En Perú, las empresas mineras pagan una compensación económica a las comunidades por la extracción de sus recursos. Esta transferencia se denomina canon minero y solo entre 2019 y 2023 representó USD 3 mil millones para las municipalidades.
La ley del canon propicia que este gran flujo de dinero se destine principalmente a obras de fierro y cemento. Un boom constructor que también atrajo a constructoras sancionadas por incumplir sus contratos, ejecutar obras deficientes o falsificar documentos.
Esta investigación expone a empresarios y compañías multadas, penalizadas e inhabilitadas por malas prácticas. La ley actual les permite volver a presentarse como postores y un reciente cambio normativo les reduce algunos tiempos de sanción.
Por: Elizabeth Salazar Vega
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Yarabamba es un distrito agrícola y ganadero que se ubica al sur del Perú, en la región Arequipa. Sus habitantes carecen de redes de agua potable y sus centros poblados se tejen de polvorientos caminos sin pavimentar. Lo que sí tienen es un moderno estadio remodelado por USD 2,7 millones (S/ 10,5 millones) y equipado con iluminación nocturna, pista atlética y capacidad para más de 3 mil espectadores; casi el doble de los 1.700 pobladores oficialmente registrados.
El agua que abastece a la ciudad proviene de una acequia y es tratada en una planta de ósmosis inversa que la municipalidad inauguró en 2023, luego de 15 años de retraso en su construcción. Esta solo opera al 60% de su capacidad porque el agua es insuficiente y la prioridad de uso en este cauce la tienen los regantes agrarios. Cuando el caudal de la acequia disminuye, el agua faltante es donada a la población por Minera Cerro Verde, la principal explotadora de cobre en Arequipa. La empresa es propiedad de la estadounidense Freeport-McMoRan, la japonesa Sumitomo Metal y la peruana Buenaventura, y el año pasado distribuyó dividendos por USD 400 millones (S/ 1.501 millones) a sus accionistas.
Yuliana Bernardo Mancilla es vecina de San Antonio, uno de los centros poblados de Yarabamba. Aquí, cargar baldes y mangueras es parte de la rutina para subsistir. El clima es seco y sofocante, y los techos de calamina retienen el calor en las casas, pero los días que llegan las cisternas las ventanas se mantienen cerradas. Un intento inútil por evitar que la enorme polvareda ingrese a su casa. “Lo que pedimos a cada gestión municipal es que prioricen la búsqueda de agua porque lo que nos dan semanalmente no alcanza. Hay dinero del canon minero, pero solo vemos parques y estadios”, dice Yuliana.
El canon minero es una compensación económica que se entrega a las municipalidades de Perú por la explotación de recursos en sus territorios, y proviene del 50% del Impuesto a la Renta de las empresas extractivas. El monto no es menor: entre 2019 y 2023, tiempo en que se analizaron los datos para esta investigación, se distribuyeron S/10.862 millones por canon entre las 144 municipalidades distritales y provinciales de zonas donde se explotan cobre, oro, zinc y otros minerales. Es decir, más de 3 mil millones de dólares. El dinero que no logran gastar al cierre del año se acumula en las cuentas del Banco de la Nación y queda disponible para sumarlo a su presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal.
Yarabamba es uno de los distritos ubicados en la zona de influencia de la explotación minera de Cerro Verde, pero aún carece de redes de agua y saneamiento. Sus familias dependen de los camiones cisterna y agua de las acequias.
La Ley del Canon restringe el uso de estos fondos a “proyectos u obras de infraestructura” que promuevan el desarrollo de estas localidades. Una cláusula que, en la práctica, se tradujo en obras de fierro y cemento, y ha permitido que las compañías constructoras sean las principales beneficiadas con estos millonarios recursos.
Para conocer quiénes son estas empresas, recopilamos los 3.430 contratos de inversión pública gestionados por las ocho municipalidades con más canon minero entre 2019 y 2023. Los documentos revelan un boom de proyectos de infraestructura, que abarcan desde consultorías y elaboración de expedientes técnicos hasta la supervisión y ejecución de obras como losas deportivas, canales de riego, plazas, trochas y más. El valor total de estas contrataciones es de 3.039 millones de soles, equivalentes a más de 844 millones de dólares al cambio actual.
Estos documentos, sumados a los registros del Ministerio de Economía, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), nos permitieron construir cuatro bases de datos de 47.000 archivos estructurados que detallan el perfil de los proveedores.
El análisis confirma que la fiebre del cemento en las localidades mineras atrajo a consorcios, empresarios y consultores con múltiples antecedentes por malas prácticas; contratistas sancionados o inhabilitados para negociar con el Estado por incumplir los acuerdos adjudicados, realizar proyectos deficientes o fuera del plazo establecido, o por falsear documentos para ganar las licitaciones públicas.
El cobre que esconde bajo Arequipa genera millones de dólares al año para sus municipalidades. El dinero, sin embargo, no ha podido darle a sus agricultores lo que más necesitan: agua y programas de desarrollo agropecuario.
Empresas multadas e inhabilitadas
En 2024 Yarabamba recibió USD 8,3 millones (S/ 31 millones) por canon minero, pero su presupuesto anual ascendió a USD 39,8 millones (S/ 147,4 millones) por la acumulación de esta transferencia. Sin embargo, este pueblo agrícola no es el que obtiene los mayores ingresos de canon por la extracción de cobre en la región Arequipa. Ese título lo ostenta Cerro Colorado, un distrito urbanizado, con más de 200 mil habitantes, y que tan solo el año pasado consiguió USD 25,2 millones (S/ 93,3 millones) por este concepto, y que pese a ello tampoco cuenta con redes de agua potable y alcantarillado.
Cerro Colorado es una de las ocho municipalidades que concentran el 31,5% de los USD 2.959 millones (S/ 10.862 millones) que se repartieron a un total de 144 gobiernos locales y regionales de Perú, entre 2019 y 2023, periodo de nuestro análisis. Las otras siete localidades que integran este pequeño grupo son San Marcos, Nuevo Chimbote y El Santa, ubicadas en Áncash. Esta región lidera el ranking de mayores beneficiarios y ha llevado a San Marcos a ser considerado el distrito más rico del país. El canon que reciben depende de las operaciones de la empresa Antamina, propiedad de la suiza Glencore y sus socias.
En la lista le siguen las municipalidades distritales de Gregorio Albarracin e Ilabaya, ubicados en la región Tacna, sede de las mineras Minsur (Perú) y Southern Copper (México); y la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, zona de influencia de la multinacional Anglo American. Finalmente, está la provincia de Espinar, en Cusco, donde opera Minera Antapaccay, también propiedad de Glencore.
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