para que los rescatistas lo ubicaran. Pero pese a sus esfuerzos, la voracidad de las llamas impidió a los bomberos llegar a los contenedores.
Un joven callado, tímido y tranquilo, así recuerda Bertha a su hijo. La depresión en la que quedó sumida luego de la intempestiva muerte de Luis no le permitió continuar trabajando en una tienda de zapatos.
Ella dejó su casa, se mudó a otro distrito y se sumergió en un vaivén de trámites, documentos y audiencias para buscar justicia. No fue sencillo para una mujer de 57 años que no está acostumbrada a la tecnología, y a veces se le complica hallar los archivos que le envían sus abogados por WhatsApp.
Dos defensoras públicas llevan los procesos por trata de personas y por ir contra la seguridad pública, a raíz del incendio; mientras que un abogado particular —que Bertha y su familia pagan con mucho esfuerzo— lleva el proceso por la indemnización que exigen a los empleadores y a las instituciones del Estado.
Siete años después de la muerte de su hijo, Bertha Villalobos busca sus pasos en las calles que rodean el centro comercial Las Malvinas. El edificio donde Luis Huamán trabajaba ya no existe, pero el recuerdo de las últimas horas del joven se mantiene vivo en ella. / Foto: Lucero Ascarza
En 2018, el Poder Judicial condenó a los dueños de este comercio informal, la pareja de esposos Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, por los delitos de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. Sin embargo, al año siguiente la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel redujo la pena de Coico de 35 a 30 años de cárcel; y la de Zeña de 32 a 15 años, pese a que ella es una fugitiva por la que, recién desde julio de 2023, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/50.000 por información que facilite su captura. Sin embargo, sus datos ya no aparecen en el portal de recompensas, y además, presentó una demanda de hábeas corpus contra la sala del Poder Judicial que la condenó.
En el plano de las responsabilidades administrativas, Cristian Rosenthal Ninpaytan y Mario García Martinez, entonces funcionarios de la Municipalidad de Lima, fueron condenados por permitir que se trabajara incumpliendo normas municipales en esa galería, pese al alto riesgo. En setiembre de 2018, se publicó la sentencia de primera instancia contra ellos por el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión en el cumplimiento de sus funciones. Meses después, en marzo de 2019, se confirmó la condena: pena suspendida, inhabilitación de cargos públicos y reglas de conducta por un año, además de pagar una reparación de S/10.000 cada uno. Pero ambos seguían su carrera en el Estado como funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo, en Lambayeque. Rosenthal era gerente general y hombre de confianza del alcalde, mientras que García se desempeñaba como subgerente de Fiscalización.
Aunque más de una sentencia reconoce a Luis como víctima mortal, la reparación económica que ordenaron los jueces sigue pendiente. Por ello, los deudos iniciaron una demanda de indemnización por daños y perjuicios, y por incumplimiento de normas laborales contra el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad de Lima y la pareja de empresarios.
Resolución que declaró concluido el proceso judicial por indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales en el contexto de la muerte de Luis Huamán Villalobos, quien falleció en el incendio de Las Malvinas como víctima de trata y explotación laboral.
La última audiencia virtual para resolver este caso se convocó el pasado miércoles 8 de mayo. Los padres de Luis y su abogado ingresaron al enlace de Google Meet que les proporcionó el juzgado. La Procuraduría Hacendaria también asistió a la sesión, pero los acusados no aparecieron. Tampoco se conectaron el juez ni un secretario judicial.
“Ese día era santo de mi hijo. Fui a dejarle flores, a cantarle Happy birthday, y de ahí he venido corre, corre, corre porque dijeron que la audiencia sería a las 3 de la tarde. Hasta las 7 de la noche estuve esperando, pero no se hizo nada. El año pasado (2023) igualito fue en mayo, tampoco entraron”, relata Bertha.
Dos días después de la audiencia fallida, el 4° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente emitió una resolución dando por concluido el proceso legal. ¿El motivo? La inasistencia de las partes involucradas a las audiencias.
La familia de Bertha y su abogado presentaron un reclamo adjuntando las pruebas de que ellos sí se conectaron, pero ya les quedan pocas esperanzas. Después de siete años, la justicia les sigue siendo esquiva.
Evidencia presentada por la defensa de Bertha Villalobos y Julio Huamán, padres de Luis, para demostrar que estuvieron conectados a la audiencia virtual del 8 de mayo de 2024.
EL SISTEMA
“Yo no sabía ni dónde trabajaba. Nunca supe que lo estaban encerrando”, comenta Bertha. Por sus conversaciones, sabía que Luis no podía salir a almorzar, pero no le pareció extraño. Ella tampoco podía salir cuando no estaba su jefa.
Bertha pensaba que su hijo trabajaba en una fábrica de fideos por el nombre de la galería. Recién aquel 22 de junio de 2017 supo que la galería estaba dedicada al comercio de ferretería y pintura.
Luis no compartía detalles de su trabajo ni mucho menos manifestó que hubiera algo incorrecto y menos aún ilegal.
Luis y Jovi eran dos muchachos que se hallaban dentro de un engranaje perverso en donde los derechos laborales y humanos tienen muy poca relevancia, tanto como para quienes explotan como para quienes son explotados. El dinero es lo primordial en un modelo económico que ve a los obreros como herramientas para obtener ganancias.
Para entender el monstruo que devoró a Luis y Jovi, tenemos que retroceder hasta los años noventa. Durante la dictadura de Alberto Fujimori, se aplicó una reforma laboral y una política económica de libre mercado sin planificación que flexibilizó los derechos laborales y que provocó la reducción del empleo en distintos sectores de manufactura del país, una de las actividades clave en la economía del país. Esto provocó que las tasas de desempleo de la mitad de los noventa sean superiores a las de los ochenta.
La informalidad también se incrementó del 52% en 1990 a 56,9% en 1997, en Lima Metropolitana. La inestabilidad de los trabajadores era una constante. Esto generó que se abriera un mercado oscuro e inseguro para los obreros que necesitan tener ingresos para sobrevivir. Una normalización y tolerancia a la explotación.
Según un estudio realizado por CHS Alternativo y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en 2022, alrededor de 3,4 millones de peruanos se reconocen como víctimas de trabajo forzoso, pero el 54% de la población no comprende en qué consiste y el 18% no sabe a dónde acudir para pedir ayuda o denunciar.
“Es un problema común en situaciones de explotación. La conciencia respecto a la situación y sus alcances no es necesariamente identificada por las víctimas. Hay una serie de condicionamientos que pueden hacer que acepten situaciones de explotación. Por eso regresaban y no lo comentaban con sus familias. Probablemente no sabían que estaban pasando por una situación de trabajo forzoso o de trata de personas”, explica Luis Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo.
Jorge Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20
A diferencia del delito de trata de personas, sobre el cual hay una mayor capacidad de identificación, el trabajo forzoso aún parece difícil de reconocer y, por ello, de sancionar y prevenir.
“La explotación laboral, sea como parte de la trata o no, es difícil de identificar. Uno de los motivos es que, comparada con la explotación sexual, tiene mayor aceptación social. Pensemos en el caso del empleo doméstico, que siempre ha sido una cuna para casos de trabajo forzoso; hace pocos años recién tenemos una regulación que pone ciertos límites”, explica Sergio Rodríguez, abogado penalista especializado en temas laborales.
En el 2023, el Ministerio Publicó registró 2.620 denuncias por trata de personas y 109 denuncias por trabajo forzoso hacia adultos y menores de edad. Pese a ello, a la fecha, no existe ninguna sentencia por trabajo forzoso en el Perú.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso se entiende como el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Algunos indicadores de este delito son la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, las amenazas e intimidaciones, o las deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar.
Un acuerdo plenario del Poder Judicial publicado en 2023, además, expande la definición de trabajo forzoso como “obligar, a través de cualquier medio, incluido el abuso de la situación de vulnerabilidad, a una persona a realizar o continuar realizando un trabajo o servicio”. Luis y Jovi vivían en esa situación, que ni ellos ni su entorno ni las autoridades pudieron reconocer como delito a tiempo.
La vulnerabilidad es el común denominador en las situaciones de explotación. Esta puede ser socioeconómica, cultural, física, psicológica o emocional, evita que las personas reconozcan que son víctimas de un delito y, a su vez, las mantiene expuestas a más violencia.
“Cuando mi hijito estaba en el colegio, a veces yo no tenía plata, me olvidaba su pasaje. No le daba y mi hijo se cansó. Me decía ‘mamá, estás viejita, tu mano está arrugadita, yo voy a trabajar’”, recuerda Bertha. Luis quería ser policía, pero después de terminar el colegio, y ver las necesidades económicas en su casa, descartó estudiar. A los 18 años, su amigo Jovi le comentó del trabajo en Las Malvinas.
Jovi Herrera Alania acababa de convertirse en padre y necesitaba tener ingresos en poco tiempo. Ambos vivían en un asentamiento humano en el distrito de Independencia, al norte de Lima. Y eran jóvenes, otro factor que los hacía vulnerables.
Los empleadores identifican cuando una persona necesita ingresos urgentes, y también saben que esta no será capaz de impedir condiciones que a todas luces están fuera de los estándares de un trabajo decente, explica Luis Aguilar, especialista de CHS Alternativo. Ese tipo de condiciones son laborar bajo llave, sin posibilidad de ir al baño, y comer y orinar en el mismo espacio donde trabajaban.
Declaración de un extrabajador del negocio de Jonny Coico y Vilma Zeña en Las Malvinas.
“Estaban en una situación de precariedad económica y ese era un trabajo de tipo manual, sencillo, además ilegal porque estaban falsificando. Era lo único que el mercado laboral les ofrecía. Estaban en una vulnerabilidad doble y en base a eso, ellos llegaron a ese lugar y permanecían allí siendo explotados. Probablemente, si el incendio no hubiera ocurrido o si no les hubiera costado la vida, habrían ido al día siguiente a seguir trabajando”, señala Aguilar.
El camino por el reconocimiento y sanción del trabajo forzoso ha sido largo y, en nuestro país es relativamente reciente. Aunque a nivel internacional la OIT hacía referencia a este delito desde 1930, el Código Penal peruano incorporó la figura de trabajo forzoso recién en enero del 2017, meses antes de la muerte de Luis y Jovi en Las Malvinas.
“Además del reto que supone identificar el trabajo forzoso, está el reto de definir los distintos niveles de explotación laboral y de intervención. Si es incumplimiento de condiciones laborales, por ejemplo, tendrá que entrar Sunafil y la justicia laboral ordinaria, pero si se trata de esclavitud o de trabajo forzoso, corresponde intervención de la justicia penal y frecuentemente no se tienen claros los elementos que distinguen a estos delitos” explica el penalista Sergio Rodríguez.
Recién en marzo de este año se aprobó un mecanismo de coordinación para la identificación y referenciación de casos de trabajo forzoso y/o trata de personas con fines de explotación laboral, elaborado por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la OIT y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. El objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios y promover instrumentos especializados que faciliten priorizar las acciones contra el trabajo forzoso.
Lamentablemente, uno de los mayores desafíos para combatir este delito es la informalidad. Como plantea Rodríguez, los beneficiados por el mecanismo de coordinación podrían ser pocos, porque Sunafil y Migraciones puede llegar a muy pocos. “Todos sabían lo que pasaba en Las Malvinas, pero Sunafil nunca llegó a ir. Tiene pocos inspectores y supervisa al sector formal, sobre todo a empresas grandes. Por tanto, no se llega a todo el universo de casos y sobre todo, a los sectores más vulnerables”, señala el abogado.
A Bertha Villalobos le faltan unos años para llegar a los 60, pero sigue trabajando. Durante las mañanas vende ropa en un mercado del distrito de Independencia. Por las tardes, va al Mercado Central para comprar nueva mercadería.
Cada vez que puede, vuelve a Las Malvinas. Siente que los comerciantes la miran mal, que la culpan por denunciar lo que ocurrió con su hijo y otros jóvenes. Su familia le ha pedido que por su seguridad deje de ir. Pero no puede evitarlo.
Quiere saber si harán una misa por el aniversario de la muerte de su hijo Luis. Pregunta, nadie sabe nada.
Bertha fija la mirada en una tienda frente a lo que hoy es el nuevo centro comercial Nicolini.
El 22 de junio de 2017, se quedó parada por horas afuera de esa tienda. Sus hijas mayores han borrado las fotos y videos que tenía de ese día. Bertha no las necesita. Esas imágenes están frescas en su memoria. Es el recuerdo de Luis el que la empuja a no rendirse.
*Esta historia incorpora las herramientas brindadas en el «Taller sobre trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna (2da edición)», realizado por el Proyecto Bridge Perú de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El reportaje fue editado por Elizabeth Salazar.
