- El avance de las economías ilícitas y la criminalidad organizada que impacta en la Amazonía peruana han marcado el año.
- Uno de los temas más preocupantes ha sido el avance de la minería ilegal, que ya se ha instalado en nueve regiones amazónicas del país.
- Entre las modificaciones de leyes controvertidas figuran normas que extienden el plazo de formalización a los mineros ilegales y que restringen el poder de acción de la sociedad civil.
- Entre las buenas noticias destaca Mari Luz Canaquiri Murayari, la lideresa indígena del pueblo kukama kukamiria, una de las siete personas galardonadas con el Premio Medioambiental Goldman 2025.
La minería ilegal ha marcado la agenda ambiental en Perú durante 2025. La violencia desatada en Pataz —en la costa norte de Perú—, que en mayo de este año dejó 13 muertos, es solo una muestra de cómo esta actividad ilícita se ha ido entendiendo en el país. En la Amazonía la situación es similar. La presencia de organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal y el narcotráfico mantienen en vilo a los pueblos indígenas.
En agosto de 2025, Mongabay Latam publicó un reportaje sobre un informe de Conservación Amazónica (ACCA) que daba cuenta de que ya son nueve las regiones amazónicas en las que se ha detectado minería ilegal de oro en Perú: Puno, Cusco, Huánuco, Loreto, Amazonas, Ucayali, Cajamarca, San Martín, Madre de Dios y Pasco.
El narcotráfico también continúa ejerciendo presión sobre los territorios amazónicos. Según un estudio publicado en junio de 2025, esta forma de crimen organizado está presente en los territorios de 274 comunidades indígenas, una cifra que representa aproximadamente el 10 % de todas las comunidades amazónicas registradas en el país.
En 2025 también continuaron los asesinatos a defensores ambientales. El sábado 26 de julio mataron a Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, una de las regiones más golpeadas por la minería aurífera, principalmente ilegal, y por la criminalidad organizada relacionada con esta actividad.
Los cambios en la legislación ambiental y el debilitamiento de las normas ambientales han sido recurrentes en el país. Los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República para ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027 ponen nuevamente sobre la mesa el problema de un proceso de formalización de los mineros ilegales que no termina de cerrarse. Hasta el cierre de esta edición el Congreso peruano había extendido el plazo para formalizarse.
En este paquete de normas también está la denominada ley APCI, una modificación de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), denominada “ley mordaza” porque incluye cambios para prohibir a las organizaciones civiles ejecutar acciones administrativas y judiciales en contra del Estado.
No todo es devastación en Perú. Los esfuerzos para revertir los daños ambientales también tienen un espacio en el país. En abril de este año, Mari Luz Canaquiri Murayari recibió el Premio Medioambiental Goldman 2025 como reconocimiento a su esfuerzo permanente para defender el río Marañón. La creación del Área de Conservación Regional Medio Putumayo Algodón y de la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas, ambas en la región de Loreto, son parte de las buenas noticias de este año que termina. A ello se suman las nuevas especies de flora y fauna que han sido descubiertas este 2025.
Lo alarmante: minería y crimen organizado
“Uno de los temas que ha marcado la agenda ambiental ha sido la minería ilegal. Tanto desde la perspectiva de lo que está pasando en los territorios como también desde el punto de vista legislativo”, comenta Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú.
Abanto menciona que el precio alto del oro está generando el incremento de actividades ilegales en los territorios, así como más afectaciones de derechos en los territorios indígenas y en otras zonas como Pataz, “donde la criminalidad organizada ya controla el territorio y genera una serie sistemática de vulneraciones de derechos”. “No solo en el tema ambiental, sino en el de derechos humanos, la minería legal es uno de los temas más relevantes de este año”, afirma.
La situación en la Amazonía norte de Perú es crítica. Solo entre las regiones de Loreto y Amazonas hay 14 ríos invadidos por la minería ilegal, según el informe de ACCA de agosto de 2025. Los ríos Santiago y Cenepa, en la región Amazonas, son dos cuencas donde la minería ilegal amenaza a los pueblos indígenas awajún y wampis.
“Hay personas amenazadas en el Cenepa y en Río Santiago. Lo hemos reportado. La cantidad de amenazadas superan las 20”, le dijo el líder indígena Gil Inoach Shawit, pamuk (gobernador) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), a Mongabay Latam para un reportaje publicado en junio de 2025.
Para Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de la organización Conservación Amazónica (ACCA), la agenda ambiental de 2025 “definitivamente estuvo marcada por la exposición mediática del impacto de la minería ilegal de oro, no solamente en la Amazonía”, sino también en otras zonas como Pataz, que, considera, fue el “punto de inflexión”.
Novoa también menciona lo que sucedió en Nazca, un sitio arqueológico en el sur de Perú famoso por la presencia de líneas y geoglifos. Se trata de una zona amenazada por la minería y, en julio de este año, el Gobierno recortó su extensión en 2000 kilómetros cuadrados. La medida se revirtió luego de críticas de arqueólogos, ciudadanos y organizaciones.
El río Nanay, en Loreto, también padece la presencia de una gran cantidad de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro. Un sobrevuelo en el río Nanay, realizado en octubre de este año, reveló que por lo menos 45 dragas de mineros ilegales surcaban sus aguas. El río Marañón, en el sector que corresponde a la provincia Datem del Marañón, también muestra los impactos de la minería ilegal.
En octubre de este año, Mongabay Latam participó de un sobrevuelo en el que se pudo observar la presencia de dragas y retroexcavadoras extrayendo oro tanto en el río Marañón como en medio del bosque. Lo que se vio desde el aire era la comprobación de lo que meses atrás denunciaban los líderes indígenas de la zona.
La minería ilegal también ha impuesto su cuota de destrucción y violencia en la Amazonía centro de Perú. El Área de Conservación Privada Panguana es una muestra de lo que sucede entre las regiones de Huánuco y Pasco, con ríos como el Yuyapichis completamente invadidos por esta actividad ilícita. Mientras que en el sur del país, la región de Madre de Dios continúa siendo la zona más devastada por la minería en Perú.
Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, señala que las cifras y los casos muestran cómo la minería ilegal “ha ido creciendo en los últimos diez años y, particularmente, desde la pandemia”. “Realmente está llegando a niveles de impacto muy concretos con el medio ambiente y la salud humana”, agrega.
Para Hoetmer “el corazón de la Amazonía está bajo ataque” porque la minería está penetrando los lugares más protegidos de la selva, incluyendo áreas naturales protegidas y reservas indígenas para pueblos en aislamiento voluntario, entre otros sectores donde se realiza esta actividad de forma ilegal.
Hoetmer también menciona los datos que vinculan la expansión de los cultivos ilícitos de coca con la deforestación, “que están en niveles muy altos, lo que muestra que las economías ilícitas están siendo la amenaza principal para la Amazonía”.
“Sí uno ve los mapas, se observa que, antes, estas actividades estaban concentradas en ciertos espacios, pero ahora se han multiplicado en muchos territorios, particularmente en la Amazonía, pero también en los Andes”, comenta Hoetmer.
No obstante, Hoetmer considera que se debe distinguir entre las distintas formas de hacer minería —informal, ilegal, criminal— que hay en el país. “Tratarlos a todos de la misma forma creo que deja muy poco camino para salir de esta situación. Lo que quiero decir es que lo que pasa en Pataz, Madre de Dios o inclusive en zonas como el río Nanay, promovido por actores criminales, no es lo mismo que la minería informal de cobre o inclusive de oro en algunas partes de la sierra peruana”, comenta. “Hay distintas realidades de minería en el país que necesitan una política de regulación que a la vez ataque los elementos criminales”.
Alicia Abanto se refiere a lo mismo al mencionar que se debe diferenciar entre la minería informal de la minería ilegal y de la minería criminal “porque hay zonas donde son las organizaciones criminales las que están financiando la actividad y las que están controlando el territorio, y, además, hay un circuito de criminalidad que también se vincula con insumos químicos que vienen de redes criminales a nivel internacional”.
Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, se refiere a los altos niveles de mercurio en ríos, un problema relacionado al uso de esta sustancia en la minería aurífera. “Los altos niveles de mercurio dañan severamente, no solamente las condiciones actuales de seguridad, sino también la capacidad de desarrollo futuro de la población”.
Estudios realizados por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en comunidades de los ríos Bajo Putumayo, Nanay y Pintuyacu demuestran cómo este mineral tóxico se encuentra en niveles altos en los peces de estos ríos y en la población de las comunidades que dependen de ellos.
Lo crítico: la vulneración de los bosques amazónicos
Si la minería ilegal ha marcado la agenda ambiental de 2025, no es la única actividad que causa impactos en la Amazonía peruana. El avance del narcotráfico en los bosques amazónicos está directamente relacionado con la deforestación y mantiene bajo amenaza a quienes se oponen a esta actividad ilícita.
Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), señala que se debe tener presente la proximidad de las economías del oro y de la cocaína. “Cada vez encontramos más zonas en las que se observa la vecindad entre cultivos ilícitos, pozas de maceración, laboratorios de cocaína, pistas de aterrizaje clandestinas y campamentos mineros”, asegura.
La problemática es muy amplia, dice Soberón, pero se centra en dos tendencias que se han observado a lo largo de 2025. La primera se refiere a los cuatro frentes geográficos —Ucayali, Amazonas, Loreto y Madre Dios— donde ocurre la mayor proximidad de las economías del oro y de la cocaína. “Esta convergencia es sumamente peligrosa porque se retroalimentan mutuamente para poder generar un control territorial y una gobernanza criminal en esos territorios”. La segunda, continúa Soberón, es “la aproximación que está ocurriendo entre dos formas de criminalidad organizada muy fuertes: la mexicana, compuesta por [los carteles de] Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; y la otra, la brasileña, compuesta por el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital”.
“Esta convergencia de criminalidades se da fundamentalmente en la Amazonía sudamericana. Entonces, a mi juicio, esos dos son los aspectos del fenómeno que resumen lo que ha ocurrido en 2025”, aclara Soberón.
El informe oficial de Devida sobre el Monitoreo de Cultivos de Coca presentado en junio de 2025 advierte que en el país se han registrado más de 89 000 hectáreas de coca ilegal. El reporte también da cuenta del avance de este cultivo ilegal sobre 15 áreas protegidas y sobre más de 200 comunidades indígenas.
El líder indígena Gil Inoach, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), menciona que el narcotráfico representa una tala masiva de árboles en “grandes extensiones de hectáreas de tierras de la comunidad para sembrar coca”.
Además de las actividades ilícitas que avanzan en la Amazonía, la presencia de la actividad petrolera y el impacto que han ocasionado los derrames de hidrocarburos en más de medio siglo continúan sin remediación. Gil Inoach menciona la contaminación ambiental que ocasionan los derrames petroleros en las cuencas de los ríos amazónicos y los territorios indígenas. “Es un problema grave y serio porque la gente no tiene dónde pescar, dónde bañarse, no son confiables esas quebradas donde se ha derramado el petróleo”.
En este sentido, Hoetmer menciona los planes del Gobierno de impulsar actividades extractivas como el petróleo en la Amazonía. Cita como ejemplo el intento del Ejecutivo para licitar el lote 64 en Loreto. “El Estado intentó encontrar un socio para Petroperú pero no se logró, probablemente porque se sabe que es un territorio donde hay resistencia frente a la actividad petrolera. Además, se sigue viendo la falta de reparación ante los daños históricos del Lote 192”.
Durante 2025 surgieron propuestas como la de establecer una interconexión de campos petroleros ecuatorianos con el Oleoducto Nor Peruano (ONP) para transportar el crudo desde Ecuador a la terminal de Bayóvar y a la refinería de Talara en Perú, así como un proyecto de ley para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, con el fin de permitir la explotación de hidrocarburos.
Lo preocupante: riesgos para defensores ambientales y pueblos indígenas
El 26 de julio, fue asesinado Hipólito Quispe Mamani, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. La muerte de Quispe se suma a los más de 30 crímenes de defensores ambientales y líderes indígenas ocurridos en Perú desde 2020.
“Recordemos que América Latina es el lugar del mundo donde se registran los mayores niveles de violencia contra los defensores del medio ambiente y los territorios indígenas”, comenta Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “La institucionalidad para la protección de defensores está realmente debilitada, estamos ante graves retrocesos, ante una situación de cada vez más presión sobre los territorios indígenas y de degradación de los controles institucionales”.
Pérez señala que la protección de los territorios indígenas ha quedado en manos de las federaciones indígenas. “Ellos se convierten en una suerte de escudos humanos en la preservación de la Amazonía, en la preservación de los bosques, cuando debería ser una tarea asumida por el Estado”.
En más de una oportunidad los pueblos indígenas han reclamado al Estado que actúe frente a las amenazas en su territorio. En junio de 2025, los representantes del pueblo awajún llegaron a Lima, la capital de Perú, para exigir acciones drásticas contra las actividades ilícitas. Dos meses después, las comunidades de la cuenca del río Tigre bloquearon el tránsito fluvial en protesta ante la presencia de dragas de minería ilegal de oro.
Mariano Castro señala que no se han asignado recursos para la gestión del Mecanismo multisectorial de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, por lo que “las condiciones de aplicación del mecanismo se ven severamente limitadas, sobre todo en lo preventivo y en el otorgamiento de garantías efectivas”, comenta.
“Hay diversas zonas del país severamente afectadas, comunidades que están ejerciendo la defensa de su territorio, la defensa de sus medios de vida, y están exigiendo presencia estatal que les garantice entornos seguros”, agrega Castro.
Sobre este tema, Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que existe una brecha entre las normas y la implementación de las mismas con relación a los defensores ambientales. “¿Con qué presupuesto? ¿Quién se encarga? La implementación es lo que siempre falla en Perú, todavía está pendiente”.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), comenta sobre “la situación de abandono de los defensores ambientales”, en referencia a los crímenes que permanecen impunes hasta el momento.
Aunque en 2025 se confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses para los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto ocurrido en 2014, los deudos tuvieron que esperar más de una década para encontrar justicia. “Después de 11 años tienes una sentencia en papel y es el caso, entre comillas, más exitoso que tenemos de una investigación histórica de ataques contra defensores ambientales en el país”, acota Urrunaga para referirse a que los sentenciados están en varios casos “no habidos” o prófugos, y que, por tanto, no hay quien responda ni por los crímenes ni por la reparación civil que incluye la sentencia.
Lo controversial: los cambios en la legislación
“En general, creo que si hacemos una evaluación, no solamente en el último año sino en el último quinquenio, hemos tenido un retroceso de la agenda ambiental en términos de respaldo institucional y del debilitamiento de las propias instituciones ambientales”, comenta Isabel Calle al referirse a los retrocesos normativos impulsados por el Congreso de la República.
Calle menciona como uno de estos retrocesos la ley que regula el Reinfo, un régimen que fue creado para regularizar a los mineros informales pero que para muchos de sus críticos termina perpetrando la informalidad minera y evitando sanciones a los informales. Para Calle, el Reinfor debía ser temporal y excepcional, pero ha sido “desnaturalizado con prórrogas continuas, donde la excepcionalidad se convierte en regla” y el Reinfo se termina ampliando constantemente. Este proceso de formalización debía finalizar en diciembre de este año, luego de varias postergaciones, pero el Congreso de la República discute una nueva ampliación hasta diciembre de 2027.
Dentro del paquete de normas que menciona Calle también incluye las modificaciones realizadas a la Ley APCI. “Afecta a toda la sociedad porque lo que está haciendo, de alguna manera, es constreñir el espacio cívico, pues está afectando la libertad de expresión, la libertad a la participación y la libertad de asociación. La ley APCI tiene que leerse de manera integral”.
Calle precisa que los artículos más relevantes de este cambio en la ley son dos. Uno de ellos es el de considerar como falta grave asistir, asesorar o financiar actividades que impliquen demandas a nivel nacional o internacional contra el Estado peruano, por tanto, “tiene una sanción que puede implicar el cierre de una organización”. La segunda es que prohíbe a la sociedad civil financiar actividades que supuestamente alteren el orden público. “Cuando nos referimos a orden público, cualquier autoridad puede decidir cuando algo viola el orden público. Es un retroceso fuerte en términos de afectación del marco normativo de la sociedad en general”.
Para Julia Urrunaga “el panorama es preocupante” porque “sentimos y vemos que hay mucha presión para terminar de aprobar leyes nefastas y, por un lado, seguir debilitando la normativa ambiental y, por el otro lado, debilitando las posibilidades de investigar a los grupos de crimen organizado que están detrás de estas actividades”. Sin embargo, menciona que la sociedad civil está presionando para que se deroguen estas leyes que favorecen al crimen organizado y que debería incluirse en ese pedido las normas que atentan contra el medio ambiente.
Mariano Castro también habla de las leyes pro-crimen, como se le llama a un grupo de normas que, en lugar de frenar la delincuencia, complica el trabajo de jueces y fiscales. “Ha habido decisiones que debilitan y traban estos procesos, que tienen que ver con las leyes pro-crimen, que lamentablemente se han dado en el Congreso el año pasado y que no han sido revertidas este año. Ha limitado la actuación de las fiscalías y las posibilidades de la actuación en este escándalo del Estado frente a estas amenazas crecientes de economías ilegales”.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con un representante del Ministerio del Ambiente para tener una visión desde el Estado sobre el panorama ambiental en 2025, pero hasta el cierre de este artículo el pedido no fue atendido.
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Lo esperanzador: un premio Goldman y nuevas especies para la ciencia
Este año, Mari Luz Canaquiri Murayari, líderesa indígena del pueblo kukama kukamiria, fue una de las siete personas galardonadas con el Premio Medioambiental Goldman 2025, el más importante del mundo para activistas ambientales.
El reconocimiento se le entregó por su esfuerzo constante para proteger el río Marañón. “En marzo de 2024, Mari Luz Canaquiri Murayari y la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana —una asociación de mujeres kukama de la que es presidenta— obtuvieron una histórica sentencia judicial sobre los derechos de la naturaleza para proteger el río Marañón en Perú”, dice en la reseña que aparece sobre la lideresa indígena en el portal del Premio Goldman.
“La contaminación por los constantes derrames de petróleo fue lo que nos llevó a tomar esa decisión. Cuando hicieron el análisis, la mayoría de los hermanos salió con metales pesados en la sangre, siete tipos diferentes. Eso nos hizo tomar la decisión de poder demandar y de hacer respetar al río, porque queremos que fluya libremente, sin ninguna contaminación, y que nuestro territorio también esté limpio para que dé frutos limpios para comer”, dijo la lideresa indígena en una entrevista a Mongabay Latam.
El 2025 también estuvo lleno de sorpresas para la ciencia. En agosto de este año el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) informó del hallazgo de una nueva especie de escarabajo, Konradus trescrucensis, en el Parque Nacional del Manu, en Madre de Dios. Además, se registraron cuatro nuevas ranas: la Oreobates shunkusacha, en los bosques nublados del Biocorredor Bosques de Vaquero, en el departamento de San Martín; y otras tres bautizadas en honor al lugar de su hallazgo (Cordillera de Huancabamba), a un guía fundamental para la investigación y a la bebida que acompañó a los expedicionarios.
Los hallazgos en áreas protegidas también incluyen más de 25 nuevas especies de plantas. De ellas, 21 fueron halladas en el Santuario Histórico de Machupicchu, el Bosque de Protección Pagaibamba, el Parque Nacional del Manu, el Bosque de Protección Alto Mayo, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, la Reserva Comunal Yanesha y la Reserva Nacional de Tumbes.
A estas más de 20 especies se suman otras cuatro encontradas en noviembre de 2025 en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en la región de Pasco. “Un equipo de investigadores peruanos ha confirmado el descubrimiento de cuatro nuevas especies de la familia Gesneriaceae, un grupo de plantas asociado a bosques nublados de alta diversidad”, informaron desde Sernanp.
A las buenas noticias también se suma la creación del Área de Conservación Regional Medio Putumayo Algodón y de la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas. Aunque la creación del ACR Medio Putumayo Algodón estuvo rodeada de controversia, finalmente en junio de 2025 se concretó el establecimiento de 283 594 hectáreas de una zona reservada en los distritos de Pebas, Putumayo y Yaguas, un área con siete tipos de ecosistemas de bosques primarios y cuya conservación contribuirá significativamente con el 53 % del stock de carbono que genera anualmente la región de Loreto.
“El establecimiento de nuevos espacios para la protección y el manejo de recursos, como es el ACR Medio Putumayo Algodón, en Loreto, son mecanismos efectivos de conservación que están ayudando a sumar nuestros compromisos internacionales del 30 por 30. Y es la sociedad civil la que está impulsando el avance de estos espacios”, comenta Sidney Novoa.
Imagen principal: dragas dedicadas a la extracción de oro ilegal en el río Nanay. Foto: FCDS.
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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