- La piratería dejó de ser un ataque aislado en el mar: funciona como un brazo logístico clave en el envío de cocaína hacia los mercados internacionales.
- La relación de las bandas de piratas con narcotraficantes y la irrupción de la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos dibuja un escenario crítico para la pesca artesanal en Tumbes.
- La organización criminal, en alianza con bandas locales, cobra cupos a los pescadores, impone miedo en los muelles y se alimenta de la debilidad del Estado.
- Buscan manejar las rutas marítimas de contrabando en la frontera norte de Perú.
Una parvada de gallinazos rodea la caleta de Puerto Pizarro. Llegaron con la luz de la mañana y observan desde el cielo el espectáculo del puerto. Los pescadores tardarán dos horas en llegar a tierra. Mientras tanto, los estibadores descansan entre las chalanas desperdigadas a lo largo de la playa o se recuestan en las llantas de los camiones frigoríficos, que, apostados en la orilla, esperan repletar con la pesca del día. Más que una costa, aquel lugar parece una poza, un brazo separado del mar, flanqueado por dos islas, sin olas, casi sin viento, donde los pequeños botes apenas se balancean. Todavía no han asomado por allí los informantes de los piratas y se puede conversar. El último puerto de Perú, y epicentro de la piratería marítima en el norte del país, recién se sacude del alba.
Un joven enfundado en su traje azul otea desde el malecón la entrada al estuario. Es una inspección de rutina a la playa. Su mirada se detiene en el lado sur del puerto donde un grupo de pescadores pinta una pequeña barca de madera con techo de rafia. Son los únicos que no dormitan en la playa. Uno de los hombres le devuelve la mirada y masculla “solo eso hacen”. Vuelve a remojar la brocha en la pintura. “No se mueven de aquí”. Cuando mira de nuevo el marino ha desaparecido. J., el pescador que habló pero cuya identidad fue protegida para este reportaje, y su familia son extorsionados por piratas ecuatorianos desde hace un año.
Los “piratas” a los que hacen referencia los pescadores son grupos delictivos que los abordan en el mar para robarles sus equipos de navegación, motores y en algunos casos, como ya documentó Mongabay Latam en una primera investigación en enero de 2025, los asesinan. En los últimos años, el modus operandi de los piratas se ha expandido y ya no se limitan a los ataques y robos en altamar, ahora cobran cupos de zarpe en cada caleta y puerto de Tumbes, la región norteña que limita con Ecuador.
Después de esa primera publicación, un equipo periodístico se trasladó a los principales puertos de pesca artesanal de Tumbes y conversó con más de 20 pescadores para seguir investigando. También recabó información con personal de la Marina, la Policía y con expertos en crimen organizado, y accedió a documentos del Ministerio Público de Perú a partir de una filtración de la fiscalía de Colombia hecha por el grupo de hackers Guacamaya para entender qué hay detrás de las extorsiones a pescadores.
El miedo es regla en toda la costa de Perú, por lo que acceder a información no solo es difícil sino riesgoso. Es por eso que los nombres de los pescadores que accedieron a hablar fueron protegidos y se les asignaron siglas ficticias. Pero el silencio no solo ronda entre quienes sufren la violencia. Mongabay Latam envió más de 20 solicitudes de información a distintas divisiones de la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, a la Armada y al Ministerio de la Producción, pero ninguna de ellas fue respondida. Este medio tampoco recibió respuestas a las apelaciones que ingresó tras no verse cumplida la ley de acceso a la información.
A pesar del hermetismo, los hallazgos de esta investigación son contundentes: la piratería y las extorsiones de la que son víctimas los pescadores artesanales son un eslabón en la intrincada ruta del narcotráfico y la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos participa de la operación.
Los Lobos llegaron a hacer negocios
“Cuando los piratas nos asaltan y matan, nunca están [las autoridades de la Marina]”, dice otro pescador que raspa el casco del bote. Son cinco los hombres abocados a la tarea de limpiar la embarcación. Mientras hablan no levantan la cabeza, temen que los vigilen desde el malecón del puerto.
“Nosotros no le tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dicen. Aún así bajan la voz. “Aquí mismo están los asaltantes. Nosotros que tenemos estas embarcaciones pequeñas les pagamos 120 soles mensuales [35 dólares] para que nos dejen trabajar”. Quien vuelve a hablar es J., que ha tomado la voz del grupo, y por un momento se atreve a echar una mirada hacia atrás. “Allí en ese malecón se sientan [los piratas] a mirar quiénes están embarcados, quiénes pagan y quiénes no”.
Según el pescador, no es posible denunciar. “Ellos tienen nexos con los policías”, dice.
Hace siete años, en 2018, cuando se capturó a los integrantes de la organización criminal Los Piratas de Puerto Pizarro, un informe de la División de Investigación de Alta Complejidad —al que Mongabay Latam accedió para esta investigación— señaló a un suboficial “como uno de los ‘colaboradores’ de la organización”. De acuerdo al documento, le informaba a un familiar, brazo armado de los Piratas de Puerto Pizarro, sobre la realización de operativos. La función del suboficial también consistía en “apoyarlos” cuando eran capturados con motores fuera de borda robados. El expediente también señala a dos policías más que estaban destacados en la comisaría de Puerto Pizarro y a un técnico de la Marina de Guerra de Perú.
“Aquí [en Puerto Pizarro] se presumía que iba a haber una intervención y ellos [los piratas] ya sabían que sería entre el 18 y 20 de junio [de 2025]. ¿De dónde salió esa información?”, se pregunta uno de los pescadores sin dejar de desenredar sus redes, como si no le hablara a nadie. Arriba, el malecón poco a poco empieza a poblarse.
Cuando se le consulta a una de las autoridades policiales de la zona, que prefiere no identificarse, sobre estas posibles filtraciones, las niega rotundamente. “No hay filtraciones, casi todo el personal es nuevo, pero…”. El oficial duda por un momento, mira hacia un punto de la calle, y reanuda su relato con una advertencia. “Todo aquí es en reserva, hay información de un cobrador de cupos, pero nadie lo sindica. La realidad es que allá nadie los protege [a los pescadores]. La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”.
Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la región de Tumbes también señalan a Los Lobos como la principal organización que los extorsiona y persigue. Catalogada como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, surgió de una división interna de la banda Los Choneros y es socia clave del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, según autoridades ecuatorianas. Actualmente, Los Lobos son un importante actor en el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el control de las rutas marítimas para la exportación de cocaína desde Ecuador. De hecho, al sur de ese país, en la provincia fronteriza con Perú llamada El Oro, Mongabay Latam da cuenta en otro capítulo de esta investigación que los pescadores también son extorsionados principalmente por Los Lobos.
De acuerdo con un oficial de la policía en Puerto Pizarro, en muchos casos Los Lobos usan menores de edad —llamados “mulas”— para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Estos son reclutados en Zarumilla y desde allí inician operaciones.
El doctor Ian Ralby, experto en delitos marítimos del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima (GMCP) y director ejecutivo de IR Consilium, explicó a Mongabay Latam que los actos de piratería rara vez son ejecutados por grupos pequeños. “La piratería requiere un cierto grado de organización. Esto significa que están vinculados a una red más amplia y esas redes suelen prosperar en contextos de gobernanza debilitada. En lugares como Perú, el problema pasa a ser el grado de gobernanza en las zonas costeras”, indica el especialista.
Sin embargo, la banda ecuatoriana no es la única presente. “Acá hay una banda de peruanos y venezolanos, y están ellos, Los Lobos”, dice J. bajando más la voz porque ya ha empezado a llegar más gente al malecón. “Acá, la que opera en puerto es la de uno que le dicen ‘Chachá’ y otro que es “Pipa”. Ellos mueven todo acá”.
Los pescadores dicen que luego de la caída de Los Piratas de Puerto Pizarro, en 2018, algunas bandas pugnaron por tomar su lugar. Una de ellas aparentemente es la banda de ‘Chachá’ y ‘Pipa’. Aunque ellos no son precisamente aliados de Los Lobos, narran los pescadores, colaboran en algunas ocasiones y les proveen de información.
De hecho, el experto en Crimen Organizado Nicolás Zevallos, fundador y director de asuntos públicos del Instituto de Criminología, explica que la capacidad efectiva de las organizaciones delictivas regionales, como Los Lobos, “está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país”. No es que las organizaciones regionales hayan llegado a colonizar un espacio peruano, precisa, “sino que han llegado a hacer negocios”.
Pagar o morir
Uno de los pescadores de Puerto Pizarro, que prefiere no identificarse ni con seudónimo, cuenta que él le paga cupo a peruanos y ecuatorianos. Algunos indican que les toca pagar doble extorsión para poder navegar: un monto más bajo si se pesca en litoral, que va para la banda local, y otro monto más grande para mar adentro, que va para la organización criminal ecuatoriana.
Para identificarse con la banda local y demostrar que han pagado la extorsión, los pescadores presentan una credencial que lleva dibujado a Poseidón saliendo del mar. Aunque el equipo de periodistas pudo ver la credencial, por seguridad no fue posible fotografiarla. Para Los Lobos, en cambio, es necesario presentar un carné y una bandera negra que ellos proporcionan.
“Yo cargo mi credencial en la mochila. Hace un mes nos quisieron asaltar, pero la enseñamos y se fueron”, cuenta J. “Mi tío, el que está allí, le pagaba a una señora que venía de Ecuador. Él le pagaba a Los Lobos. Después, como su bote varó, devolvió la credencial”, cuenta. “Hay que devolverla [si es que ya no tienes bote para salir al mar] porque sino ellos mismos mandan a que te hagan cualquier maldad porque no estás pagando”, asegura el pescador, y un anciano que instala en la barcaza un nuevo techo de rafia asiente con la cabeza.
En Máncora, a dos horas y media de Puerto Pizarro, un dirigente pesquero cuenta que su compañero le pagaba a los ecuatorianos, pero varó su bote por mantenimiento y dejó de hacerlo por un mes. Fue entonces que lo citaron. “Lo llevaron al cementerio de Puerto Pizarro, allí uno de los peruanos le hizo hablar por celular con un ecuatoriano y este le dijo que debía pagar su cupo porque eso lo repartían con los de la zona y las autoridades, que él no se llevaba la plata solo”. Desde entonces decidió abandonar el puerto.
A., pescador de Cancas cuya identidad es protegida, cuenta que a la zona llegan dos jóvenes en un auto color plomo a cobrar cupo. “Algunos van a Puerto Pizarro para arreglar su situación, la gran mayoría se ha sometido”, cuenta otro pescador canqueño.
Aunque no existe un dato oficial sobre el número de embarcaciones que operan en Puerto Pizarro —y además los cupos varían según el tamaño de la bodega—, Mongabay Latam realizó un cálculo tomando como referencia las 445 embarcaciones que atracaron en la caleta en 2024, según TrazApp, la plataforma electrónica de trazabilidad y gestión pesquera, y la tasa base de 120 soles por nave. Bajo ese esquema, los piratas podrían recaudar como mínimo alrededor de 53 400 soles al mes (unos 15 400 dólares). Si se tiene en cuenta el testimonio de otros pescadores, cuyos botes son de mayor tonelaje y dicen pagar más de 200 soles, la cifra se eleva considerablemente.
Según relatan los pescadores, el pago de la extorsión representa una afectación significativa a su economía. Además, cuando les roban los equipos de navegación o los motores, la pérdida económica puede convertirse en una deuda que arrastran durante años y de la que, en muchos casos, es difícil recuperarse. Un ex pescador narra que esta situación ha obligado a muchos a cambiar de rubro.
El equipo periodístico envió solicitudes de información a la Marina de Guerra y a la Policía sobre las operaciones de Los Lobos y otras bandas criminales en Tumbes, así como sobre las acusaciones de que ciertos uniformados estarían involucrados, pero no obtuvo respuestas. Por eso se ingresó una apelación. Sin embargo, tras cuatro meses de espera y tras insistir en repetidas ocasiones, ninguna información fue proporcionada.
Para los pescadores, es indignante que la policía no realice megaoperativos teniendo información suficiente. Sin embargo, el coronel Luis Castillo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Piura, explica que la ausencia de denuncias contra la piratería y extorsión es un obstáculo para poder identificar a los delincuentes, aunque aseguró que el comando superior de la Policía Nacional del Perú está trabajando una estrategia para evitar que Los Lobos dominen la frontera con Ecuador.
La falta de denuncias se debe al miedo. En la primera investigación de Mongabay Latam publicada en enero de este año, identificamos que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Además se evidenció que la Marina y la Policía Nacional del Perú manejan cifras distintas sobre el ilícito. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias y la Policía sólo cuenta seis denuncias por delitos en altamar. Sin embargo, en la página web de la Marina, contradiciendo su propia información, solo se registra un caso de piratería en el norte de Perú entre 2023 y 2025.
Mientras se desarrollaba este reportaje los piratas asesinaron a un buzo de Puerto Pizarro y, de acuerdo a los pescadores de Zorritos, la tripulación entera del bote Ángel de Luz desapareció luego de un ataque de piratas.
Ante estas circunstancias, la resistencia frente a Los Lobos y las bandas locales es una opción muy remota para los pescadores de la región.
“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Quién les da esas armas? Como no hay control todo circula en el mar”, cuenta J. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro, sentencia el pescador.
Piratas y narcos haciendo negocios
Los botes ya flanquean los manglares y se acercan para desembarcar la pesca del día. El puerto se llenó de turistas distraídos que ansían llegar a una de las islas pobladas de iguanas que forman el estero. Parece un día tranquilo en un puerto turístico. El malecón está más concurrido, puede también que ya hayan llegado los informantes.
“Si esperamos dos noches, allí por la boca [donde se encuentra el río Tumbes con el océano Pacifico], veremos como salen los fuera de borda”, así se refieren a las lanchas que llevan dos motores y que son señaladas por los pescadores como las que trasladan la droga. “Se van para ‘afuera’, son varios. ¿Adónde van? ¿Qué pescador sale a esas horas?” se pregunta J., y sus compañeros lo miran. Ya no hablan más.
En una de las caletas de la región, que mantenemos en reserva por seguridad, un pescador cuenta a Mongabay Latam que los piratas modifican sus “yates” con doble piso. En ese espacio se acomodan los ladrillos de droga. Llevan más de un motor y zarpan hacia altamar.
Justamente, esas embarcaciones son equipadas con los motores que los piratas roban a los pescadores.
“A los motores se les cambia la serie, así los usan. En cuanto a las embarcaciones, clonan sus matrículas para pasar desapercibidos”, relató a Mongabay Latam un pescador de Puerto Pizarro, que también señala que los “piratas” son fuerzas en territorio para las organizaciones criminales.
En un informe fiscal sobre el caso “Los Piratas de Puerto de Pizarro”, se indica que los piratas robaban motores y, en otra resolución judicial, se especifica, mediante declaración de un testigo clave y un agente especial, que los piratas trasladaban los motores en cámaras frigoríficas hacia Piura. Estos posiblemente eran reutilizados en embarcaciones artesanales acondicionadas para transportar droga mar adentro.
De hecho, en 2019, la Policía Nacional del Perú capturó en Sechura a una banda de narcotraficantes liderada por Manuel Aguirre Portocarrero, mientras transportaban aproximadamente 400 kilos de droga en una cámara frigorífica. Lo importante de esta captura es que da pistas del contubernio entre organizaciones internacionales de narcotráfico y las bandas de piratas en el norte de Perú.
Mongabay Latam accedió a un documento del Ministerio Público de Perú, enviado a la Fiscalía Nacional de Colombia, como trámite de asistencia judicial internacional, donde se detallan los pormenores del operativo. El documento señala que la banda tenía su centro de operaciones en Sechura. Allí pretendían acondicionar embarcaciones artesanales para trasladar droga a altamar, donde se hacía el transbordo a lanchas rápidas que la transportaban hasta Centroamérica.
Es relevante que tres de los integrantes de la banda también eran parte de la organización criminal “Los Piratas de Puerto Pizarro”. Se trata de Ricardo Miñán (alias Nabo), Jorge Andrés Miñan (alias Catorce) y Walter Soto Villavicencio (alias Kike), capturados en 2018 durante el operativo “Tsunami”, en el que se desarticuló la organización criminal. Las operaciones de estos sujetos estaban centradas en Puerto Pizarro. La investigación contra la supuesta organización criminal aún continúa.
De acuerdo al informe, la organización de Aguirre tenía el rol de adquirir los motores para las lanchas rápidas que sacarían la droga a Centroamérica. Además proveían las embarcaciones usadas para el narcotráfico. El punto de reuniones y entrega era el distrito de Canoas de Punta Sal, en Tumbes. Walter Soto Villavicencio (alias Kike) era el coordinador principal en temas de seguridad, logística, traslado y transporte de la droga. Ricardo Miñán, durante una audiencia para apelar los cargos por narcotráfico, indicó que el 80 % de los motores que operan en Puerto Pizarro provienen de Ecuador y son de “segunda mano”. Añadió que esos motores los venden en Guayaquil y Machala. Miñan negó ser pirata o narcotraficante.
En 2022, la Policía Nacional del Perú desarticuló otra banda de narcotraficantes llamada Los Piratas, que pretendía enviar casi dos toneladas de cocaína en una lancha artesanal hacia Centroamérica. Esto sucedió en la playa Punta Ballenas, entre los distritos de Máncora y Órganos.
Según los pescadores de la zona, actualmente la extorsión y el manejo de las vías marítimas ha provocado que los robos cesen, pero todos intuyen que esa paz de cementerio solo esconde algo peor. Y es que “la extorsión puede tener varios sentidos”, dice Zevallos. “Una extorsión económica específica: si quieres trabajar en este puerto, págame; o una extorsión más instrumental: si quieres trabajar en este puerto, lleva mi cargamento junto contigo. Mucha extorsión está asociada justamente a que conminan a los pescadores artesanales para que sean sus “burros” [que trasladen cocaína] para poder sacar las drogas y ‘preñar’ a las naves en altamar”, indica el experto.
Las rutas del narcotráfico hasta la costa peruana
De acuerdo con información que maneja la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, son varias las rutas que las organizaciones narcotraficantes utilizan para llevar la droga, principalmente clorhidrato de cocaína, hasta las costas del país y exportarla, vía marítima, a los mercados internacionales: México, Estados Unidos y Europa, pasando por Guatemala, Panamá o Brasil.
Parte de la droga proviene de las zonas de producción en Perú como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) que, según el último reporte oficial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo que conduce la lucha contra las drogas en Perú, es el sector que concentra la mayor cantidad de cocales y registra un incremento constante de cultivos ilícitos año a año. Otras zonas de producción son Huallaga y Atalaya, en la Amazonía peruana.
Desde estos lugares, según información de la Dirandro, la droga es trasladada por ríos y luego por tierra hasta los diferentes puertos del país, siendo Paita, en el departamento de Piura, al norte de Perú, uno de los principales puntos de destino, además del Callao, en Lima, y San Martín, al sur, en la provincia de Pisco. Allí, la cocaína es acondicionada en contenedores y barcos de grandes dimensiones, aunque también se ha identificado que las redes de la droga utilizan los puertos de Salaverry (La Libertad), Chimbote (Áncash), Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) y San Juan de Marcona (Ica).
Además, las investigaciones de la Dirandro han determinado que específicamente en el caso del puerto de Paita llega por vía terrestre y desde Ecuador, cocaína proveniente de Colombia. Asimismo, fuentes de inteligencia de la policía indican que hay cargamentos de droga que han salido en narcoavionetas desde pistas de aterrizaje clandestinas abiertas en la Amazonía con destino a pistas construidas en Sechura, Piura. De hecho, una de ellas fue hallada el 1° de octubre de 2024. Desde ahí, los paquetes de droga se trasladaban por tierra hacia el puerto de Paita, de donde salían a los mercados internacionales. Otra información del personal de inteligencia indica que los cargamentos que llegaban a la pista de aterrizaje de Sechura desde Atalaya eran llevados en narcolanchas hacia barcos que ya estaban en altamar. De acuerdo con Devida, Atalaya es una de las áreas de mayor concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en todo el país.
“Cuando nosotros encontramos las avionetas, me dijeron que no podía ir. ‘No te metas, no veas’, y lo dejé allí nomás. Pero las pistas tienen muchos años”. Quien habla es un hombre anciano, pastor de ovejas, que recorre diariamente el desierto de Sechura y que asegura haber visto en las dos últimas décadas decenas de avionetas Cessna cruzar por el desolado cielo de esos lares.
En 2020 y 2024, la Policía Nacional del Perú destruyó dos narcopistas en el desierto sechurano. Para el anciano, esas infraestructuras, levantadas en la playa Reventazón, eran un par de muchas.
La policía declaró a la prensa local que el campo de aterrizaje pudo haber sido construido por carteles mexicanos y que la droga era posteriormente embarcada en lanchas— y yates fuera de borda— que la transportaban hasta altamar.
“Desde 1983 se hablaba de los narcotraficantes que llegaban a La Niña [laguna ubicada en el desierto de Sechura] y luego algunos pescadores se iban a Ecuador supuestamente cargados de ‘pescado’. Desde entonces vemos a las camionetas que entran de noche, en caravana van al cerro”, continua el pastor, quien además menciona que en algunos casos los barcos esperaban frente a la costa la llegada de las lanchas y los yates fuera de borda, y luego del transbordo, volvían a su rumbo en altamar.
A la deriva: sin justicia ni presencia estatal
En un pueblo agrícola del distrito de la Unión, Piura, dos hombres frente a unos sembríos de maíz recuerdan a su hermano ausente; su lenguaje es lacónico. “Nuestro hermano es Richard Silva Ancajima, él era buzo, lo asesinaron en Puerto Pizarro”, dice el mayor de ellos. “Hasta ahora no sabemos quienes fueron, ni hay justicia. Estaba buceando, lo alzan, hacen que suba a otro yate y lo asesinan. Se llevaron el motor y ahí lo dejaron a mi hermano”. El viento no es fresco y el sol se extiende agresivamente por esas tierras amarillas, estamos muy lejos del mar: de aquí a Puerto Pizarro hay un viaje de ocho horas.
En mayo de 2025 a Richard Silva Ancajima lo interceptaron en altamar un grupo de personas armadas y le dispararon en varias ocasiones. Aunque algunos de sus compañeros que pescaban cerca lograron llevarlo a tierra, su muerte fue inevitable. Los pescadores dicen que los asesinos del buzo fueron los “piratas” y que antes ya lo habían amenazado. Lo cierto es que su muerte se suma a la fatídica estadística de pescadores asesinados en altamar, y a pesar de que sus hermanos siguen pidiendo justicia o informes sobre las investigaciones, no existe aún respuesta alguna.
Mongabay Latam se contactó con el capitán del puerto de Zorritos, Renzo Ybaceta, que realiza las acciones de control y fiscalización de las actividades marítimas en Tumbes, para consultarle sobre las acciones que lleva a cabo la Marina para proteger a los pescadores y contrarrestar el avance de las organizaciones criminales en el mar. El capitán, pese a aseverar que las bandas buscan manejar las áreas marinas, indicó que hasta el momento su despacho no ha tenido ninguna acción “porque [los actos delictivos] han disminuido bastante”. Ybaceta añadió que de manera oficial ellos no tienen competencia ni información sobre las bandas que operan en el litoral, y que eso es trabajo de la Policía Nacional del Perú.
“Las bandas criminales no extorsionan en el mar, es desde tierra. Yo podría poner cincuenta lanchas afuera, pero con eso no controlo el mar. Podría poner en cada kilómetro una unidad guardacosta, pero eso no va a eliminar el actuar delincuencial. Nuestra competencia es en el mar.” señaló.
Ian Ralby, experto en seguridad marítima, explica que “cuando los piratas forman parte de una red significa que cualquier parte de la red puede ser atacada para disuadir los ataques en el mar. En otras palabras, el énfasis puede estar en el mar, en la costa, en tierra o en las redes financieras detrás de la actividad”.
“No solo debe haber ausencia de respuesta naval, guardacostas y policía marítima en altamar para que ocurran los ataques, sino que los piratas también necesitan poder regresar a tierra sin interferencia. La piratería es, en esencia, un problema terrestre con síntomas marítimos. Esto significa que debe existir un punto ciego en la aplicación de la ley y la gobernanza tanto en la costa como en altamar. Y a menudo esto se traduce en una falta de voluntad o capacidad para procesar la actividad incluso cuando es detectada”, específica el especialista en seguridad marítima.
Para Nicolás Zevallos, experto en crimen organizado, las acciones del Estado peruano son deficientes en contraste con las del Ecuador. “La reacción ecuatoriana también ha sido intensa, más allá de que sea efectiva, hay una dinámica de control desplegado por parte del Gobierno ecuatoriano que puede hacer que se movilice la dinámica logística de las drogas hacia la costa peruana, donde hay menos control, menos vigilancia, menos persecución”.
“¿Para qué pelear por controlar uno o dos puertos en Ecuador si puedes tener cientos de puertos pequeños en Perú?”. Para el especialista, esa podría ser la pregunta que las organizaciones criminales se hagan en respuesta a la desatención del problema en Perú.
En Monte Redondo, el hermano mayor de Richard, recostado en una pared de quincha y barro, espanta el calor con su sombrero. Es agricultor, no le gusta mucho el mar, pero fue él quien llevó a su hermano a Parachique, y luego hacia el norte, a Puerto Pizarro, hace ya casi dos décadas. Richard llevaba muchos años siendo buzo y, según sus hermanos, planeaba volver definitivamente a su pueblo en el verano de 2026.
“Antes era tranquilo Puerto Pizarro. Nunca oímos de muertos. Ahora solo quiero justicia, al menos saber por qué mataron así a mi hermano”. Cuando termina de hablar, se oculta bajo su sombrero. Pronto será la cosecha del maíz, el sol quema más y el calor se levanta desde la tierra seca, ya no hay viento, las lagartijas pasan raudas por entre las ramas. Sin duda estamos muy lejos del mar.
Imagen principal: la piratería dejó de ser un ataque aislado en el mar y actualmente opera como brazo logístico en el envío de cocaína hacia los mercados internacionales. Foto: Mongabay Latam
El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, X, Instagram y Youtube.
