La inclusión de miles de personas con discapacidad al sistema educativo sigue siendo un tema poco discutido por quienes deberían legislar para todos y todas.
Hace unos meses, en un viaje a Argentina, conocí a Richard, un padre peruano que había emigrado al país del sur a pesar de tener estabilidad económica y un trabajo que le gustaba. La razón me hizo pensar en todas aquellas personas que existen por fuera de Estados que deben darles protección y atención oportuna: Richard tenía una hija con discapacidad y era muy difícil para él encontrar un espacio en nuestro país para que su hija pueda acceder a educación.
Esta realidad no es exclusiva a él y a su familia porque, de acuerdo con datos proporcionados por la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), el 88 % de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar está fuera del sistema educativo, lo que afecta significativamente sus posibilidades de ejercer su derecho a la educación.
¿Qué pasa con el 12% restante? La respuesta no es del todo positiva, ya que quienes logran acceder a educación enfrentan diversas complicaciones por la falta de acciones que garanticen accesibilidad, adaptación de materiales y acompañamiento a estudiantes con discapacidad lo que, a su vez, puede tener consecuencia en los niveles de deserción escolar y terminar con su experiencia de aprendizaje formal.
Este tema es, lamentablemente, poco discutido en nuestra sociedad, porque el estigma y la falta de información nos hace caer en una visión sesgada de las personas con discapacidad y a relacionarnos desde el paternalismo o la completa indiferencia. Hasta ahora, no hemos sido posibles de reconocer el derecho a una sociedad, una ciudad y un sistema educativo que sean accesibles para todas las personas, y si a ello le sumamos el abandono del Estado, tenemos como resultado la situación de exclusión y desigualdad que sigue afectando a miles de personas con discapacidad en nuestro país.
Esta exclusión también se hace visible en nuestra política porque, estando en 2023, aún seguimos identificando una brecha vergonzosa debido a la falta de implementación de los servicios de apoyo educativo (SAE). Los SAE son equipos que deben brindar acompañamiento a las instancias de gestión educativa para dotar de herramientas y estrategias que garanticen la atención oportuna a estudiantes con discapacidad.
El problema radica, actualmente, en la falta de asignación presupuestal para que los SAE puedan ampliar su rango de atención. Si bien el Ministerio de Educación ha trabajado en la elaboración de normativa para que los SAE funcionen, al no tener un presupuesto asignado, la intención de implementar estrategias de atención queda solo en el papel.
Desde hace algunas semanas, las organizaciones comprometidas con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad están impulsando acciones para solicitar que la asignación presupuestal para los SAE se apruebe en el marco de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2024. Y que, así, se puedan asignar los recursos necesarios para generar las adaptaciones curriculares, de infraestructura y apoyos específicos que necesitan las personas con discapacidad para acceder a la educación.
Y aquí la pelota está en la cancha del Congreso de la República, que ha tomado decisiones bastante cuestionables –como la eliminación del lenguaje inclusivo– alegando, entre otras cosas, que querían enfocarse en la “verdadera inclusión”. A quienes tomaron dicha decisión con esa excusa les ha llegado el momento relevante de mostrar su compromiso. Deben colocar en debate la asignación presupuestal para la atención de personas con discapacidad en los sistemas educativos, para que esta corresponda con lo indicado por ley y permita que la normativa –que ya existe– se pueda implementar. Y que, así, genere beneficios para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que, como la hija de Richard, hoy existen por fuera del sistema educativo.
Ana Lucía Mosquera Rosado es comunicadora e investigadora especializada en temas de diversidad, interculturalidad, género y no discriminación.
