- Así lo confirmó una investigación de Mongabay Latam, en base a consultas y registros oficiales.
- Ambas compañías han sido sancionadas por no demostrar el origen legal de todas las algas que exportan.
- La alta demanda china convirtió a las algas en un recurso codiciado en la región de Ica, pero también desató disputas y prácticas ilegales en el litoral.
- Mientras las asociaciones de pescadores se disputan las zonas de recolección y denuncian amenazas, el Ministerio de Producción (Produce) de Perú y la Dirección Regional de la Producción (Direpro) de Ica se culpan entre sí por la falta de fiscalización.
Una camioneta con tres personas a bordo y placa desconocida recorre desde el amanecer las playas del distrito de San Andrés, en la región de Ica, Perú. En este rincón del litoral, donde los pescadores habitan en cabañas dispersas, sin acceso a señal telefónica ni Internet, el inusual patrullaje enciende las alarmas. Aquí no hay policías ni guardias, pero sí un protocolo de comunicación vecinal por radio y una consigna común: expulsar a los invasores que se acerquen a sus costas. Sin embargo, esta vez solo se trataba de un grupo de turistas que buscaba un nuevo lugar para pescar.
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“Aquí vivimos con miedo. Antes había matones que querían entrar con palos, con armas. Corría bala por estas playas, pero nos organizamos y los frenamos”, dice uno de los pescadores que pidió no ser identificado. El miedo entre los pescadores se agudizó en la pandemia, debido al aumento de pugnas violentas por el control del territorio, pero sin llegar a actos de extorsión y sicariato, como los que se registraron hace poco más de una década, cuando la red criminal “La Sagrada Casta” tomó el control de las playas.
En todo este tiempo, el tesoro en disputa ha sido el mismo: las algas, pilares silenciosos de los ecosistemas marinos. Estos organismos purifican el agua, alimentan a mariscos e invertebrados y ofrecen refugio a múltiples especies. Sin embargo, su valor ecológico ha sido reconfigurado por la industria global que las codicia como materia prima para medicamentos, fertilizantes, cosméticos y suplementos nutricionales, pero sobre todo por su compuesto espesante, presente en pastas dentales, gelatinas, yogures y más: el alginato.
Los datos de exportaciones muestran que el interés por las algas empezó a incrementarse desde 2008, y ya para 2014, cuando el crimen organizado tenía fuerte presencia en las playas de Ica, este recurso se había disparado de 1305 dólares hasta 4472 dólares por tonelada seca en el mercado internacional. Actualmente el precio es menor, pero su demanda se mantiene. Solo entre 2024 y junio de 2025, cada tonelada de alga seca picada se vendió entre 600 dólares a 1200 dólares, según datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
El principal comprador de este insumo es China. Los registros de la Sunat confirman que el 95.5 % de las 24 536 toneladas de algas secas que exportó Perú en 2024 tuvo como destino dicho país asiático, y la mayor parte de esta carga (51.8 %) fue recolectada en una sola región: Ica. En esta región, si bien el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio de la Producción establecieron que la recolección de macroalgas debe hacerse solo en zonas autorizadas y por asociaciones de pescadores registrados, la norma no se cumple en su totalidad.
Un equipo de Mongabay Latam visitó estas playas y confirmó que detrás de las millonarias cifras se esconde una cadena de ilegalidad que incluye a recolectores informales, mecanismos para “blanquear” algas extraídas con métodos prohibidos y exportadoras sin licencias: las dos empresas chinas que concentran la compra de algas para su venta a China no cumplen los requisitos actuales para operar y registran antecedentes por malas prácticas.
La informalidad no conoce de vedas
Cuando los buzos se adentran en los bancos naturales de algas no necesitan instrumentos científicos para notar la diferencia. “Cada vez hay menos”, dice Paul Baltazar, biólogo y jefe del Laboratorio de Investigación en Cultivos Marinos de la Universidad Científica del Sur. Lo que antes parecía un bosque submarino, hoy tiene claros pelados, devastados, cubiertos por pequeños invertebrados. “Muchos quieren echarle la culpa al cambio climático, pero hay demasiada extracción porque el mercado y la demanda de China ha crecido enormemente”, asegura Baltazar.
Las algas llegan a la orilla arrastradas por la fuerza natural de las olas. Algunas incluso aparecen con sus raíces aún adheridas a fragmentos de las rocas donde crecen. Cortarlas o arrancarlas debajo del mar, sin esperar a que se desprendan de forma natural, altera el ciclo de vida bajo el mar, pues promueve que los erizos negros y caracoles se aglomeren sobre las rocas para alimentarse de los restos, impidiendo así la aparición de nuevos brotes.
“Se rompe el equilibrio. Si tú te metes a bucear en lugares donde alguna vez hubo bosques de algas, ahora encuentras pura piedra pelada, llena de erizos y caracoles diminutos”, dice Yuri Hooker, biólogo, buzo y coordinador del Laboratorio de Biología Marina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
La preservación de estas praderas de algas está relacionada con la supervivencia de todo el ecosistema marino. Sus rizoides (como se conoce a las raíces de estas plantas) anclados a las rocas forman laberintos donde habitan cangrejos, moluscos y otros organismos, mientras sus frondas dan refugio a peces e invertebrados frente a depredadores como lobos marinos y nutrias. Estos bosques submarinos no solo proveen alimento y hábitat, también fijan carbono, reciclan nutrientes y generan biomasa que sostiene toda la cadena alimenticia. Especies como el erizo rojo, el cangrejo panchote y el pez jerguilla dependen de ellas. Baltazar y Hooker coinciden en que su desaparición condenaría a muchas especies al desplazamiento o desaparición.
En mayo de 2009, se aprobó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Macroalgas Marinas (ROPMM), que permite arrancar las macroalgas con barretas o cuchillas, excepto en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En estas zonas rige una norma adicional que prohíbe el corte directo. Se trata de la Resolución Ministerial 264-2009-PRODUCE, publicada en junio de 2009, que solo autoriza la recolección manual de las algas que llegan a la orilla de forma natural o por acción de las olas y las corrientes. Esta resolución sigue vigente y aplica para una de las variedades de algas: las pardas, las más codiciadas por el mercado internacional.
Sin embargo, la informalidad no conoce de vedas y depreda sin distinción. Paul Baltazar cuenta que algunos ingresan al mar con barretas en mano hasta que el agua les llega a las rodillas; otros usan pequeñas embarcaciones para llegar más lejos y se sumergen con trajes de buceo, pero en ambos casos arrancan las algas de raíz, sin importar si están en etapa de crecimiento. “Los camioneros que les compran estas algas no registran su carga. No pasan por el muelle de Pisco, donde deberían declarar las toneladas extraídas, y se van a San Andrés o a otros puntos. Esta extracción no entra en las estadísticas”, advierte Baltazar.
Esta cadena informal se compone de tres elementos: extracción ilegal directa, puntos de acopio clandestinos y rutas que evaden los canales oficiales, pero, sobre todo, de la falta de fiscalización estatal.
Pescadores de Ocucaje y San Andrés —que pidieron el anonimato por temor a represalias— señalan que los recolectores ilegales reciben alertas sobre operativos de fiscalización y planifican sus incursiones al mar sin ser detectados. “Cuando los vemos, se ponen violentos. Nosotros cuidamos nuestra zona, pero no podemos vigilar toda la playa”, advirtió uno de ellos.
Víctor Díaz Saldaña, quien hasta el mes de mayo fue director de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) de Ica —entidad que cumple las políticas del Produce en el ámbito regional—, sostiene que la extracción de algas ya no es una labor artesanal ni de subsistencia. Según el exfuncionario, la demanda internacional convirtió esta actividad en un negocio millonario, y que al ser acechada por la informalidad podría escalar a patrones similares a los de la minería ilegal.
“Ya es difícil entrar a ciertos sectores de playa por la presencia de gente de mal vivir o matones que se adueñan de las zonas”, explica Díaz.
Dos empresas sancionadas controlan el mercado
En Ica, la compra, picado y envío de alga seca al extranjero está concentrada en dos compañías: Globe Seaweed International S.A.C. y Algas Sudamérica S.A.C. La primera controla el 41.3 % de toda la carga que sale de la región; la segunda, el 32.8 %. A nivel nacional, estas empresas también lideran el mercado de algas con más del 40 % de las exportaciones en conjunto. Ambas están dirigidas por ciudadanos chinos y no cuentan con licencias para operar como plantas industriales, como lo ordena el marco legal vigente.
“Conforme a la base de datos de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, no se registran trámites ni licencias de operación otorgadas a las citadas empresas a nivel industrial”, señaló a Mongabay Latam el director de dicha oficina en el Produce, Luis Antonio García Díaz. Según explicó, en esta región —la principal exportadora de alga seca de Perú a China— no hay ninguna empresa autorizada por su oficina para procesar el recurso con fines industriales.
Las consultas de Mongabay Latam fueron respondidas por escrito y en conjunto con Daniel Collachahua Pérez, director de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca y Acuicultura. En dicho oficio, ambos deslindan responsabilidades hacia el Gobierno Regional de Ica: “No obstante, de no haber otorgado las licencias de operación a las citadas plantas, se debe indicar que (…) los Gobiernos Regionales son competentes en otorgar los títulos habilitantes a nivel de procesamiento artesanal (…) así como también aplicar las sanciones correspondientes”.
Ese deslinde, sin embargo, no coincide con lo que dice la normativa. En 2016, el mismo Ministerio de la Producción aprobó un decreto supremo que eliminó la figura de procesamiento artesanal y estableció que esta actividad es industrial y, por lo tanto, las empresas que se dedican a pulverizar y exportar necesitan una licencia de este tipo.
En 2017, se emitieron dos resoluciones más para definir cuántos meses tenían las empresas vigentes para adecuarse a la norma, demostrando las toneladas que pueden procesar en sus plantas cada año y los lineamientos ambientales que debían cumplir, pero los plazos vencieron sin represalias.
Fuentes del Gobierno Regional de Ica indicaron que en 2018 Algas Sudamérica y Globe Seaweed International iniciaron sus trámites de adecuación para convertir sus permisos artesanales en industriales, pero no lo lograron. Fue así que Algas Sudamérica estuvo trabajando con un amparo judicial y a la fecha no cuenta con ninguna autorización; mientras que Globe Seaweed opera con una prórroga de permiso artesanal que fue emitida por la Direpro en 2024, un acto no contemplado en la normativa nacional de Produce.
Al respecto, los voceros del Ministerio de la Producción indicaron que las plantas de procesamiento de ambas empresas no presentaron las solicitudes de licencia de operación conforme a los requisitos normativos, entre ellos, la autorización de instalación y el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). “Los expedientes para la obtención de los IGA de las empresas Algas Sudamérica S.A.C. y Globe Seaweed International S.A.C. fueron declarados en abandono y en desistimiento respectivamente”, dijeron en respuesta a Mongabay Latam.
La ley señala que procesar algas sin licencia industrial es un acto sancionado con multas, el decomiso de productos y hasta la paralización inmediata de operaciones. En Ica, sin embargo, Produce no ha aplicado esta última medida, por lo que las empresas siguen exportando miles de toneladas cada año.
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De las dos compañías que controlan el mercado regional, la única que registra sanciones por este hecho es Algas Sudamérica. El 10 de julio de 2025, la Dirección de Sanciones del Produce concluyó un proceso administrativo en el que confirma que esta empresa no tiene licencia para recibir y procesar algas en sus instalaciones, por lo que le impusieron una multa de 776 dólares.
El proceso se desprende de una inspección que realizaron los fiscalizadores en 2023, y en la que Algas Sudamérica no pudo acreditar la legalidad de su lote de algas. Entre 2022 y 2023 esta empresa fue sancionada por los mismos hechos.
Algo similar ocurre con Globe Seaweed International, que tiene un largo historial de irregularidades y sanciones. En 2008, Produce intervino una de sus sedes que operaba sin autorización en la región de Arequipa, y en 2016 encontraron en sus almacenes 13 toneladas de algas secas que no tenían certificado de procedencia. Esta empresa, al igual que Algas Sudamérica, tampoco figura en el Registro de Plantas Pesqueras, en el que deben estar inscritas todas las plantas de procesamiento de macroalgas que tramitan su licencia ante el Produce, tal como lo exige la ley.
En 2020, también en Arequipa, los fiscalizadores realizaron una inspección de rutina en su planta, compararon sus registros con los certificados de procedencia de la carga que estaban procesando, y detectaron que las cifras no encajaban. Faltaba registrar poco más de 12 toneladas. El caso culminó en 2023, aplicando una multa de 28 700 soles, unos 7970 dólares, pero la empresa se acogió al descuento del 50 % por reconocer su responsabilidad.
Del mismo modo, en 2022, personal del Produce intervino una camioneta que transportaba dos toneladas de algas sin documentos que acreditaran su origen lícito. El cargamento se dirigía desde el distrito de Máncora, en Piura, hacia el almacén de Globe Seaweed International, en Ica. Sin embargo, “no se pudo realizar el decomiso del recurso macroalgas marinas debido a la falta de logística por parte del personal de fiscalización del Ministerio de la Producción”, se lee en el expediente. El proceso culminó en diciembre de 2024, confirmando la responsabilidad de la empresa, pero nuevamente la multa que se le impuso fue rebajada en un 50 % (pasando de 1587 dólares a 794 dólares) “por reconocimiento de responsabilidad”.
Mongabay Latam se puso en contacto con Globe Seaweed para conocer sus descargos y envió un cuestionario de preguntas, tal como lo solicitaron, pero la empresa no volvió a contestar. Este medio también llamó por teléfono en repetidas ocasiones a Algas Sudamérica pero no respondieron.
El “blanqueo” de las algas
Al amanecer, camionetas y camiones irrumpen en el desierto por trochas casi invisibles que conectan la ciudad con las dunas, un recorrido de más de dos horas trazado en la arena por la costumbre. Al llegar a la playa, los choferes colocan una tabla de madera en la parte trasera del camión y, uno a uno, los pescadores suben por ella con montículos de algas sobre los hombros.
Estos transportistas les compran la mercadería para venderla a las empresas que pulverizan el recurso para su exportación; son intermediarios de las plantas procesadoras y deben asegurarse de comprar algas únicamente a asociaciones de pescadores que han tramitado sus permisos de extracción, colecta y acopio ante el Produce y la Direpro. Además, deben portar el Certificado de Procedencia, un documento que valida la legalidad del recurso adquirido, pues en este se indica el tipo de alga, cantidad, precio y el puerto, varadero o caleta de donde proviene.
Es en este punto de la cadena donde ocurre el “blanqueo” del recurso. El exdirector de la Direpro, Díaz Saldaña, señala que durante su gestión identificaron a compradores y transportistas que mezclaban las algas arrancadas ilegalmente del mar con las que sí fueron recolectadas en la orilla, como exige la norma. A eso se suma que algunas asociaciones pesqueras alquilan sus Certificados de Procedencia a terceros, validando así una actividad clandestina.
“Cuando queríamos hacer operativos, no había fiscal o la policía no tenía personal o combustible. Se sabe que hay recolectores o acopiadores que son previamente alertados cuando se realiza un operativo y, bueno, se presume también que hay gente dentro de la misma Direpro que se presta a este juego”, señala Díaz Saldaña.
Para recolectar algas de forma legal, cada pescador debe cumplir una serie de pasos administrativos: primero obtener un permiso de pescador no embarcado, luego integrar una Organización Social de Pescadores Artesanales (OSPA) —que debe estar registrada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Registros Públicos, Direpro y Produce—, y finalmente tramitar el permiso de colecta de macroalgas. Si la zona de recolección se encuentra en áreas protegidas, también se requiere la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
El permiso de colecta es un documento que incluye la zona que se le autoriza a una OSPA para extraer algas y está directamente vinculada con el certificado de procedencia que se debe mostrar de forma obligatoria para comercializar el producto. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) brinda acompañamiento técnico y legal a pescadores, buzos y armadores que buscan la formalización, y en Ica han ayudado a 420 pescadores del distrito de Changuillo, en Nazca.
Sin embargo, Jimpson Dávila, director de Gobernanza Marina de la SPDA, indica que todo este proceso de formalización es engorroso y lento, por lo que muchos pescadores, sin permisos individuales, terminan alquilando los certificados de procedencia de otros compañeros que sí integran una OSPA formal.
“El blanqueo de algas ocurre en esta etapa. Como no tienen este permiso, se alquilan los certificados de procedencia. Al final no se sabe realmente de qué playa la recolectaron ni cuánto, y eso pone en riesgo su conservación. Se rompe la trazabilidad del recurso”, explica Dávila.
Díaz Saldaña confirma este falseo en los datos. “En teoría los camioneros deberían tener copia de los documentos que indiquen la cantidad que están comprando y movilizando. Aquí es donde todo empieza a ponerse medio gris, donde se empiezan a falsear las cifras. Y cuando el transportista intermediario llega a la planta, aquí nuevamente hay otro falseo de cifras. Él entrega el recurso, con un documento dudoso que dice 20 toneladas y la planta declara que ha recibido esa cantidad”, explica, aunque posiblemente no sea así.
La Resolución Directoral, que regula la trazabilidad de las algas en la región, exige que toda planta procesadora cuente con Certificados de Procedencia y Constancias de Movilización para recibir la materia prima y declarar la salida del producto terminado, previo pesaje de la mercadería en balanzas certificadas. El detalle de estos documentos es enviado a la Direpro, pero las cifras no cuadran.
Díaz Saldaña confirmó que al cierre de 2024 los certificados de origen y transporte tramitados ante su despacho revelaban que se habían procesado más de 60 000 toneladas de algas para su venta en el extranjero. Sin embargo, los registros aduaneros de Sunat reportaron la salida de apenas 12 000 toneladas. “Si nosotros sabemos que hay una producción de 60 000 toneladas, ¿por qué solamente han declarado 12 000? Los datos de salida de macroalgas tienen que concordar con la cantidad de materia prima recibida. En todo caso, Sunat podría rastrearlo y ver qué sucede”.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el actual director de la Direpro de Ica y realizó un pedido de acceso de la información pública para conocer los volúmenes de macroalgas que aparecen en los Certificados de Procedencia y las Constancias de Movilización, sin embargo, no respondieron.
En tanto, Produce remitió un cuadro estadístico que solo consigna las toneladas de algas inspeccionadas en ruta y que, además, omite información de los años 2020 y 2021. Según ese registro, en 2022 se fiscalizaron 5609 toneladas extraídas; en 2023 la cifra cayó drásticamente a 3.1 toneladas; en 2024 se revisaron apenas 6.8 toneladas; y hasta junio de 2025 la supervisión alcanzaba únicamente 1.6 toneladas.
Conflictos por el territorio
Son las siete de la mañana y el viento frío sacude las toneladas de algas que fueron tendidas en la arena para ser secadas al sol. Con sus manos curtidas, Julio César Uchuylla se acerca a ellas y forma veloz un enorme montículo, lo levanta de un tirón y se lo echa al hombro. Sin perder el ritmo, lanza la carga en la tolva de una camioneta y vuelve por más. Tiene 60 años y toda una vida entregada al mar.
Él es uno de los 39 integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Laguna Grande Rancherío, autorizada para recolectar algas en las costas de Ocucaje. Pero la zona que les asignó el Gobierno Regional de Ica también la comparten con otras cinco asociaciones, con un total de 65 integrantes. Por eso deben compartir y turnarse el trabajo en grupos de ocho, cada 15 días. Bajo este sistema, a cada asociación le toca estar en la playa cada cuatro meses.
Cuando Julio César no recolecta algas, pesca lenguado; y si no hay suerte en el mar, se va a la ciudad a trabajar como transportista. “Las algas son rentables cuando es un trabajo constante, pero aquí no”, dice. En períodos buenos, su zona de recolección puede generar 16 toneladas de algas húmedas al mes, que se reducen a 13 o 14 toneladas cuando se secan al sol. Cada una de estas será vendida a los intermediarios locales a unos 800 soles, unos 219 dólares, y las ganancias serán repartidas entre el equipo que estuvo de turno.
El presidente de su asociación, Luis Palacios Sánchez, dice que tienen suerte porque en zonas aledañas hay menor disponibilidad de algas, pero eso les está generando disputas y conflictos con vecinos. Él denuncia que otras tres asociaciones del sector denominado Media Luna intentan expulsarlos del litoral, debido a una resolución regional emitida en 2020 y en la cual se superponen sus áreas de recolección (varaderos). Su grupo ya presentó una demanda contenciosa administrativa para que se corrija este hecho, pero aún no se resuelve.
En Ica existen 269 Organizaciones Pesqueras Artesanales (OSPAS) registradas en el padrón del Ministerio de la Producción (Produce), y al menos 129 (el 48 %) tienen autorización para recolectar algas de sus costas. En total son 2400 pescadores asociados formalmente a esta labor, principalmente en los distritos de Pisco, San Andrés y Marcona. Solo once colectivos superan los 50 integrantes. La mayoría agrupa entre 10 y 20 personas.
En 2018, el Gobierno Regional de Ica emitió la Resolución Directoral 642-2018 para aprobar los “Mecanismos para el ordenamiento de la colecta y acopio de las macroalgas marinas varadas en Ica”, tomando como base estudios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Se aprobaron cinco sectores para recoger algas pardas, dos de estas se encuentran en las áreas naturales protegidas de la Reserva Nacional de San Fernando y Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, esto no ha evitado que se generen conflictos.
Los recolectores de algas de Paracas y Ocucaje con los que conversamos cuentan que han recibido amenazas de muerte de dirigentes de asociaciones vecinas y de encapuchados presuntamente vinculados a estos. En un video al que tuvimos acceso, un grupo de mujeres golpea con palos a un pescador que intenta acercarse a la playa, mientras una pescadora que lo acompaña intenta evitar que le arrebaten el celular con el que grababa la agresión.
En las playas de la Reserva Nacional de Paracas, por ejemplo, la Asociación de Estibadores de Algas Marinas Laguna Grande reclama que sus vecinos del sector Bocana se niegan a rotar el área de colecta, a pesar de que así lo dispone la Resolución Directoral 642-2018 del Gobierno Regional de Ica cuando hay abundancia de algas. “Tenemos 39 años trabajando en la estiba de pescado y mariscos, pero cuando quisimos entrar en el negocio de las algas empezaron los problemas”, dice Rosa Canelo, presidenta del gremio.
En el sector Laguna Grande-Rancherio, también en Paracas, la Asociación de Pescadores Artesanales y Colectores de Macroalgas y Mariscos enfrenta el mismo problema. Si bien aquí el varadero autorizado para la recolección de algas se extiende por 1700 metros lineales, la mayor parte se concentra en un área de 400 metros. Esa es la zona en disputa. Uno de sus socios, que pidió no ser identificado, resume así el problema: ellos recolectan entre cinco y seis toneladas al mes, mientras que la asociación que se niega a rotar consigue de 60 o 70 toneladas al mismo tiempo.
Fiscalización compartida
La supervisión del negocio de las algas es una responsabilidad compartida entre Produce y Direpro, la entidad regional que aplica las políticas del ministerio. El primero aprueba el marco normativo, establece vedas y zonas de manejo en coordinación con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), y autoriza el funcionamiento de las plantas procesadoras; mientras que el segundo emite permisos de recolección a las Organizaciones de Pescadores Artesanales (OSPAS), acredita inspectores, fiscaliza los puntos de acopio y registra los volúmenes extraídos.
Ambos tienen injerencia en la aprobación de permisos y en la aplicación de sanciones, lo que complica la fiscalización de la extracción ilegal. Produce sostiene que la supervisión de las algas recae principalmente en los gobiernos regionales, mientras que estos argumentan que dicha responsabilidad corresponde al ámbito nacional.
Díaz Saldaña considera que el problema empieza con este marco legal confuso, que no les brinda mayores facultades de fiscalización a la direcciones regionales, pero también por la falta de recursos para monitorear 560 kilómetros de litoral. Por ello, sugiere crear una mesa técnica multisectorial para revisar las herramientas legales y de sanción.
Respecto a este punto, los voceros del Produce indicaron que coordinan con la Direpro para fiscalizar la veracidad de los certificados de procedencia, en varaderos y rutas de transporte de las macroalgas. “Sin embargo, dado que la Direpro Ica dispone de un solo fiscalizador, es [Produce] quien lidera los operativos conjuntos a lo largo de las playas de la región Ica”, añadieron.
Pese a este panorama, hay esfuerzos aislados para revertir la situación. Existe un modelo de autorregulación exitoso en zonas como San Juan de Marcona, donde 17 asociaciones de La Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona (COPMAR) cuidan sus 23 kilómetros de playas y aseguran el uso sostenible de sus recursos con la colecta pasiva de algas.
En paralelo, en Pisco, la Universidad Científica del Sur y colectivos de pescadores implementaron un sistema de siembra de algas para reducir la sobreexplotación de los bancos naturales. El proyecto permitió la aparición de nuevas poblaciones de erizos y crustáceos, pero este año, en una de sus últimas inspecciones, Paul Baltazar, el jefe del Laboratorio de Investigación en Cultivos Marinos de la Universidad, notó que parte de lo sembrado había sido arrasado. Les robaron.
“Nos hemos acercado a los pescadores y llegamos a acuerdos con ellos para que se sumen de forma más activa al cuidado de las aguas. El beneficio es para el ecosistema, pero también para ellos”, dice.
Imagen Principal: la alta demanda china convirtió a las algas en un recurso codiciado. Foto: Marco Garro
El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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