- El pasado 13 de abril un grupo de integrantes del Comité de Control y Vigilancia Forestal Comunitario de la comunidad nativa kakataibo Mariscal Cáceres fue atacado mientras recorrían su territorio.
- Organizaciones que apoyan a defensores ambientales cuestionan las demoras y falta de respuesta a las solicitudes de atención por parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
- Durante varios meses, correos electrónicos y oficios solicitando reuniones, entre otros requerimientos, ni siquiera reciben respuesta.
- El Ministerio de Justicia ha informado que desde abril de 2021 hasta abril de 2025, el Mecanismo Intersectorial ha recibido y registrado a 706 personas defensoras de derechos humanos y 64 familiares de las mismas.
Por: Yvette Sierra Praeli / Mongabay Latam
El último 13 de abril, un equipo del Comité de Control y Vigilancia Forestal Comunitario de la comunidad nativa kakataibo Mariscal Cáceres fue atacado mientras recorría el territorio. Habían salido a realizar el monitoreo que hacen cada cierto tiempo para verificar el estado de sus bosques, revisar las zonas con alertas de deforestación y supervisar sus límites.
Fue así que en el sector que limita con un caserío encontraron por lo menos una hectárea y media de tierra dentro de los límites de la comunidad que había sido desboscada. Los miembros del comité de control y vigilancia planeaban instalar su campamento en esa zona para realizar su trabajo durante los siguientes cuatro días cuando un grupo de personas del caserío, provistos de piedras, palos y machetes, llegó para desalojarlos.
El resultado fueron tres personas de la comunidad kakataibo heridas que debieron ser trasladadas al puesto de salud de la comunidad nativa Yamino, la más cercana al lugar de la agresión, para posteriormente ser llevadas al centro de salud de la ciudad de Aguaytía, en la provincia de padre Abad, en Ucayali.
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Demoras en el sistema de justicia
“Cuando nosotros llegamos a la zona hemos querido dialogar, sin embargo, el único resultado que obtuvimos fueron insultos, agresiones verbales, y las personas del caserío empezaron a empujar a los comuneros del comité, empezó la agresión física. Nosotros lo que hicimos fue solamente defendernos”, cuenta uno de los líderes de la comunidad Mariscal Cáceres.
Además de la agresión física, los colonos cerraron la carretera que va hacia la comunidad Mariscal Cáceres, dejando por casi 48 horas sin acceso a toda la comunidad hasta que llegaron los representantes del Ministerio Público, informó el abogado Álvaro Másquez, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que sigue de cerca el caso.
Másquez señala que hubo inconvenientes para poner la denuncia ante la Policía en Aguaytía, puesto que en la comisaría indicaron que los hechos ya habían sido denunciados por los integrantes del caserío. “Es una sinrazón legal y un obstáculo discriminatorio hacia las comunidades. Con la excusa de que los hechos ya se habían denunciado y, por tanto, no cabía hacerlo dos veces, durante varias horas impidieron que se registre la denuncia de la comunidad Mariscal Cáceres”, cuenta Másquez.
Ante la negativa, se comunicaron oficialmente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente con quien estaba encargado de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos en el sector Justicia y del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, quien intercedió con la comisaría para que registren la denuncia.
En esta ocasión no hubo mayores daños, pues las personas heridas se recuperaron rápidamente. Sin embargo, las demoras en la atención y las trabas que muchas veces ponen los mismos sistemas de Justicia agravan la situación que enfrentan los defensores del medioambiente en Perú.
De acuerdo con información de algunas organizaciones civiles que trabajan directamente con defensores ambientales en riesgo y personas amenazadas, en los últimos meses el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que debe velar por la seguridad de los defensores, no ha respondido a sus comunicaciones ni ha atendido las solicitudes de reunión ni los procesos de seguimiento de sus casos.
“Es como si el mecanismo ya no existiera. No responden a las comunicaciones. Por ejemplo, nosotros acompañamos el caso de la comunidad Nueva Austria del Sira, que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
“Hemos enviado una y otra vez correos para pedir que convoquen a la mesa de concertación y ni siquiera nos contestan. Hemos mandado un oficio formal al director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, que es el encargado del mecanismo y tampoco nos han contestado”, agrega Pérez.
Los pueblos indígenas Kakataibo viven bajo amenaza de las actividades ilegales. Foto: Christian Ugarte
Pérez se refiere, por ejemplo, al email enviado el 22 de enero de 2025, en el que solicitan “convocar a la brevedad posible una reunión para el seguimiento de la implementación del Plan Nueva Austria”, indican en el email. “Solicitamos se convoque a la reunión a la DRA [Dirección Regional de Agricultura] del gobierno regional de Huánuco, ya que avanzar en el reconocimiento jurídico de la comunidad resulta prioritario para su protección”, concluye.
Tres semanas después, no habían recibido respuesta, por lo que el 13 de febrero reiteraron su solicitud, pero tampoco fueron atendidos. El 8 de abril presentaron un oficio formal con la misma solicitud. En el documento se menciona que las reuniones deben convocarse cada tres meses, pero que desde agosto de 2024 no se ha realizado ninguna.
“En la práctica es como si el mecanismo hubiera sido desactivado”, reitera Pérez de la coordinadora de Derechos Humanos. “Hasta que se fue Ángel [González, quien fue director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos hasta el 25 de octubre de 2024] el Mecanismo funcionaba, con muchísimas limitaciones, pero veíamos que había un esfuerzo para concertar con los sectores involucrados, ahora ni siquiera nos contestan”, aclara Pérez.
Hemos perdido toda confianza no solo en el Mecanismo, sino en el sector Justicia, agrega Pérez, quien desde hace varios años acompaña a la comunidad de Nueva Austria del Sira que lleva 15 años amenazada por taladores ilegales e invasores de tierras que se dedican al cultivo ilegal de hoja de coca para el narcotráfico.
“Son casi una veintena de familias que fueron amenazas, incluso el jefe de la comunidad sufrió un intento de asesinato con sicarios en 2019 y en estos momentos las amenazas se han recrudecido porque la comunidad está pidiendo que se anulen los permisos para sacar madera que ha venido entregando, de manera irregular, el gobierno regional [de Huánuco]”, explica Pérez.
Falta de atención a defensores
“En las últimas semanas, los dirigentes [kakataibos] reportan que, nuevamente, hay situaciones de amenazas, de violencia y tensiones como la que sucedió en Mariscal Cáceres”, comenta Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú.
Para Pinto, el Mecanismo también ha dejado de ser un espacio de apoyo y de atención rápida. “No se están atendiendo muchas solicitudes y las mesas [regionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos] tampoco están funcionando. Por nuestra parte, como no hemos recibido respuesta de algunas comunicaciones más informales, entonces dejamos de coordinar con ellos”.
La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) envió en diciembre de 2024 una carta solicitando “la realización de una reunión virtual de urgencia entre las instituciones que participaron de la instalación de la Mesa Regional de Defensores y Defensoras de Huánuco”, con el fin de coordinar con el Mecanismo y definir medidas de protección efectivas para las comunidades kakataibo. Ellas estaban listas para avanzar con su proceso de titulación. Una de ellas, Unipacuyacu, lleva más de 30 años a la espera de lograr la seguridad jurídica de su territorio. Sin embargo, este pedido del 5 de diciembre no se ha concretado.
“No se prioriza el trabajo del Mecanismo, no se le ha dado continuidad a las mesas de diálogo que se estaban instalando. Ha quedado un vacío”, reitera Pinto, a quien le preocupa que durante varios meses la dirección del sector Justicia, que tiene bajo su cargo el Mecanismo, haya estado sin un director nombrado específicamente para el cargo.
De acuerdo con el portal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el nuevo director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, Diego Reátegui, asumió su cargo el 12 de abril de 2025.
Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Justicia para consultar sobre las demoras en la atención de los requerimientos de las personas defensoras ante el Mecanismo y la falta de respuesta a las comunicaciones escritas.
En una respuesta por escrito, el Ministerio de Justicia señaló que “eso es inexacto” puesto que “el Mecanismo Intersectorial recibe pedidos de intervención las 24 horas, los 7 días a la semana”, los mismos que son atendidos. En el documento precisa que “hasta abril de 2025, ha recibido y atendido 50 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 35 son hombres y 17 mujeres, relacionadas a 32 situaciones de riesgo” y explica que “todas las situaciones reportadas exigen una evaluación previa por parte del equipo con la finalidad de definir la estrategia y/o respuesta que el requerimiento amerite”.
Desde el Ministerio de Justicia también indicaron que desde abril de 2021 hasta abril de 2025, el Mecanismo Intersectorial ha recibido y registrado a 706 personas defensoras de derechos humanos y 64 familiares de las mismas, relacionadas a 505 situaciones de riesgo como el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
Para Pinto, el mecanismo era un espacio con “poca capacidad material para resolver la enorme responsabilidad que tenía”, pero contaba con un equipo que se esforzaba por movilizar al Estado frente a las situaciones más dramáticas y más urgentes.
Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, comenta algunas de las situaciones complicadas que están afectando al Mecanismo. Una de ellas es que en el Presupuesto de la República del año 2025 no se asignaron los recursos necesarios para su funcionamiento. “Y eso debilita el Mecanismo”.
Un segundo aspecto es que todavía no se han aprobado los lineamientos de protección del sector Interior, que define cómo debe actuar la Policía para atender los casos de defensores de derechos humanos y ambientales. Y la tercera cuestión es que han cambiado el personal, refiere Castro. “Eso ha debilitado el funcionamiento del Mecanismo, porque eran personas que conocían los temas”.
Castro también menciona que hace varios meses no se realizan las mesas regionales que “son importantes porque recogen las preocupaciones y aterriza el mecanismo multisectorial a un nivel territorial”. Hasta el momento se han instalado ocho mesas regionales en Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín y Piura.
“No se está dando importancia a un problema grave, que se expresa en los asesinatos de personas defensoras en los territorios donde hay tremenda inseguridad, hay presencia de actividades ilegales y se vulneran derechos”, precisa Castro.
Con relación al presupuesto, el Ministerio de Justicia indicó a Mongabay Latam que “cuenta con un monto de S/ 573,093.79, destinado a las actividades operativas vinculadas al Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, es decir, a la “atención de situaciones de riesgo y a la articulación de mesas regionales”. Precisa también que se han realizado 22 sesiones de las mesas regionales y que cuenta con enlaces regionales en los departamentos donde se han instalado estas mesas.
En una carta enviada el 8 de abril a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, del Interior, de Cultura, del Ambiente, al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, las organizaciones indígenas del pueblo Kakataibo y el Instituto de Defensa Legal (IDL) señalan que desde noviembre de 2021 se han solicitado medidas de protección para la comunidad nativa Mariscal Cáceres, un pedido que aún está en evaluación.
En esa carta también se informa sobre la situación actual y se demanda la presencia de las autoridades del Estado “para sancionar a los responsables de la agresión, fiscalizar las actividades ilícitas que se realizan en la zona y colaborar con las organizaciones —como el comité de vigilancia y las guardias indígenas— que prestan auxilio inmediato al pueblo Kakataibo en situaciones de riesgo”.
Imagen principal: el territorio del pueblo Kakataibo está bajo amenaza. Foto: archivo Mongabay
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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