Por Gaby Rivadeneyra, Jessica Florián y César Gamboa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
La cuenca del río Nanay, en Loreto, enfrenta hoy una crisis silenciosa que amenaza la vida de miles de personas y ecosistemas únicos: la minería ilegal de oro. Esta actividad, que empezó a expandirse en el año 2000, se ha intensificado de manera alarmante entre 2021 y 2024, consolidando redes criminales y generando impactos irreversibles en el ambiente y en las comunidades locales.
El reciente informe “Oro en sombra: La expansión de la minería ilegal en la cuenca del Nanay” ofrece un análisis detallado de este fenómeno, a partir de la revisión de literatura especializada, normativa nacional, datos de monitoreo satelital y trabajo de campo con comunidades locales.
En el departamento de Loreto se han identificado más de 400 infraestructuras mineras ilegales en distintos ríos amazónicos, siendo el Nanay el más afectado. Solo entre 2021 y 2023 se registraron 344 balsas y dragas en sus aguas, muchas de ellas dentro del Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu Chambira. En 2024, la cifra ascendió a 221 balsas activas, confirmando la tendencia de crecimiento.
El problema adquiere mayor gravedad porque el Río Nanay es la principal fuente de agua de Iquitos, una ciudad de medio millón de habitantes. Además, sustenta la vida de comunidades campesinas e indígenas, como Seis Hermanos, donde más del 90 % de los ingresos depende de los recursos del bosque y del río.
Uno de los hallazgos centrales del informe es que la minería ilegal en el Río Nanay no puede entenderse sólo como un problema ambiental: también implica una gobernanza criminal que afecta a la sociedad en su conjunto. La débil presencia del Estado y la corrupción han facilitado que mafias organizadas controlen el territorio, impongan reglas e intimidan a quienes se oponen a esta actividad.
Las comunidades han respondido con mecanismos de autoprotección, como comités y organizaciones locales de vigilancia. Sin embargo, líderes y lideresas que defienden el río viven bajo amenazas constantes, sin que existan garantías suficientes para su seguridad. La ausencia de las autoridades policiales incrementa más esta situación de indefensión.
El informe concluye que la expansión de la minería ilegal en el Río Nanay refleja los vacíos y contradicciones de la política nacional de formalización minera. Mientras que el Estado declara de interés nacional la lucha contra la minería ilegal, al mismo tiempo mantiene prórrogas sucesivas que perpetúan la informalidad y permiten que la actividad se expanda en zonas de alto valor ambiental y social. Estamos viendo que intereses particulares legislan sobre la formalización minera, menoscaban el bien común. Mientras la población local necesita opciones de subsistencia y desarrollo de manera sostenible; sin embargo, el impacto ambiental y social de la actividad ilegal es un alto costo que en un futuro haría inviable la convivencia social entre ciudadanos y la naturaleza.
Por otro lado, el informe plantea que detener la crisis requiere acciones simultáneas en varios frentes como restringir normativamente la minería en cabeceras de cuenca y fuentes de agua, y promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades nativas y campesinas como vía para un desarrollo local equilibrado y respetuoso con los ecosistemas.
El Informe identifica tres tipos de impactos generados por la minería ilegal. En el ámbito ambiental, se destaca la contaminación por mercurio, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la alteración negativa de los ecosistemas. En el plano social, se evidencian problemáticas como la violencia contra las mujeres, la explotación laboral, la deserción escolar y la desestructuración comunitaria; además, las mujeres enfrentan impactos diferenciados, expresados en la violencia de género y la pérdida de autonomía física y social. Finalmente, en el aspecto institucional y económico, se observa un debilitamiento de la gobernanza, la corrupción en el otorgamiento de permisos y autorizaciones vinculadas a la minería ilegal, así como la consolidación de economías ilícitas que generan dependencia en lugar de promover alternativas sostenibles que mejoren la calidad de vida de la población local.
La situación en la cuenca del Nanay es una alerta temprana de lo que podría repetirse en otros ríos amazónicos si no se adoptan medidas urgentes. El agua de Iquitos, la salud de las comunidades y la biodiversidad amazónica están en riesgo.
El informe “Oro en sombra: La expansión de la minería ilegal en la cuenca del Nanay” profundiza en estas dinámicas, ofrece evidencia detallada y plantea propuestas concretas para enfrentar este problema estructural. Invitamos a leer el documento completo para comprender la magnitud del desafío y sumar esfuerzos en la defensa del Nanay y de la Amazonía peruana.
