En la región peruana de Ica, las mujeres son un eslabón clave en la millonaria cadena agroexportadora de frutas y hortalizas. Sin embargo, para muchas de ellas, este trabajo implica soportar maltratos, acoso sexual, riesgo de enfermedades y jornadas en las que se sobreexigen para ganar más, al punto de privarse de beber agua o usar los servicios higiénicos. Tampoco existen suficientes guarderías estatales, por lo que se ven obligadas a dejar a sus hijos solos. Este reportaje recoge las voces de estas trabajadoras y muestra los costos invisibles de una bonanza que no las incluye.
Por: Elizabeth Salazar Vega
Fotos: Marco Garro
Es de madrugada en Barrio Chino, uno de los asentamientos humanos de la región costera de Ica, en Perú. En las calles casi no hay alumbrado público, solo frío y silencio, pero a las 4 a.m. todo cambia. De la oscuridad emergen mujeres con un bebé en un brazo y con un niño o niña en el otro. Caminan de prisa, bien arropados y con mochilas en la espalda. Son madres que deben dejar a sus hijos en casa de vecinos o familiares, y correr a los paraderos donde reclutan trabajadores para los cultivos de agroexportación. Un millonario negocio que solo en 2024 facturó unos USD 2 mil millones por la venta de uvas, mandarinas, arándanos y otros frutos.
—¡Raleo de uva! ¡Poda, poda! ¡Empaque! ¡Necesito treinta para empaque!
Los gritos de los reclutadores se mezclan con las voces de los vendedores que también madrugan para ofrecer desayunos al paso. Decenas de furgonetas y buses aguardan cerca a ellos, con el motor encendido, listos para partir a algunas de las 288 empresas agrícolas que operan en esta región desértica. A pesar de la penumbra, es posible distinguir la aglomeración que se forma en torno a estos ‘jaladores’. Hombres y mujeres, atraídos por la oferta, se empujan para acercarse a ellos y entregarles sus documentos de identidad.
—¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Completos! ¡Cerramos! —dice el captador, mientras los elegidos van subiendo al bus. Cuando amanezca, todos los vehículos habrán partido rumbo a los fundos, llevándose con ellos su oportunidad de salario diario.
La dinámica de la agroexportación empieza a las 4 de la mañana, con vendedores al paso y trabajadores corriendo a los paraderos para buscar un puesto temporal en los fundos.
En este negocio, las mujeres son mayormente requeridas para tareas que exigen precisión y destreza manual, como la poda de racimos, la cosecha de frutos delicados o la clasificación y el embalaje de productos. Una asignación que responde a estereotipos de género y a la suposición de que están más dispuestas a aceptar un empleo temporal. Lo cierto es que en Ica no hay otro oficio que les permita ganar lo indispensable para sostener sus hogares.
Son mujeres que le roban horas al sueño para dividir su tiempo entre el campo y las labores de cuidado en el hogar, como la atención de hijos y familiares enfermos o adultos mayores, y trabajan expuestas a diferentes formas de violencia. Una encuesta que realizó la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-ICA) a 145 trabajadoras de la agroexportación revela que el 41% sufrió violencia psicológica y maltratos relacionados con presiones para incrementar su productividad. Además, un 65% reportó haber sido víctima de acoso sexual por parte de supervisores, caporales o ingenieros.
El estudio, realizado en 2024, también expone el impacto que estas jornadas tienen en su salud: el 19% de las encuestadas dijo padecer dolores en la columna y el 9% dolores de rodilla debido a los movimientos repetitivos y mala postura propias de las labores del campo. Un 17% declaró tener agotamiento visual y un pequeño grupo reportó intoxicación por agroquímicos.
Los bebés son encargados con vecinos, debido a la falta de guarderías estatales.
Los cupos que se ofrecen a los trabajadores son por un máximo de tres meses.
Otra enfermedad recurrente, de la que poco se habla, son las infecciones urinarias: el 52% de las trabajadoras encuestadas dice haberla padecido. Los baños se ubican en los extremos de las parcelas, a unos 15 minutos o más de ida y vuelta, un tiempo que ellas no se pueden permitir para cumplir su cuota de trabajo diaria. Por eso, prefieren no beber agua ni ir al baño.
—Y no solo es la distancia, algunos baños son nauseabundos. Hay baños que son silos, huecos llenos de insectos. Otras empresas ponen baños portátiles, de plástico. ¿Sabes lo que es entrar ahí, con este calor? ¿Entrar ahí luego de que lo han usado miles de personas? ¡Un horno, un asco total! —dice Maribel.
Maribel no es su nombre real, como tampoco el de las otras trabajadoras que citamos en este reportaje porque temen ser despedidas. En Ica conversamos con madres y cuidadoras, con jóvenes y adultas, con migrantes amazónicas y andinas, con trabajadoras sindicalizadas e independientes. Buscamos conocer cómo funciona el eslabón más débil de esta millonaria cadena productiva.
La salud o el dinero
En Ica las ofertas de empleo se anuncian en grupo de Facebook y WhatsApp, o en los paraderos de los asentamientos humanos Barrio Chino, El Álamo, Expansión Urbana, Santiago y Parcona; barrios ubicados al borde de la Panamericana Sur, a cinco horas de la capital peruana, en pleno desierto costero. Los caminos son polvorientos, sin asfaltar. Hay casas de ladrillos a medio construir, pero también varias que se sostienen con paredes de esteras o triplay y techos de calamina. Las noches son inseguras por la falta de alumbrado público y el agua potable solo está disponible tres veces por semana.
Hasta allí llegan los reclutadores. Todas las madrugadas perifonean los puestos disponibles y comunican, al paso, las tareas que deben realizar las y los trabajadores para cubrir el sueldo básico y el pago por destajo se explican al paso. No hay posibilidad de negociación. Si aceptan, los llevan en buses a las plantaciones, donde los representantes de las empresas los esperan con contratos listos para firmar, ya sea por dos o tres meses.
Las convocatorias de trabajo se hacen con megáfonos. Los elegidos, hombres y mujeres de todas las edades, viajan en buses dispuestos por las agroexportadoras.
Menos de una decena de las 288 agroexportadoras de Ica tiene a personal fijo; trabajadores a los que mantienen en lista de espera y llaman cada vez que reinician la temporada. El resto está en alerta permanente, atento a las convocatorias que realizan las empresas y los reclutadores.
Bertha, por ejemplo, trabaja temporalmente en el raleo de uva. Todos los días sale de casa con lentes de protección, tijeras y una gorra. Esta deberá protegerla durante las ocho horas que permanecerá bajo el sol, a más de 35 grados de temperatura, cortando y limpiando los frutos que se servirán en las mesas de Estados Unidos y Europa. Cuando le preguntamos por su contrato, recordó que le enviaron los documentos por correo electrónico, un medio al que no todas tienen acceso debido a las brechas tecnológicas, pero cuando pudo abrirlo las palabras le sonaron vacías por su bajo nivel de escolaridad.
Al caer la tarde, Bertha volverá a su casa de triplay con un salario mínimo de 48 soles en el bolsillo. Unos USD 13,3 diarios, según el tipo de cambio. Este monto incluye su remuneración básica, el prorrateo de beneficios laborales, el descuento por pensiones y el Bono Beta. Este último es un aporte que equivale al 30% de sus honorarios y fue aprobado por el gobierno en el 2021, como consecuencia del Paro Agrario que promovieron los trabajadores de la agroindustria para exigir mejores condiciones laborales.
Sin embargo, lo que parecía ser un aumento de sueldo se convirtió en sobrecarga laboral: antes podaban unas 80 plantas diarias para cumplir con el sueldo básico; luego del Paro Agrario les aumentaron la cuota a 120, pero si la tarea es cortar brotes o ralear frutos se les exige de 200 plantas a más.
Tras el Paro Agrario, los y las trabajadoras recibieron un bono salarial, pero les aumentaron el número de tareas.
—Han sobredimensionado nuestro esfuerzo físico —cuenta Bertha, quien ya lleva 12 años trabajando en el campo—. Si no llegas a la meta, te botan el primer día, sin pago, porque dicen que estamos a prueba. (…) Las que pasamos de los 35 años ya no tenemos la misma fuerza que las jóvenes porque lo hemos dejado todo en el campo.
Con los 48 soles (USD 13,3) de su sueldo básico diario, ella debería cubrir los pasajes de sus hijos que van al colegio, preparar desayunos, loncheras, almuerzos y cenas para cuatro personas, además de afrontar los gastos habituales del hogar. Solo el costo diario de una comida saludable para una familia de ese tamaño es 60 soles (USD 16,4), según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). No les alcanza. Al mes, los 1.152 soles (USD 315) que obtendría con el sueldo básico, es insuficiente
En la agroexportación, la única forma de obtener más ingresos es el trabajo a destajo, una modalidad que les permite cobrar un adicional por cada planta extra que entregan luego de cumplir su cuota básica. Bertha y sus compañeras duplicaban sus fuerzas y agilidad manual para llegar a este objetivo. Con ello podían conseguir hasta 500 soles más (USD 138) a la semana, pero con el ritmo de trabajo actual esto se ha vuelto más difícil.
—Hacemos lo que sea para llegar a la meta que nos imponen. No tomamos agua, no vamos al baño. Eso nos quita tiempo. Un minuto perdido es un árbol menos, un sol menos que llevamos a casa (…) Trabajamos así, a costa de nuestra salud. Así nos ha mecanizado la agroexportación.
Los baños se instalan lejos de los cultivos. Algunos son silos, otros no son limpiados constantemente, y las mujeres evitan usarlos.
Manuel Olaechea von Sonnenberg, presidente del Comité de Empresa y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica —gremio que reúne a grandes agroexportadoras de la región—, pide no generalizar al hablar de este sector. Según dice, existen empresas formales que “se visten de responsables” pero incumplen las disposiciones de salud y seguridad, y mantienen a sus trabajadores sin contrato, y son estas las que generan conflictos. Respecto a la sobrecarga laboral, asegura que las tareas no son exageradas, pues se fijan de acuerdo a la productividad demostrada por los trabajadores. Él estima que estas culminan en seis horas o menos, y en el tiempo restante se quedan por destajo.
—Yo he visto gente salir sangrando del campo para ganar más, gente que está ganando 100, 200 soles al día. Gente que se rompe el alma para salir adelante y ganar más que cualquier otro trabajador del campo y que cualquier otro obrero del país. Yo no quiero que la gente salga sangrando del campo por trabajar más horas, al contrario, pero no quiero perjudicar a los que trabajan bien para que los que trabajan mal se sientan cómodos.
—¿Y qué le parece que haya trabajadores que se esfuerzan hasta el punto de sangrar? —preguntamos.
—Que no está bien. Y para eso tenemos equipos médicos y personal. Les dicen que deben parar, que deben ir a atenderse porque se han cortado el dedo, pero se niegan porque quieren seguir trabajando.
—¿Y no cree que esta dinámica laboral se sostiene en la necesidad y vulnerabilidad de las personas?
—No creo. Creo que la situación de pobreza en este país hace que la gente sea capaz de cualquier cosa por ganar dinero. Y es bueno que por lo menos tengan una industria que les permita acceder a un sueldo seguro, beneficios sociales y atención médica, antes que trabajar en la minería ilegal o en la agricultura de papa, donde los cultivos son cosechados por niños.
Un encuesta realizada a mujeres que trabajan en estos fundos reveló dolencias físicas por las tareas que realizan, hostigamiento laboral y acoso sexual.
Las trabajadoras con las que conversamos para este reportaje han sufrido cortes en las manos por la rapidez con que deben usar las tijeras, dos de ellas cayeron de las escaleras cuando podaban los árboles y una usa rodilleras para aliviar el dolor en las articulaciones.
La Ley del Régimen Agrario les otorga seguro médico público, en EsSalud, pero Maura Gastelú advierte que algunos trabajadores agrarios prefieren no acudir a estos centros porque las discriminan y demoran la atención porque el aporte que realizan sus empleadores, de acuerdo a la norma, es menor al que realizan otro tipo de empresas.
—El trabajo en el campo es durísimo —explica Gastelú—. Cuando llegan a los 50 o 55 años se quedan sin trabajo, enfermas, con múltiples dolencias (…) Las mayores le advierten de esto a las más jóvenes y ahora cada vez son más las que tratan de terminar la secundaria en programas no escolarizados, o se inscriben en cursos de enfermería en las noches.
La vorágine de la producción, el desgaste corporal, los maltratos que toleran para no perder el empleo no solo dejan secuelas físicas. De las 145 trabajadoras encuestadas por esta institución, el 82% dijo no sentirse satisfecha con su vida, y el 41% declaró haber perdido el gusto por vivir. Dentro de este último grupo, un 33% confesó que en algún momento pensó en morir.
Gafas, una gorra y un par de tijeras, esas son las herramientas con las que estás mujeres salen a podar uva.
Los niños y niñas que se cuidan solos
En este sistema agroexportador, los niños, niñas y bebés son obligados a madrugar junto a sus madres para ser dejados en casa de cuidadores temporales. Los mayores se quedan hasta las 7 a.m., hora en que empiezan a abrir los colegios. Cuando las clases terminan, son ellos quienes vuelven por sus hermanos pequeños y emprenden el retorno a casa.
La caravana de infantes no acompañados deambula por el arenal. Algunos se quedan jugando en las calles, otros apuran el paso para llegar y recalentar la comida que les cocinó su madre la noche anterior.
En esta región, que factura millones por la exportación de frutas y hortalizas, el 38% de los niños de 6 a 35 meses tiene anemia y el 7,3% de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica. Aunque las familias cosechan espárragos y alcachofas para el extranjero, no los consumen en sus hogares. Las mujeres que trabajan en la agroindustria no disponen del tiempo suficiente para preparar desayunos y almuerzos nutritivos, acordes con la edad de sus hijos. Quizá por eso, los más pequeños, de 2 y 3 años, se resisten a comer los tallarines y el estofado que se guarda en las ollas.
Los niños y bebés no se alimentan acorde a su edad, y la anemia y desnutrición ya está presente en ellos.
Las madres y las hijas mayores asumen los cuidados ¿Y los padres? En estos barrios, la mayoría de progenitores abandonó el hogar, y cuando no, trabajan en las agroexportadoras bajo el mismo régimen y recargan las labores de cuidados en las mujeres. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024 confirma esta tendencia: las mujeres dedican cerca de 5 horas diarias al trabajo no remunerado, principalmente asistiendo a miembros del hogar, en comparación con la hora y media que invierten los hombres.
Marcela es madre soltera de tres: Lucía, de 10; Jesús, de 6; y María, de 2 años. Ella regresa del fundo alrededor de las 4 de la tarde, tras 12 horas lejos de casa, pero desde que entraron a robar a su casa teme por el tiempo que debe dejarlos solos. Los ladrones rompieron el candado de la puerta de triplay y se llevaron platos, un televisor, un celular y un balón de gas. Los enseres más valiosos de la familia. Aquella tarde, sus niños estaban en casa de su hermana.
—Yo antes los despertaba temprano y los dejaba con una señora, pero ellos lloraban. Me decían: “Mamita, quiero dormir más”. Por eso decidí dejarlos solos, para que vayan directo de la casa al colegio (…) Antes de irse, mi hija mayorcita llama a un mototaxista de confianza y envía a la bebé donde la señora que la cuida. El celular era la única forma de comunicarme con ellos, pero me robaron.
La vecina que cuida a la bebé de Marcela recibe también a los hijos de otras cinco familias que laboran en la agroexportación, y a cada uno le cobra 70 soles a la semana (USD 19).
Los vecinos o familiares que se quedan con los niños no cuentan con espacios de juego ni cuidados especiales para ellos.
El Estado peruano ofrece servicios de cuidado infantil a través del programa Cuna Más, como parte de sus políticas públicas de inclusión social, pero sus guarderías no atienden de madrugada. El servicio es de 8 a.m. a 4:30 p.m., y se restringe a bebés de 0 a 3 años. Y aún cuando las madres de Ica pueden encargar a terceros el cuidado de sus niños hasta que el local abra sus puertas, su capacidad es insuficiente: Cuna Más solo acoge a 2.480 niñas y niños, de los más de 62 mil menores de 3 años que viven en esta región agroexportadora.
Según el portal web de la institución, el distrito de Salas cuenta con apenas ocho guarderías, pese a que está conformado por una decena de asentamientos humanos y centros poblados habitados casi exclusivamente por trabajadores de la agroindustria, como el sector Barrio Chino. Cada establecimiento recibe un máximo de 20 o 25 bebés. Marcela ha intentado inscribir a su niña en alguno de los dos locales que están cerca a su casa, pero no hay cupo. Solicitamos una entrevista con un vocero de Cuna Más, pero hasta el cierre de edición no respondieron.
En 2014, el Gobierno Regional de Ica aprobó la Ordenanza Regional 004-2014-GORE-ICA para promover “áreas de asistencia social y guardería para el cuidado de niños y niñas en las empresas agroexportadoras de la región”. Ulises Mendieta Quispe, actual director de prevención de conflictos de la Dirección Regional de Trabajo de Ica, explicó que la norma nunca se implementó. En 2019 las funciones regionales de supervisión fueron transferidas a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y le perdieron el rastro al tema.
En las guarderías improvisadas, el celular es la principal fuente de distracción de los niños y niñas que aún no van al colegio.
Olaechea von Sonnenberg sostiene que esta necesidad debe ser cubierta por el Estado, pero algunas agroindustrias cofinancian el funcionamiento de guarderías.
—Los fundos no son lugares adecuados para niños pequeños, hay productos químicos y maquinaria pesada que va de un lado a otro (…) El programa Cuna Más no abre tan temprano, pero se ha llegado a acuerdos puntuales donde las empresas pagan para que [las guarderías] puedan atender antes, aunque son casos excepcionales.
El abuso sexual al acecho
La hermana de Marcela, Pamela, también es cuidadora. Cuando quedó embarazada perdió su empleo en las plantaciones de mandarina y encontró en esta actividad una forma de obtener ingresos. En su casa, a medio construir, recibe a niños de 2 a 10 años de edad. Los entretiene con el televisor y les facilita un cuarto con juguetes, en su mayoría rotos por el uso. Aquí no hay actividades lúdicas o de aprendizaje, el principal servicio es mantenerlos bajo un techo.
—Hay niños que se quedan al cuidado de vecinos en cuartos alquilados o de esteras, no los vigilan y se salen a la calle, se escapan. Por aquí se ven a niños pequeñitos deambulando solos, vestidos apenas con pantaloncitos, son bebitos (…) En cualquier momento vamos a tener desgracias o desaparición de niños… Acá ya hubo casos de tocamientos y violación… No lo dicen porque es un trauma —cuenta en voz baja Pamela.
Las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) revelan que, solo en 2024, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de Ica atendieron 318 casos de violencia sexual contra menores de 0 a 11 años. De estos, 46 niños y niñas fueron víctimas de violación. En el rango de menores de 12 a 17 años las cifras de agresión sexual aumentan a 678, y las de violación se elevan a 248.
La vulnerabilidad de los niños y niñas que se quedan solos es aprovechada por abusadores sexual.
Las Lomas de Huacachina es uno de los 50 asentamientos humanos del sector Tierra Prometida, otro de los ejes de la mano de obra agroexportadora de Ica, y forma parte de esta penosa estadística. Berenice recuerda aquel día como “la desgracia”.
—Aquí la mayoría son migrantes de la selva. Uno llega y solo piensa en trabajar. ¿Cómo podríamos imaginar que esto pasaría?.. La vecina salía a las 4 de la mañana, todos los días… Seguro este hombre ya la estaba vigilando… Entraron a su casa y violaron a su hija de 12 años. Era una niña, estudiaba en el mismo colegio que mis hijos (…) Llegó la policía, la mamá… La niña no aguantó. Al poco tiempo se suicidó. Hace cuatro años ocurrió la desgracia.
Berenice tiene 34 años y también es migrante. Hace más de una década dejó la selva de Ucayali para trabajar en el desierto de Ica, atraída por la posibilidad de ganar lo suficiente para cuidar a sus tres hijos. Desde entonces vive en Tierra Prometida y se dedica a la cosecha, limpieza y deshoje de uvas.
—Desde que ocurrió la desgracia, muchas mamás entendimos el peligro. Ahora trato de turnar los meses que voy al campo: uno sí y otro no, para pasar más tiempo con mis hijos y cuidarlos. Cuando no voy, me las ingenio para vender comida y otras cosas… Es difícil, porque como migrantes no tenemos familia ni amigos con quién dejarlos. Estamos solos.
Berenice es migrante de la selva, como muchos de sus compañeros en los fundos.
La alta demanda de trabajadores durante la temporada de cosecha, atrae a migrantes amazónicos y andinos que buscan mejores ingresos. Hombres y mujeres que inicialmente llegan por tres meses, pero que terminan quedándose y trayendo consigo a sus hijos.
Ellos son quizás el grupo más vulnerable en esta cadena productiva: sin redes de apoyo ni un techo propio, soportan maltratos y sobrecarga laboral para no perder el empleo, mientras viven hacinados en sofocantes y estrechos cuartos de madera que alquilan por semana. Y si se trata de migrantes venezolanos, la falta de documentos los hacen propensos a caer en agrícolas informales que no respetan los horarios ni el pago acordado.
Despedidas por quedar embarazadas
La entidad encargada de fiscalizar a las empresas agroexportadoras y asegurarse que cumplan con las normativas laborales es la Sunafil. Sin embargo, el Congreso está evaluando una nueva Ley Agraria que amenaza con restringir sus funciones. Esta norma, conocida como Ley Chlimper 2.0, propone otorgar beneficios tributarios a las agroindustrias y limitar las inspecciones en su contra, al plantear que el 75% de los operativos y acciones de control se enfoquen en el sector informal, y solo el 25% en las empresas formales.
Carolina Valer Ramos, jefa de la Intendencia Regional de la Sunafil Ica, explicó que en esta región encabezan mesas de trabajo multisectoriales donde reciben denuncias de trabajadores contra empresas formales e informales. En base a esos reportes, los inspectores han visitado los fundos para verificar el cumplimiento de contratos, el pago de remuneraciones y la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP). También supervisan que los trabajadores tengan acceso a servicios higiénicos, comedores y puntos de hidratación en condiciones adecuadas.
—De las 29 órdenes de fiscalización y supervisión que procesamos en 2024, hasta diciembre, 20 terminaron en multa. Las multas van desde los 20 mil soles hasta los 130 mil soles (…) También hemos recogido denuncias de acoso sexual por parte de supervisores, y despidos de mujeres en estado de gestación —cuenta Valer.
El incumplimiento de derechos laborales y obstrucción del trabajo de los inspectores, son las infracciones más comunes de las agroexportadoras.
Mendieta Quispe, de la Dirección Regional de Trabajo de Ica, confirmó que en el último año brindaron acompañamiento legal gratuito a dos trabajadoras de la agroexportación que fueron despedidas por estar embarazadas, pese a estar prohibido en el marco jurídico internacional y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Los casos pasaron de la conciliación a la vía judicial.
El miedo es el primer sentimiento de las trabajadoras que quedan embarazadas. Berenice cuenta que alguna de sus compañeras se fajan para que no se noten los primeros meses de gestación. Ella misma tuvo un cuarto hijo al que mantuvo oculto mientras seguía trabajando en los cultivos, expuesta a pesticidas. Dice que lo hizo por temor a quedarse sin ese empleo. Su niño murió a los 3 años de edad, al poco tiempo del suicidio de su vecina, pero fue consecuencia de los problemas congénitos y parálisis con los que nació.
—No pueden considerar el embarazo como si fuera una enfermedad o una condición de alto riesgo. Las empresas tienen múltiples trabajos en los que nos pueden reubicar, espacios seguros como el área de empaque, pero nos despiden para evadir sus responsabilidades. Por eso, los sindicatos son importantes para informarnos, capacitarnos, saber nuestros derechos y pelear por ellos —dice Silvia, una de las líderes de los sindicatos agrarios.
En 2021, tras el Paro Agrario, las y los trabajadores de la agroindustria conformaron sindicatos temáticos, de acuerdo a la labor que realizan en los fundos, independientemente de la empresa a la que prestan servicios. Desde entonces, su rol no ha sido fácil: las mujeres sindicalizadas denuncian haber sido vetadas de algunas agroexportadoras; dicen que las ponen en una suerte de lista negra y buscan excusas para no contratarlas. Además, sus propias compañeras prefieren alejarse de ellas por miedo, para que los supervisores no las vinculen con sus reclamos.
Barrio Chino no parece gozar de la bonanza de la agroexportación. Pese a que casi todos sus habitantes trabajan en ella, no cuenta con servicios básicos cubiertos.
—Desde que fui parte activa del Paro Agrario varias empresas me cierran las puertas. Se ha dañado mi economía, mis amistades… mi vida ha cambiado. Hablan de mí como si yo fuera un mal elemento. No entienden que defender los derechos no está mal. Hablar no está mal. Denunciar los problemas que afrontamos no está mal. Organizarse en un sindicato no está mal —sostiene Silvia.
Para Olaechea von Sonnenberg, los sindicatos no impulsan la eficiencia, sino la antigüedad, y en lugar de premiar los resultados, buscan asegurar puestos permanentes en el campo. Desde su perspectiva, tal propuesta no sería viable debido a la naturaleza temporal de los cultivos. Por el contrario, considera que el trabajo agrario debería tercerizarse, de modo que la relación laboral sea con empresas de servicios y no con las agroexportadoras.
—Creo que hay muchas cosas que deberíamos estar enfrentando antes de intentar arruinar una industria que ha sacado tanta gente de la pobreza —añade el empresario.
En Ica empezó la parada; la temporada en la que ya no hay tantos cultivos en los cuales trabajar. Bertha se preparó para ello y ha comprado una parrilla para hacer anticuchos. Marcela ya está habituada a preparar polladas y sale a venderlos en eventos deportivos y sociales. Silvia tiene condromalacia en la rodilla derecha a causa de una caída que sufrió en el fundo, y eso limita sus opciones para diversificar su trabajo.
Berenice, en cambio, está esperanzada en los estudios de enfermería técnica que lleva en las noches. Ya está por terminar el primer ciclo y confía en que pronto podrá dejar el campo.
—Quiero ver nuevas oportunidades. Lo estoy haciendo por el bebé que perdí y por mis hijos que aún están.
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Este reportaje fue realizado con el financiamiento de la Red Labora, una red internacional de periodistas creada por Repórter Brasil para fortalecer el periodismo laboral en las Américas.
