Desde hoy, una vez al mes, con 48 horas de exclusividad para Patreon, tendremos en LaEncerrona.pe a un investigador invitado. La idea es ahondar, a través de un reportaje en profundidad, en asuntos muchas veces incómodos, sobre los que es mejor sentarse a leer con tranquilidad.
EL SILENCIO DE LAS CONCIENCIAS
A fines de los 90, un puñado de ONG fueron cruciales para llevarnos hacia la transición democrática. Hoy, en el momento más crítico del siglo, Proética, la organización que debería liderar la respuesta de la sociedad civil, prefiere dejar hacer, dejar pasar. Aquí la historia detrás del silencio.
Escribe Laura Grados
El pasado 30 de mayo, en su columna habitual en La República, el exministro de Justicia, Diego García Sayán, escribió sobre la necesidad de “una sociedad civil en acción”. Acto seguido, lamentaba que…
«…el silencio y la falta de vigor marca ahora a muchas otras [organizaciones no gubernamentales]. Que no atinan a reaccionar ante el Pacto Corrupto. La organización que varias instituciones creamos en la transición el 2002, precisamente para fortalecer la ética pública, por ejemplo, hoy languidece en la inacción.»
Se refería a Proética, autodenominada “la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción”.
Y si usted, lector, ya se había olvidado de Proética en este último año y medio, existen razones.
EL PEDIDO DEL FISCAL
El 24 de noviembre de 2023, Patricia Benavides todavía era fiscal de la Nación. Ese día, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público –en una jugada evidente (y hoy confirmada) con Benavides– ratificó la suspensión contra el fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba.
En protesta por las acciones de quienes en esa época comandaban el Ministerio Público, el fiscal Vela buscó ayuda en las instituciones no gubernamentales que trabajan en defensa de la democracia en nuestro país. Es así que, por intermedio de la procuradora ad hoc, Silvana Carrión, solicitó a Proética permiso para que se realice una conferencia de prensa en su sede, en la calle Manco Cápac en Miraflores.
El silencio de la organización fue ensordecedor.
La importancia de Proética dentro de la sociedad civil debe subrayarse. Fue fundada en el 2002, poco después de la caída de Fujimori, con el objetivo de luchar contra la corrupción como camino para fortalecer la democracia. La idea era evitar a toda costa el retroceso de nuestro país hacia el autoritarismo.
Así, en aras de fortificarla, se diseñó como una ONG de ONG. Estaría conformada por algunas de las organizaciones civiles que resultaron cruciales durante la transición del fujimorato a la democracia: el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Civil Transparencia (ACT) y la Comisión Andina de Juristas (CAJ). Además, un gremio empresarial: la Asociación de Exportadores (ADEX).
Además, Proética es el capítulo peruano de Transparency International, la coalición global contra la corrupción, una especie de franquicia, lo que implica cumplir altos estándares en el trabajo que realizan.
Regresemos a Rafael Vela.
La tarde de ese 24 de noviembre, Rafael Vela se quedó esperando la respuesta de Proética, que nunca llegó. ¿Qué había pasado al interior de la ONG más importante del país? El entonces director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, hizo extensivo el pedido del fiscal Vela al Consejo Directivo de la ONG, a través de su presidenta, la historiadora Carmen McEvoy. Desde que asumió McEvoy la presidencia, Rotta debía consultar con ella absolutamente todas las decisiones de la institución.
LaEncerrona.pe se comunicó con la actual presidenta de Proética, quien nos explicó que le preguntó a Samuel Rotta si existían antecedentes parecidos a lo que solicitaba el fiscal Vela. No había antecedentes y sobre eso giró la discusión en el chat de WhatsApp que tienen los integrantes del Consejo Directivo.
En ese chat participan varios nombres que últimamente parecen haberse posicionado en orillas muy opuestas. Por el IPYS, Augusto Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda. Por Transparencia, Álvaro Henzler. Por la CAJ, Diego García Sayán y César Azabache. Por ADEX, Julio Pérez Alván. Además se encuentran su presidenta y vicepresidente, Carmen McEvoy y Rafael Fernández-Stoll. También participan los miembros independientes del Consejo Directivo: Walter Albán, Jorge Mori y Zelma Acosta Rubio. Y, en su calidad de fundador y past president, el abogado José Ugaz.
La mayoría se opuso, pero nunca hubo respuesta final al fiscal. Un par de días después, se publicó un comunicado.
Ante un intento de LaEncerrona.pe por profundizar en los criterios de esta decisión, McEvoy nos dijo que ese sería un debate muy amplio y que, en ese momento, noviembre del año pasado, se encontraba celebrando el Día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos, junto a su familia.
ANTES Y DESPUÉS DE BOLUARTE
El caso de Vela no fue la única vez que Proética, como institución, dejaba pasar una oportunidad de reafirmar su postura sobre temas emblemáticos, desde la caída de Pedro Castillo.
Durante ese gobierno estuvo muy activa, publicando, junto a otras instituciones, una evaluación de sus primeros 120 días e incluso emitiendo un muy contundente comunicado “Contra la degradación de la institución presidencial” en el que exigía su “salida por vías constitucionales” y pedía adelanto de elecciones.
Nada similar ha sido emitido por Proética sobre el gobierno de la sucesora de Castillo, Dina Boluarte. Ella merece apenas cuatro menciones en su web, mientras que su antecesor, cuarenta y siete.
Con el Poder Legislativo ha sucedido algo similar.
En diciembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó la denominada “Ley Antiforestal” que modifica el uso de tierras y deja abierta la posibilidad de que, sin mayor sustento técnico, se arrasen los bosques de la Amazonía.
Otras instituciones, como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) o la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) se pronunciaron en contra de la Ley Antiforestal. A lo largo de los años, Proética también ha tenido una línea consistente y muy activa en defensa de la Amazonía y contra el cambio climático. De hecho, los trabajadores de la ONG plantearon que se publique un comunicado advirtiendo de esta ley. Pero, como sucedió con el pedido de Rafael Vela, una vez que el asunto llegó al chat del Consejo Directivo, se diluyó en el aire.
Poco después de la aprobación de la Ley Antiforestal y del silencio de Proética, el periodista Ricardo Uceda, director ejecutivo del IPYS, participó de una charla de capacitación para periodistas. Allí planteó lo que parecía considerar un problema:
–Hay un periodismo ambiental muy, muy, ideologizado –dijo (ver video).
A inicios de año, Uceda publicó una columna en El Comercio sobre «el insólito caso de Tamshi«, una empresa instalada en la Amazonía que ha sido objeto de varios reportajes de medios independientes como Ojo Público, Mongabay, Convoca, Actualidad Ambiental, entre otros. «Un juez podría acabar con una empresa que brinda trabajo a 2.500 personas», alertaba el informe.
Uceda participa en el chat de Proética de forma extraordinaria. En su Consejo Directivo, en representación de IPYS, ya está incluido Augusto Álvarez Rodrich, su presidente desde el año 2013. Sin embargo, Uceda fue incluido también el chat, a pedido expreso de Álvarez Rodrich. LaEncerrona.pe intentó conversar con los dos periodistas, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
EL CISMA
A las tres de la tarde del último 10 de mayo hubo una tensa reunión en la sede de la calle Manco Cápac. A la cita habían sido convocados los miembros de la Asamblea y del Consejo Directivo. Entre los asistentes estaban los abogados Azabache, Ugaz y Acosta Rubio; los periodistas Uceda y Álvarez Rodrich; el exministro del Interior, Walter Albán; el representante de Adex, Julio Pérez Alván y la presidenta McEvoy.
Ese día se presentaron los resultados de un estudio interno que se realizó al interior de Proética. La empresa a cargo de realizarlo fue Mosaico, que tiene como dueño a Álvaro Henzler, actual miembro del Consejo Directivo de Proética y presidente de Transparencia, una de las organizaciones fundadoras de esa institución. Henzler no estaba presente en la reunión.
Preguntado por un potencial conflicto de interés, el dueño de Mosaico contestó a LaEncerrona.pe que él no tuvo nada que ver en el estudio que realizó su empresa. McEvoy, por su parte, piensa que no hay conflicto de interés porque son contratos de privados.
El estudio reveló una falta de comunicación entre el trabajo del día a día en Proética y el Consejo Directivo, es decir, que había una desconexión entre el día a día de sus trabajadores versus las posturas de su dirigencia. La ONG quería un rumbo; su Consejo Directivo, otro. Algo que ya hemos visto en el caso de la Ley Antiforestal.
El estudio también recomendaba que el Consejo sea renovado así como la dirección ejecutiva. Ese día anunciaron en el Consejo el despido de Samuel Rotta de la dirección. ¿La razón? La Asamblea quería un cambio de perfil, uno más “mediático”.
Esta decisión causó la protesta de Walter Albán, pues no había sido sometida a votación del Consejo. Su protesta incluyó la renuncia al Consejo Directivo, aunque esta aún no se hace de manera formal. Un par de semanas después, apareció la columna de García Sayán.
El reemplazo de Rotta ya estaba decidido. El elegido es José Elice, exministro del Interior durante el gobierno de Francisco Sagasti. Fuentes de la ONG indicaron que el ingreso de José Elice será anunciado la segunda semana de junio de este año.
TRANSPARENCIA EMPAÑADA
Ante la agudización de la crisis política, Diego García Sayán, director de la CAJ, considera que las organizaciones civiles deberían solicitar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana. Se trata de un instrumento creado en el 2001 para preservar la institucionalidad y que los países miembros están obligados a cumplir. Ante riesgos a la democracia, se puede solicitar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para evaluar y responder a la situación.
La Carta ha sido activada en Venezuela, Nicaragua y otros países en crisis. Incluso llegó a calmar las aguas en el Perú del 2004, la única vez que se activó en nuestro país. Hoy, existe una solicitud, presentada en solitario por Iniciativa Democrática. Entre sus firmantes se encuentra García Sayán.
Su postura difiere con la de su compañero en el Consejo Directivo de Proética, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, quien asegura estar trabajando en “consensos mínimos para la democracia”.
–Desde noviembre hemos empezado a entrevistar a todos los partidos políticos inscritos –sostiene– y los que tienen inscripción pendiente, gremios sindicales y empresariales, y organizaciones a nivel nacional en distintas regiones.
Antes no era tan conciliador. En agosto de 2022, en su cuenta personal de Twitter (hoy X), Henzler destacó como “iniciativa valiosa”, una serie de marchas, entre ellas, una a favor de la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Durante el gobierno de Castillo –considerado por Henzler como “el peor gobernante del Perú de toda nuestra vida milenaria”– fue un constante difusor de protestas y “activación de la calle”. Durante el gobierno de Boluarte, no ha habido nada de eso en sus redes.
En julio del año pasado, Henzler fue nombrado presidente de Transparencia y sus posturas personales parecen marcar el rumbo de la institución.
Desde su llegada, los cambios al interior de esta institución han sido notorios. A inicios de este año, renunció al puesto de secretario general el ex viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra. También dejó la Dirección de Proyectos la abogada Diana Chávez. En el puesto de Chávez ingresará la exconductora de TVPerú, Maite Vizcarra. Así lo confirmó Henzler a esta publicación.
Durante el actual régimen, Vizcarra ha conducido dos programas en el canal del Estado. Uno de ellos, en reemplazo del segmento conducido por el periodista Carlos Cornejo, luego de que a este último no le renovaran el contrato después de haber criticado la actuación del gobierno de Dina Boluarte durante las protestas que dejaron 49 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas y la Policía. En paralelo, ella conduce el podcast Cuatro D, junto a otro directivo de Proética, Álvarez Rodrich.
–No podemos vetar a personas –responde Henzler– porque sino tendríamos que sacar a casi toda la Asamblea de Transparencia.
CONTROL DE DAÑOS
Henzler fue entrevistado para esta nota el martes 4 de junio. Ese día, de manera personal, se le inquirió por los silencios tanto de su organización como de Proética. Ese mismo día, varias otras asociaciones lanzaron un comunicado en reclamo por la inminente aprobación de ley para controlar las ONG. No se encontraban ni IPYS ni Transparencia ni Proética. Así que, por WhatsApp, se le preguntó específicamente por qué no se habían sumado.
La consulta ocurrió al mediodía y, cinco horas después, Henzler nos avisó que Transparencia ya había hecho una publicación en Twitter (hoy X). Efectivamente, la publicación –un tuit– fue lanzada a las 4 de la tarde con 32 minutos. Dos minutos después, Transparencia publicó otro tuit en contra de la ley que desaparece la Junta Nacional de Justicia y que somete a control del próximo Senado a los organismos electorales.
Y, para que quede claro, juntaron los dos tuits en una sucinta publicación de Facebook que mereció once likes.
Pocas horas antes de publicar este reportaje, un miembro del chat de directivos de Proética advirtió que la prensa estaba al tanto de las conversaciones en ese espacio. De inmediato, el periodista Ricardo Uceda informó que no se comunicaría más por esa vía por “obvias razones”, en alusión a la filtración de la información.
En un país en el que desde el Congreso de la República se tuerce la ley al antojo de los líderes de los partidos políticos con graves acusaciones en el sistema de justicia, la pregunta es, ¿hasta qué punto las organizaciones civiles se mantendrán como espectadores con pronunciamientos inocuos y silencios que, más que incómodos, resultan cómplices?
